El Congreso respalda por unanimidad la futura reforma de la Ley de Opas
El PP logró la unanimidad del Congreso en el apoyo a su proposición no de ley gracias a la aceptación de una enmienda de Convergència i Unió y dos del PSOE. Por la primera, el Gobierno se compromete a impulsar la reforma de la Ley de Opas en el plazo máximo de tres meses 'con el rango normativo que resulte preciso'. Según el portavoz de economía del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, la modificación se hará mediante un real decreto, al que se incorporará la reforma propiamente dicha de la Ley de Opas, y a través de un proyecto de ley, en el que se regularán los blindajes de los equipos directivos y el voto de los accionistas por correo electrónico. De cualquier forma, Economía aún no ha descartado aprovechar la ley de Acompañamiento a los Presupuestos para encajar la nueva normativa.
Las enmiendas socialistas aprobadas ayer acentúan la necesidad de que puedan presentarse opas condicionadas como mecanismo para eludir el blindaje de los equipos directivos de las sociedades que cotizan en Bolsa. El Gobierno se obligó ayer a establecer con carácter general 'una regulación precisa' de estos blindajes en los procesos de opas. La diputada socialista Maite Costa afirmó que 'es imprescindible' eliminar este tipo de prácticas en los consejos de administración de las compañías cotizadas y, en todo caso, establecer una normativa concreta sobre los blindajes antes y después de materializarse las opas.
El PSOE consiguió también la aceptación del PP de otra enmienda por la que se facilitará a los accionistas el acceso a los hechos relevantes de las compañías cotizadas a través del correo electrónico. La iniciativa original ya preveía el uso de la firma electrónica para incentivar el voto de los accionistas que encuentren problemas para asistir a las juntas generales.
Pese al apoyo socialista, Maite Costa reprochó la 'política gestual' del Gobierno, pues podría haberse ahorrado el debate de la proposición no de ley con un simple real decreto, con la aplicación de las directivas comunitarias o, sencillamente, con la incorporación de la reforma a la Ley Financiera que ahora se tramita en el Senado.
El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, citó algunas operaciones recientes en las que la empresa compradora se hizo con el control de la compañía adquirida al tomar el paquete de acciones mayoritario sin necesidad de recurrir a una opa. A su juicio, la futura reforma de la ley evitará esta picaresca y revertirá en beneficio de los pequeños accionistas. En ella, la obligatoriedad de lanzar la oferta pública de adquisición de acciones ya no estará condicionada a la compra de un paquete del 25%, sino a la toma de control efectivo de la sociedad, hecho que verificará la CNMV a partir de indicadores objetivos, como los cambios que se produzcan en los consejos de administración, incluso aunque éstos llegaran tiempo después de producirse el cambio en el accionariado.
La proposición aprobada ayer deja en manos del Ministerio de Economía la futura regulación del porcentaje mínimo de acciones al que debe dirigirse la opa cuando se pretenda conseguir el control de una sociedad sin alcanzar el 25%.
Sánchez Llibre desveló la intención del Gobierno de establecer un sistema de tanteo o subasta para favorecer las ofertas competidoras y que los pequeños accionistas puedan beneficiarse de los mejores precios.