Ajuste de escenario macroeconómico
Su publicación en los primeros días de agosto ha hecho pasar casi desapercibido el ajuste en el cuadro macroeconómico del Gobierno, que por segunda vez ha reducido su tasa de crecimiento para este año.
Si en el Presupuesto para 2002, aprobado el ejercicio pasado, se incluía una previsión de crecimiento del 2,9%, ésta se redujo una vez iniciado el ejercicio al 2,4%, y ahora hasta el 2,2%.
La reducción en la previsión del Gobierno alinea finalmente su escenario de crecimiento con el de la mayoría de los analistas. Como modesto ejemplo, en nuestra colaboración de los lunes con este diario hemos venido proponiendo un crecimiento en torno al 2,0% desde septiembre del año pasado. Una publicación de referencia como The Economist ha venido incluyendo todo el año en su cuadro de previsiones un crecimiento para España en torno al 2,0%. En su informe de primavera, la Comisión Europea ya proponía un 2,1%.
Los Gobiernos (no sólo el español) gustan de proponer escenarios optimistas a la hora de presentar el debate presupuestario en el Congreso para el año siguiente, aun a sabiendas de que muy probablemente deberán ajustarlos a la baja posteriormente. Ahora, se ha aprovechado la simultaneidad del derrumbe de las Bolsas con el clima de inestabilidad en Latinoamérica para anunciar un cambio de escenario.
Ya se dijo en el Congreso que las cifras del Presupuesto 2002 no eran realistas, pero se aprobó la Ley de Presupuestos; mediado el ejercicio siguiente, se ajusta el escenario macroeconómico. Es lamentable que el escepticismo que esta práctica genera nos impida asistir a la presentación anual del Presupuesto como lo que debiera ser: la difusión de las conclusiones de un ejercicio real de previsión y coyuntura por parte de las instancias gubernamentales.
Como todo escenario macroeconómico, el que se presentó a comienzos de mes tiene tres líneas: actividad/demanda, precios y mercado de trabajo.
En términos de actividad/demanda, el ajuste actual obedece a que no es previsible que la inversión, que ha sufrido la mayor parte de la actual crisis, se recupere este ejercicio. Así, de una previsión de crecimiento del 4,1% para la formación bruta de capital en la Ley de Presupuestos 2002, el Gobierno propone ahora un 1,9%. Por el contrario, se mantiene muy aproximadamente la previsión de crecimiento del gasto final en consumo (2,2%). Como consecuencia del menor crecimiento de la inversión, se reduce el aumento de la demanda interna desde el 2,8% al 2,1%.
Lógicamente, el Gobierno gusta de insistir en el hecho de que España continúa creciendo por encima de la media europea; es un crecimiento difícilmente sostenible, sin embargo, el que se basa en el consumo, a la vez que la debilidad de la inversión no permite acumular el capital productivo que permitiría un mayor crecimiento sostenido futuro.
En el frente de precios, el Gobierno da por perdida la batalla por moderar la inflación durante 2002. No proporciona una previsión de crecimiento del IPC, que sería imposible hacer de modo favorable, pero eleva la previsión de crecimiento del deflactor del PIB, un indicador que combina precios de consumo con precios de producción, desde el 2,8% al 3,5%, muy por encima de lo que podría corresponder al objetivo del BCE de una inflación del 2%.
Sorprendentemente, los responsables ministeriales afirman ahora su creencia en que la inflación es un problema monetario y, como tal, responsabilidad del BCE. Desde luego que la inflación tiene un componente monetario, pero difícilmente es correcta la afirmación citada, pues necesitaríamos explicar las razones por las que países que comparten política monetaria dentro del área euro experimentan tasas de inflación tan dispares.
Precisamente, al anunciar el nuevo cuadro, se hizo hincapié en que el crédito crece en España un 14%, muy por encima del 6% de crecimiento medio en la UE. Este dato no es irrelevante para explicar el diferente comportamiento de la inflación entre España y la UE, y sería conveniente disponer de un análisis oficial a este respecto.
También sorprende la alusión de responsables ministeriales a un supuesto proceso de convergencia en inflación con el resto de Europa, sugiriendo que la eventual igualdad de tasas de inflación finalizaría con el problema de pérdida de competitividad. Incluso se ha mencionado explícitamente que la convergencia en inflación traería una equiparación de nuestro nivel de precios con el nivel medio en la UE.
Por el contrario, en el supuesto proceso de convergencia en inflación, se habría producido un incremento en nuestro nivel de precios superior al comparable europeo, con un deterioro permanente de competitividad. Estas afirmaciones son muy confusas.
En consonancia con la menor actividad, el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2002 una previsión de tasa de paro del 11,5% con un crecimiento del empleo de 1,8%, que ahora ha reducido al 1,1%. Los dos trimestres disponibles de la encuesta de población activa (EPA) sugieren que esta previsión de crecimiento del empleo se cumplirá. Pero los cambios metodológicos introducidos este año en la EPA permiten una comparación temporal sólo parcial de sus resultados. El dato de empleo es homogéneo, pero es imposible saber si una tasa de paro del 11,5% es mucho menor que otra del pasado.
En un ámbito relacionado, los datos de ejecución presupuestaria del Estado del primer trimestre se han publicado de modo agregado, lo que dificulta el seguimiento de las series históricas mensuales; a la vez, el Gobierno ha hecho sistemáticamente oídos sordos a acusaciones, que parecen tener cierta justificación, acerca de la contabilización de partidas de gasto suficientemente importantes como para alterar significativamente las cifras de déficit público.
En definitiva, el ajuste de escenario viene a responder, con retraso, a la percepción generalizada de un crecimiento significativamente inferior al anunciado oficialmente.
El Gobierno ha aprovechado para sugerir que no se hace responsable en materia de inflación, y no ha contribuido a cubrir las lagunas que en tres áreas clave de la economía: precios, empleo y Presupuestos, existen actualmente en materia de información estadística.
Esta actuación se conforma más con una utilización de los datos económicos en un juego político en el que se dispone de mayoría parlamentaria, que con un ejercicio de política económica rigurosamente planificado.