Evitar el estancamiento

Manuel Muela analiza la actividad económica española y las sombras que se ciernen sobre ella. El autor asegura que las alarmas pueden impulsar las nuevas políticas necesarias en un momento crucial como el actual.

Las noticias sucesivas sobre algunos aspectos que afectan a la actividad económica de España indican que las inercias y algunas actuaciones políticas concretas que nos han permitido mantener un nivel de crecimiento superior al de nuestros vecinos europeos se están agotando, sin que por el momento tengamos conocimiento de iniciativas claras para evitar la llegada del estancamiento, tan pernicioso en todos los sentidos. Es posible que la falta de iniciativas tenga que ver con la rigidez doctrinal imperante en materia económica, que se resiste a reconocer las fallas de un modelo político-económico santificado en los últimos 15 años y a cuya relativa quiebra estamos asistiendo. Por ello, conviene superar cuanto antes los complejos y proclamar la necesidad de reconsiderar algunos principios, sobre todo en materia de políticas públicas y de empleo.

Dice el viejo refrán que 'las malas noticias nunca vienen solas' y algo de eso ocurre con nuestra economía, que está acusando los efectos de problemas exteriores que afectan notablemente a los principales bancos y empresas de España, caso de América del Sur, cuyos quebrantos equivalen ya a un 0,6% de nuestro PIB, a los que hay que sumar las pérdidas ingentes en los mercados bursátiles que dañan a las familias, a las propias empresas financieras y a todo el conjunto del sector del ahorro y previsión, a través de los fondos de inversión y planes y fondos de pensiones. Por último, pero no menos importante, el freno del caudal turístico y la disminución del consumo y de la creación de empleo.

El Gobierno tiene en su haber un buen aprovechamiento del ciclo expansivo de la economía que ha servido, entre otras cosas, para culminar la ordenación de las cuentas públicas y para introducir algunas reformas fiscales que estimularan el ahorro y el consumo. También se adoptaron iniciativas en materia de empleo que rompieron la insoportable espiral de la temporalidad, pero que, desgraciadamente, no han contribuido a mejorar la calidad ni la estabilidad en el trabajo, factores que tienen una influencia determinante en el comportamiento económico y social de los ciudadanos y de las familias.

Los datos negativos ya conocidos deberían actuar de revulsivo frente al conformismo y complacencia con nuestro estado general, que se deduce de las opiniones de los portavoces oficiales, porque algunos de esos datos son el fruto de políticas sembradas años atrás, por éste y anteriores Gobiernos, imbuidas del desdén por lo público y de poco aprecio a la importancia del factor trabajo como elemento fundamental para el equilibrio y desarrollo de la sociedad. Esas actitudes han mantenido a España demasiado alejada de los estándares de bienestar social de los socios más importantes de la UE tanto en materia de asistencia social como de protección al trabajo. De ahí la necesidad de corregir todo aquello que no ha dado buen resultado.

La crisis financiera actual, que puede convertirse en crisis económica real, requiere la adopción de medidas urgentes por parte de los diferentes Gobiernos de la UE, y España no es una excepción. Porque lo que está claro es que la salida a los problemas no va a venir de la mano ni de los mercados ni de las prácticas del capitalismo financiero, en gran medida responsable del actual estado de cosas. Cada Gobierno acometerá las acciones más adecuadas a su situación interna, y en España puede que sea llegado el momento de entrar de lleno en la ordenación y racionalización de las políticas públicas para acortar nuestro diferencial en la materia con nuestros socios europeos: la vivienda, la familia, la vejez y el empleo precario son, en mi opinión, los sectores más necesitados de atención en los que los poderes públicos tienen bastante que hacer y que decir.

Las políticas públicas en sectores como los citados no son, como a veces se dice un poco a la ligera, generadoras de gasto, sino muy al contrario son instrumentos claros de desarrollo y de creación de riqueza y empleo tal como se muestra en los diferentes estudios publicados por uno de nuestros mejores especialistas, el profesor Vicenc Navarro. Lo que sí es necesario para su eficacia es la acción coordinada y racional del poder público, cosa que en España puede resultar difícil pero no imposible. En algún momento, además, el Estado tendrá que asumir sus responsabilidades en necesidades sociales, cuya atención está recayendo fundamentalmente en las familias y en la mujer.

En cuanto al empleo precario y poco remunerado, cuya extensión es cada vez mayor, los resultados se vienen manifestando reiteradamente: degradación, entre otros, del sector servicios, con grave daño para el turismo como primera industria del mismo, y restricción del consumo, que repercute en el desenvolvimiento de toda la economía. Si no se inicia y promueve un cambio cualitativo en las políticas de empleo y protección al trabajo nos encaminaremos paulatinamente a un modelo de subsistencia en algunos segmentos de asalariados, especialmente jóvenes y mujeres, del que cada día será más complicado salir.

El esfuerzo fiscal de los españoles y la ayuda de la Unión Europea han conseguido mejoras innegables en diferentes aspectos de la vida de España. Pero falta el impulso y la convicción necesaria para acometer la resolución de aquello que nos separa todavía de nuestros vecinos y socios en Europa.

Las alarmas que empiezan a encenderse podrían actuar de impulsoras de las nuevas políticas que necesitamos.

Manuel Muela es economista [e-mail]