El IPC de las rebajas
La inflación, junto con el desempleo, sigue siendo la oveja negra de la economía española y ni siquiera las rebajas comerciales de la campaña veraniega han conseguido que la tasa interanual baje del 3,4%, punto y medio por encima del objetivo oficial de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE). Las reducciones en textil, calzado y menaje han permitido recortar siete décimas el IPC de julio, pero no han impedido que otros componentes como carburantes, productos energéticos, servicios turísticos u hoteles contribuyeran a mantener la inflación inalterable en tasa anual. Lo preocupante es que las rebajas comerciales que han permitido contener la sangría de los precios, al menos de momento, son coyunturales, mientras que los precios del sector servicios, básicamente aquellos que están ligados al turismo y el ocio, muestran una resistencia numantina a la moderación.
Mucho van a tener que esforzarse en esta ocasión los representantes de las actividades vinculadas a los sectores de hoteles, restaurantes y cafeterías para tratar de convencer a la opinión pública de que ellos no son los que suben los precios. No sólo tienen en contra los datos estadísticos, sino la propia percepción de los ciudadanos, que están viendo cómo su factura de vacaciones se ha disparado. Habrá que esperar a los datos del mes de agosto para saber si la caída de la demanda les ha preocupado o no. Pero mientras eso llega, el que si parece preocupado es el Gobierno, que ayer volvió a pedir a los empresarios del sector que moderen tanto los salarios como los márgenes de beneficio. La cerrazón de esta industria sorprende especialmente en un momento en el que la crisis mundial ha afectado de lleno al turismo.
La única buena noticia en materia de precios este mes es que la tasa subyacente baja un 1% mensual, con lo cual la interanual se sitúa en el 3,8% (tres décimas menos que en junio). Sin embargo, la inflación subyacente mantiene crecimientos que superan el índice general desde hace casi un año. Además, descontando los meses de mayo y junio, en los que escaló hasta el 4,1%, este indicador está al nivel más alto desde abril de 1996.
Los precios en España contrastan con los anunciados ayer mismo por otros socios de la Unión Europea. En Francia, la inflación se mantuvo estable el mes pasado y la tasa interanual armonizada queda en el 1,5%. En Reino Unido, el índice de precios, excluyendo el pago de intereses inmobiliarios (que es el que se toma como referencia para fijar la política monetaria), se colocó en el 2% interanual, por debajo del objetivo fijado por el Banco de Inglaterra. La presión inflacionista en España sigue siendo muy superior a la de nuestros socios europeos. La tasa armonizada subió una décima y está en el 3,5%, frente al 1,9% de la zona euro en el mes de junio (último dato disponible).
Este descontrol de los precios, que preocupa tanto a los agentes sociales como a la oposición, parece ser un problema ajeno a las prioridades del Gobierno. Sólo así se pueden entender unas recientes declaraciones del vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en las que aseguraba que la inflación no era competencia suya, sino del BCE, que tiene como mandato mantener el IPC de los Doce por debajo del 2%. Según esta lógica, lo único que puede hacer el Gobierno es esperar, por ejemplo, que la autoridad monetaria europea suba los tipos de interés. Una lógica que, al margen de otras consideraciones, llevaría al Ejecutivo a contemplar de brazos cruzados el suicidio de nuestra economía.
Los signos de debilidad de la actividad en Europa, con Alemania a la cabeza, son demasiado notorios como para pensar que el BCE se arriesgue a estrangular una posible reactivación antes de que haya madurado. Por lo tanto, fiarlo todo a una rebaja de los tipos de interés en Europa parece una irresponsabilidad. Máxime si se tiene en cuenta que, además del diferencial de inflación con el resto de los socios comunitarios, la apreciación del euro está poniendo contra las cuerdas la competitividad de las empresas españolas, algo que resulta muy peligroso para un país cuyo 60% del PIB está vinculado a la exportación.