Valor, uso y límites de la información
Joaquín Trigo analiza la situación creada tras los escándalos contables detectados en algunas grandes empresas. El autor plantea la necesidad de debatir y reconsiderar las actuales normas reguladoras
La puesta en evidencia de carencias, inexactitudes y falsedades de la información contenida en estados financieros de algunas grandes empresas ha tenido y tendrá efectos negativos importantes. Ha generado desconfianza, ha detraído la inversión y forzado caídas en la cotización de las acciones de las empresas implicadas. Además, la posibilidad de que el número de los casos crezca ha trasladado la inquietud a otros valores y fuerza a reconsiderar las normas y prácticas que las regulan.
Los afectados directamente, las empresas informantes, sus auditores y los supervisores institucionales ya tienen un serio castigo, que, probablemente, se incrementará. La sanción a los culpables contribuye a frenar la repetición de nuevos casos, pero no es un desincentivo suficiente.
La fortaleza del sistema está en la discusión abierta, en la capacidad de rectificar cambiando las normas. Sin la transparencia informativa poco o nada se habría conseguido. En esto es evidente el contraste entre la actual situación en EE UU y la de los países asiáticos, en los que la crisis cambiaria de 1997 desveló falsedades en la información empresarial y la de algunos Estados.
La voluntad de cambio mostrada por el Senado y la Presidencia de EE UU es creíble y se plasmará en exigencias de rigor, de responsabilidad exigible a gestores y auditores, separación de servicios de auditoría y consultoría, etcétera.. Esto, con toda su importancia, y por más que se añadan códigos éticos (siempre convenientes) tampoco basta porque la información requiere un uso adecuado sabiendo los límites que tiene.
Los organismos reguladores hacen un gran servicio obligando a que las empresas informen a los accionistas, empleados, analistas, mercados, proveedores y clientes con criterios homogéneos adverados por auditor independiente y calificado.
La información económica sobre una empresa es costosa, requiere análisis y, aun así, debe completarse con más datos para fundamentar una decisión de inversión.
Todo lo que la armonice y abarate contribuye a canalizar el ahorro hacia la actividad empresarial y al aumento del empleo. Para dar crédito o comprar acciones hay que proceder como con cualquier inversión, lo que pasa por estudiar el desempeño futuro, del que depende la capacidad de devolver préstamos y retribuir el capital.
El informe de auditoría suele incluir en sus notas datos y detalles que, sin anticipar el mañana, ayudan a apreciar la sostenibilidad de la situación expuesta en el informe anual, pero la responsabilidad del analista en sus recomendaciones se apoya en mucho más que en un informe auditado porque el estudio del mercado, del equipo gestor y su propia discusión con las empresas y la visita a sus instalaciones pesan tanto o más que los datos del auditor.
La auditoría no es un informe de gestión, aunque la carta de recomendaciones aporte consejos valiosos. La elección de los gestores, la orientación global, la evaluación de la pertinencia de planes y presupuestos corresponde al consejo, que tiene la atribución, el nombramiento y cese de cargos.
La junta de accionistas debe elegir el consejo, pero el peso de los grandes titulares de acciones, como los fondos de pensiones puede ser superior al de la masa de pequeños accionistas individuales dispersos que, en última instancia, sólo pueden votar con los pies vendiendo sus acciones. De ahí que los excesos en que pueden incurrir consejos y gerencia deban ser anticipados, acotados, inspeccionados y sancionados por los organismos encargados de la regulación y supervisión.
Los escándalos que hoy son noticia pasarán, aparecerán otros que también perderán su lugar en la memoria tras generar debates efímeros y, con todo, aspectos de fondo del problema quedarán pendientes de resolución. Hoy es más fácil que se regule la contabilización de los puntos que dan derechos a los viajeros frecuentes de las líneas aéreas que conseguir la adecuada provisión de contingencias relevantes para la inmensa mayoría de las empresas que no cotizan en mercados bursátiles.
El problema está en la distancia entre los criterios contables que dimanan de la normativa fiscal y las exigencias económicas. Por ejemplo, las provisiones por despido, que en España no son obligatorias. Son de más cuantía y afectan más a la continuidad de las empresas y al derecho contingente de los empleados que las exigidas para atender a las primas de fidelidad a quienes se jubilan en la empresa tras alcanzar cierta antigüedad.
El vínculo entre estos y otros aspectos fiscales (como la amortización de activos productivos y de intangibles) no es objeto de debate detenido ni está presente en las propuestas de reforma, que, sin incluirlos, será parcial y dejará sombras sobre la fidelidad de la imagen que proyecta.