Ibarretxe da dos meses al Gobierno para completar las transferencias al País Vasco
Entre las nuevas competencias que reclama el Gobierno tripartito se encuentra la gestión de las prestaciones por desempleo y de la formación ocupacional, la del Instituto Social de la Marina, los puertos de interés general, la gestión del crédito oficial y del mercado de valores y la investigación científica.
El programa de autogobierno que el PNV someterá a votación el próximo viernes en el pleno de la Cámara vasca incorpora el derecho de autodeterminación y la previsión de celebrar un referéndum para pulsar la opinión de los ciudadanos vascos sobre esta iniciativa. El objetivo defendido por el PNV es alcanzar un nuevo ordenamiento jurídico que supere el propio Estatuto de Autonomía.
Los tres grupos que integran el Gobierno vasco consideran que 'el sentir mayoritario de la ciudadanía entiende que hoy ha desaparecido el consenso político que se dio en torno al estatuto, dada la manifestación palpable de su incumplimiento'.
Para PNV, EA e IU es el Gobierno español 'el que ha propiciado unilateralmente el bloqueo del proceso transferencial'. Si el Ejecutivo central no respondiera a estas demandas en dos meses, 'asistirá a la sociedad vasca el derecho de entender que el Estado habrá quebrado definitivamente y de manera unilateral el consenso estatutario', se asegura en el informe aprobado ayer.
En ese caso, advierten las tres fuerzas políticas, el Parlamento instaría al Gobierno vasco 'a que adopte las medidas que procedan para garantizar el cumplimiento del estatuto y el pleno ejercicio por las instituciones vascas de las competencias asumidas en el texto estatutario, con independencia de los procesos transferenciales que dependen de la voluntad del Estado', es decir, sin que se negocie el traspaso, sino asumiéndolas de hecho.
El PNV, EA e IU consideran, además, que 'la construcción de un consenso mayoritario en la actualización del pacto estatutario requiere hoy la base mínima de la aceptación de un nuevo pacto político con el Estado español, que incorpore nuevas fórmulas de relación'. Los tres grupos consideran necesaria la ratificación por la sociedad vasca del marco que sea propuesto por las fuerzas políticas, desde 'el reconocimiento del derecho de la sociedad vasca a ser consultada para decidir su futuro'.
Rajoy: 'Un despropósito'
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, afirmó ayer que es 'una enorme irresponsabilidad' y 'un auténtico despropósito' por parte del Gobierno vasco el 'pretender asumir unas competencias saltándose los procedimientos establecidos en la legislación vigente'.
'En el supuesto de que se tomase alguna decisión, sería nula de pleno derecho porque no se habría producido la transferencia', dijo el ministro, que pidió al Gobierno vasco 'sensatez, equilibrio y sentido común', y que 'no haga cosas que son disparatadas y que nunca se le ha pasado a nadie por la cabeza el llevarlas a término'.
El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, aseguró ayer que 'el Gobierno de España no permitirá que se quebrante la ley y no lo permitirá bajo ningún concepto'. Posada precisó que actuará en función de los posibles incumplimientos del Ejecutivo vasco.
El ponente constitucional y rector de la Universidad Carlos III Gregorio Peces Barba declaró a Europa Press que las materias exigidas por el Gobierno vasco son de naturaleza ejecutiva y que su cesión ha de ser fruto de una negociación con el Ejecutivo central. 'Querer asumirlas ahora de forma unilateral es una barbaridad', aseguró.