El Parlamento vasco da dos meses al Gobierno para completar el Estatuto
El dictamen incluye que el Ejecutivo de Vitoria asuma unilateralmente las competencias pendientes de traspaso a la comunidad autónoma si en el plazo de dos meses no las ha cedido el Gobierno de José María Aznar. Esa cuenta atrás que empezó ayer tiene por límite el próximo 12 de septiembre, fecha para la reanudación de la actividad del Parlamento vasco, que ayer celebró su último pleno hasta después del paréntesis estival.
Las diferencias entre Madrid y Vitoria sobre las competencias pendientes de traspaso a Euskadi, y que están recogidas en el Estatuto de Gernika, alcanzan incluso a su número. Aznar maneja una lista de 7 e Ibarretxe otra de 37. Las principales son la gestión de las actividades relacionadas con el trabajo -prestaciones por desempleo, formación- y la Seguridad Social. Desde Vitoria también se reclaman autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, gestión de hidrocarburos y centros penitenciarios, entre otras.
El Gobierno vasco admitió ayer que ha encargado un estudio que determine el coste de la creación de un modelo propio de Seguridad Social. Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social con Ibarretxe, ha manifestado su 'voluntad política' de asumir esta competencia, 'con independencia de que económicamente no sea rentable'. El análisis, con un coste de 100.000 euros, estará terminado para el próximo 31 de octubre.
Contra la imposición
El dictamen a favor de la autodeterminación aprobado ayer por la Cámara vasca, en el día del quinto aniversario del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, deberá ser ratificado por un referéndum por la sociedad vasca, de la misma forma que lo fue el Estatuto de Gernika, según manifestó en su intervención en el Parlamento el portavoz del PNV, Joseba Egibar.
El vicepresidente primero del Gobierno central, Mariano Rajoy, declaró que su Ejecutivo no se niega a hablar de competencias, pero rechazó que desde Vitoria se interprete la negociación como una imposición.
La patronal Confebask, por boca de su presidente, Román Knörr, que ayer fue reelegido para un nuevo mandato de tres años, se mostró contundente en su respaldo al actual sistema legal e institucional, rechazando cualquier alteración del mismo, ya sea por 'superación' o por 'incumplimiento'.
Los empresarios vascos expresaron su preocupación por la 'degradación' de la escena política, 'en la que no sólo existe una falta de unidad en la búsqueda de soluciones contra la violencia, sino que se prioriza lo que disgrega frente a lo que integra'.