La lucha contra la inmigración clandestina dominó la recta final

El Gobierno inició su presidencia de la UE con la prioridad casi obsesiva de 'combatir el terrorismo', pero al final del semestre los sustos electorales de la extrema derecha en varios países europeos le obligaron a centrar la atención en la inmigración ilegal.

El Consejo Europeo de Sevilla (21 y 22 de junio), reservado inicialmente para las negociaciones con los países del Este que aspiran a ingresar en la UE, sirvió en cambio, por decisión de José María Aznar, para asentar los cimientos de una futura fortaleza europea. Aunque la muralla no será tan alta como hubieran deseado España, Italia y Reino Unido, los Quince pactaron desarrollar una incipiente armonización de las políticas de asilo y mejorar la coordinación en la gestión de las fronteras exteriores.

España salvó así la cita sevillana, donde la ampliación se quedó estancada por culpa del capítulo agrícola. El Gobierno conseguía además hacer su aportación al 'espacio de libertad, seguridad y justicia', que prometió impulsar durante su semestre.

Los atentados del 11 de septiembre en EE UU ya habían obligado a la UE a acelerar la consecución de una política común de Justicia e Interior, que respondiese tanto a las demandas de seguridad interna como a los compromisos adquiridos con el exigente socio trasatlántico. Bélgica, que ocupó la presidencia durante el segundo semestre de 2001, replanteó sus objetivos para dar respuesta a la nueva situación internacional. En apenas tres meses, los Quince consiguieron acordar una orden de entrega que pondrá fin, a partir de 2004, a los largos procesos de extradición dentro de las fronteras europeas. Madrid se tuvo que conformar con adelantar un año la entrada en vigor de esa norma en cinco países (España, Alemania, Francia, Bélgica y Portugal).