La SEPI invirtió 60 millones en actuaciones ambientales en 2001
Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI, realizó ayer un balance del esfuerzo inversor de las empresas industriales públicas para desarrollar su actividad con el mínimo perjuicio para el medio ambiente. Ruiz-Jarabo evaluó 'el conjunto de los esfuerzos' ambientales de las empresas del grupo en 60 millones de euros para 2001, cantidad que 'soportaría la comparación con cualquier otro grupo industrial'.
El presidente de la SEPI clausuró ayer una jornada sobre prevención de catástrofes medioambientales mediante la ayuda de las nuevas tecnologías, que organizaron Edelman y Cinco Días en Madrid. Afirmó que 'la vocación' de respeto al medio natural del grupo industrial 'se extiende más allá del mero cumplimiento de las exigencias de la legislación'. Muestra de ello es que la SEPI obliga a sus participadas a desarrollar sus sistemas de gestión medioambiental de acuerdo con los preceptos de la norma internacional ISO 14.001.
Ruiz-Jarabo afirmó que los astilleros Izar son un 'paradigma de empresa de alta tecnología', ya que su sistema de construcción de buques petroleros, ideado para evitar los vertidos al mar por accidentes, la colocan en una posición de 'ventaja competitiva' frente a otras. De hecho, los legisladores europeos quieren reforzar las medidas técnicas de seguridad en transporte marítimo. Se refirió, asimismo, a la 'creatividad' del sistema Bosque, diseñado por Izar para detectar incendios forestales. Resaltó las actuaciones de reparación del entorno de Hunosa, Enusa y Almadén, la gestión de residuos de Trasmediterránea y Enresa, y la gestión de suelo industrial.
Directiva para la responsabilidad civil
Santiago Milán del Bosch, socio de Cuatrecasas, destacó la propuesta de directiva de responsabilidad ambiental como el principal avance en la legislación europea en materia de prevención y seguridad. La Comisión Europea presentó esta propuesta de directiva, que el Gobierno español ha promovido durante su turno de presidencia de la Unión Europea (UE), el pasado 23 de enero.
Milán del Bosch resaltó que esta directiva incorpora el 'principio de responsabilidad subsidiaria', en virtud del cual, si una empresa se declara insolvente para reparar los daños que haya cometido contra el medio natural o la salud humana, el Estado deberá afrontar esos gastos. Las empresas tendrán un plazo hasta de cinco años para sufragar los costes de reparación. En cualquier caso, la norma europea no se aplicará con efectos retroactivos. El especialista del despacho de abogados apuntó que, entre los mecanismos que se manejan para hacer posible esta responsabilidad subsidiaria, está la aplicación de impuestos especiales. Además, la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil para las actividades de riesgo ejercerá un efecto disuasorio.