Poner cifras a la huelga
Los ciudadanos no debemos resignarnos a leer, el día siguiente de huelgas o manifestaciones, y como si se tratara de la cosa más natural del mundo, los típicos titulares sobre 'divergencia de cifras de participación' en función de que las fuentes informantes sean los sindicatos, el Gobierno, distintos partidos políticos o la patronal. Por el contrario, tendríamos que exigir que, mediante criterios rigurosos de medición, se hiciese una evaluación de los verdaderos niveles de participación ciudadana y, por tanto, del apoyo social que han tenido las tesis defendidas por los grupos partidarios o contrarios a la convocatoria de las movilizaciones populares.
Independientemente de las diversas interpretaciones de que puedan ser objeto, existe un acuerdo bastante unánime sobre las cifras en las que, precisamente, suelen basarse los convocantes de dichas movilizaciones, llámese nivel de empleo, número de parados, empleos fijos discontinuos, número de perceptores del PER, cotizantes a la seguridad social, etcétera.
Pues bien, esta cultura de aceptación de cifras, aunque sea a regañadientes, debe extenderse, con la necesaria grandeza moral de las partes en conflicto, a las cifras de participación ciudadana en los citados conflictos, puesto que, en caso contrario, el diálogo seguirá siendo imposible en ese llamado día siguiente, donde cada uno de los contendientes esgrimirá el éxito propio y el fracaso ajeno, sin que esa experiencia, siempre traumática, de la confrontación haya servido para algo positivo.
Métodos de medición objetiva existen, qué duda cabe. En las manifestaciones se puede cuadricular el área ocupada por los asistentes y estimar con precisión su número mediante una muestra representativa de cuadrículas, como es habitual para estimar producciones agrarias en grandes superficies. Aunque es más difícil evaluar el número de participantes en una huelga, podría estimarse bien a partir de una muestra representativa de empresas de cada uno de los sectores productivos (la CEOE suele hacerlo aunque sin demasiada credibilidad).
Afalta de estudios estadísticos a medida del fenómeno huelguístico, pueden recogerse indicadores objetivos de la parada de actividad económica, como por ejemplo el descenso del consumo eléctrico de uso industrial, la densidad del tráfico rodado, el número de personas desplazadas en transportes públicos, etcétera, todo ello comparado, claro está, con jornadas laborales normales.
El repaso de lo ocurrido en anteriores huelgas y manifestaciones nos muestra lo que, previsiblemente, va a pasar el día siguiente a la huelga de mañana. El 29 de mayo de 1992, los sindicatos proclamaban que la víspera había parado la totalidad del aparato productivo, por encima del 80%. Para la CEOE la huelga había supuesto una derrota de los trabajadores, con un seguimiento del 20%. El Gobierno, por su parte, fijaba la participación en un 34,6%. El 28 de enero de 1994, también día siguiente de otra huelga general, los sindicatos fijaron la participación en el 90%, los empresarios en un 26% y el Gobierno en un 30%, que fue del 22,5% en el caso de los funcionarios públicos y del 32% en el sector privado.
El 15 de diciembre de 1988, y por la contundencia del 14-D, sólo hubo cifras de los sindicatos, que evaluaron la participación por encima del 80% en todos los sectores productivos. Para la derecha, que aprovechó para reclamar elecciones generales, se trató de la victoria del miedo por la actuación de piquetes, inutilización de puertas, imposibilidad de desplazarse, etcétera.
El Gobierno, más discretamente, insinuó que había pesado el clima de intimidación y una parte importante de los trabajadores no había seguido la huelga voluntariamente, aunque la portavoz del mismo, en el habitual papelón de quienes actúan en ese puesto, llegó a decir que 'la huelga ha demostrado que una parte importante de la población trabajadora comparte la política del Ejecutivo'.
En un par de días veremos qué pasa con las cifras de unos y de otros y, lo que también es importante, cómo se transmiten las noticias en los medios públicos, sobre todo en Televisión Española. Los indicios no pueden ser peores puesto que, según se ha visto con motivo de la manifestación del pasado 9 de junio en Sevilla, los sindicatos evaluaron en 250.000 el número de asistentes, la policía local calculó 150.000 y la Delegación del Gobierno no sintió vergüenza alguna en estimar los manifestantes en 50.000.
De mantenerse diferencias tan esperpénticas, las cifras de participación en la huelga del 20-J y en las manifestaciones que la acompañarán sólo permitirán concluir, con amargura, que cada uno defiende las que le convienen para conservar su sillón y ese sueldo que los ciudadanos les pagamos para que resuelvan problemas, no para que los enconen.