Consejo europeo

Los Quince relegan la ampliación para enfrentarse a la inmigración irregular

A Copenhague, y en diciembre, se traslada la cita de la UE con los países del Este. Su cumbre, la de junio en Sevilla, la han secuestrado los líderes europeos para dedicarla a la lucha feroz -o diplomática, según las posturas- contra la inmigración ilegal. El anfitrión, José María Aznar, se faja por última vez con sus homólogos del Consejo Europeo, en esta ocasión para intentar colocar la primera piedra de la futura fortaleza europea.

Los Quince coinciden en la necesidad de enviar una señal política fuerte contra la supuesta avalancha de inmigrantes que amenaza las costas europeas. Coinciden también, como no podía ser de otro modo, en el origen geográfico del problema. Pero discrepan en las causas y, sobre todo, en el mejor remedio a aplicar.

La presidencia española cierra filas junto a países como Reino Unido, Italia o Dinamarca para pedir que la UE dé una lección a los países 'en los que se embarcan, como primer origen o en tránsito, los inmigrantes' que sobreviven en su periplo hasta la ribera próspera del Mediterráneo. Los partidarios de blandir el palo acusan a esos países, innominados aunque se adivine la alusión a Marruecos y el Magreb, de cierta connivencia con las mafias que colocan diariamente a decenas de personas en las costas europeas.

España quiere que hoy mismo los ministros de Asuntos Exteriores, reunidos en Luxemburgo para preparar la cumbre, inviten a la Comisión 'a reexaminar la cooperación comunitaria con estos países terceros', según indican fuentes diplomáticas. Desde la presidencia advierten que 'España no va a retirar esta propuesta', que en la práctica permitirá a los Quince suspender sus acuerdos comerciales con los países díscolos. Ya lo advirtió el ministro de Interior, Mariano Rajoy, el pasado día 13 en Luxemburgo, tras el anterior Consejo preparatorio: 'La UE tiene que compatibilizar las ayudas con el cumplimiento de la ley'.

Fuertes discrepancias

Pero el éxito de las tesis del Gobierno se enfrenta no sólo al rechazo de países como Francia, Suecia, Bélgica o Irlanda, partidarios de una solución diplomática armada de inversiones en los países más pobres, sino también con la realidad.

'El 95% de los inmigrantes ilegales llegan con un pasaje turístico a través de nuestros flamantes aeropuertos', recuerdan fuentes diplomáticas de un país partidario de tentar la colaboración con la zanahoria inversora. 'La imagen de hordas agolpadas a las puertas de Europa, dispuestas a entrar a nado si hace falta, no es más que un mito que a algunos les interesa agitar'.

Las voces en favor de mesura y ponderación se suceden en vísperas de la cita en la capital andaluza. Desde la patronal europea, la Comisión Europea o el Parlamento Europeo se pide 'un equilibrio entre las medidas restrictivas y las políticas para la integración de nacionales de terceros países'.

La Unión Europea de Confederaciones de Empresarios (Unice) rechaza el cierre 'hermético' de las fronteras y demanda, en cambio, 'un sistema totalmente regulado' para la contratación de trabajadores extracomunitarios. El comisario de Justicia e Interior, António Vitorino, recuerda que 'los derechos de los inmigrantes legales deben estar lo más cerca posible de los derechos de los ciudadanos europeos', y pide a la UE 'un estatuto jurídico del inmigrante'.

Pero en la Comisión Europea también conviven las dos tendencias que dividen a los primeros ministros. El comisario holandés Frits Bolkestein, responsable de Mercado Interior, alertaba el viernes en La Haya sobre el peligro de la llegada sin restricciones de emigrantes económicos. 'Su presencia empeora los actuales problemas de integración en las áreas urbanas y supone una carga para los sistemas de Seguridad Social'. 'En EE UU, un inmigrante con estudios encontrará trabajo como taxista; en Holanda recurrirá a las ayudas sociales', compara Bolkestein, autor del prólogo de uno de los ensayos de Pim Fortuyn, el líder populista holandés asesinado en plena campaña electoral.

Falta ver la talla del debate intelectual y político sobre la inmigración en la Cumbre de Sevilla, aunque la sombra electoral de la extrema derecha hace prever, para algunos, temibles resultados. 'No debemos permitir que los xenófobos nos marquen la agenda', advertía en Luxemburgo el ministro sueco de Interior, Thomas Bodström. El comisario Vitorino, según fuentes diplomáticas, también reflexionaba en voz alta sobre el marchamo que impondrá Sevilla a la política europea de asilo e inmigración. 'Habrá que ver si la zanahoria tiene buen gusto, y si el palo será contundente'. Aznar, maestro de ceremonias por última vez, debe aderezar la fórmula de consenso. Y a juzgar por la labor de sus pinches, el jefe de cocina prefiere la contundencia al sabor.

Control de la emigración a cambio de ayuda europea

La presidencia española y la Comisión Europea están decididas a modificar la actual política de cooperación de los Quince para supeditar y condicionar su concesión a países en desarrollo a la cooperación en materia de inmigración. En la práctica, este giro supone un refrendo a las tesis defendidas por Estados Unidos para vincular a partir de ahora la ayuda al desarrollo a reformas gubernamentales, cambios en los modelos de consumo y producción y gestión de recursos naturales por parte de los países pobres. æpermil;se es el modelo que Washington propuso en marzo en la Cumbre de Monterrey a cambio de aumentar su ayuda al desarrollo y el mismo que pretende ratificar en la Cumbre del Desarrollo Sostenible que se celebrará a finales de agosto en Suráfrica. Los Quince deberán acordar en Sevilla la postura que llevarán a esa cumbre, uno de los puntos fundamentales dentro del capítulo dedicado a la política exterior, y estrechamente vinculado, por tanto, a 'la integración de la política migratoria en las relaciones exteriores de la Unión Europea'. Los jefes de Estado también estudiarán en Sevilla un informe de la presidencia española sobre la reforma del Consejo Europeo y escucharán una primera evaluación de Valery Giscard d'Estaing sobre los trabajos de la Convención Europea, creada para definir la reforma institucional de la UE. El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el representante europeo de política exterior, Javier Solana, ya han abogado por establecer una presidencia más amplia de los seis meses actuales para permitir un seguimiento efectivo de las prioridades y los objetivos europeos a largo plazo. Aznar se ha postulado, incluso, como candidato para presidir este Consejo durante un periodo de dos o tres años, una vez abandone el Gobierno español.

Alemania quiere aplazar la decisión sobre fondos agrícolas

Los ministros de Asuntos Exteriores debatirán hoy en Luxemburgo el futuro del capítulo agrícola en las negociaciones de la ampliación y todo apunta a que los Quince aplazarán sin fecha el debate sobre las ayudas directas a la agricultura para los países candidatos, tal y como defiende Alemania. æpermil;sa fue, al menos, la tesis que triunfó el pasado viernes en la reunión del Comité de Representantes Permanente (Coreper), reunido en Bruselas. La presidencia española presentó un compromiso que recoge parte de las demandas de Alemania y de sus aliados (Reino Unido, Holanda y Suecia) en este apartado. La propuesta supone, de hecho, un aplazamiento de la ampliación de la Unión hacia el Este, cuyas negociaciones previsiblemente deberían finalizar este año. Francia tiene 'serias reservas' a este retraso, pero Alemania no está dispuesta a incrementar su aportación al presupuesto comunitario. Ahora o nunca El nuevo documento precisa que la decisión sobre ayudas directas deberá ser adoptada 'en tiempo útil' para cumplir el calendario sobre ampliación que los Quince fijen en la Cumbre de Sevilla. Pero la decisión sobre las ayudas directas a la agricultura está vinculada a la reforma de la política agrícola común (PAC) y su debate, que debería haberse hecho bajo presidencia española, ya se ha aplazado al semestre de presidencia danesa. Precisamente el primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, mostró la semana pasada su voluntad de concluir las negociaciones de la ampliación porque, a su juicio, se trata de un 'ahora o nunca' para la misma. Rasmussen fijó la ampliación como la prioridad fundamental de la presidencia danesa, que comienza el 1 de julio, por 'el deber histórico y moral' que tienen los Quince con los países del Este. 'La ventana de las posibilidades sólo estará abierta durante algunos meses', aseguró. 'Un pequeño retraso puede traer mayores demoras en el futuro'.