La huelga inventada
El PP convalidó ayer en solitario el decreto ley para la reforma del desempleo. Un economista y una empresaria expresan aquí sus posturas sobre la huelga general convocada por los sindicatos contra la medida del Gobierno
Como a la mayoría de mis compatriotas, con la excepción de algún que otro obispo, la convocatoria de una huelga general para el día antes del comienzo de la reunión del Consejo de Europa en Sevilla, que pone fin al semestre de presidencia española de la Unión Europea, me causa perplejidad.
Perplejidad por los motivos aducidos para explicarla -y a ellos me referiré a continuación-, perplejidad porque unas organizaciones sindicales financiadas casi totalmente con fondos públicos utilicen un recurso tan extremo que normalmente se concibe sólo en ocasiones desesperadas, perplejidad porque sus dirigentes -que han sido elegidos por procedimientos poco transparentes y por unos pocos miles de militantes- se permiten no solamente vetar en la práctica la facultad constitucional del Gobierno elegido por millones de españoles para proponer leyes, sino que exigen quién tiene que ser su interlocutor y cuándo y dónde les debe recibir.
Y todo ello sin que la opinión pública se pregunte si en lugar de la defensa de los derechos de los trabajadores el verdadero motivo de la huelga no es otro. Pero vamos por partes.
Tres son los motivos aducidos por los sindicatos para convocar la huelga general prevista para el próximo día 20 de junio: la reforma del desempleo, la desaparición del Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura y la supresión de los llamados 'salarios de tramitación'.
El aspecto que, por lo dicho, los sindicatos rechazan de la reforma del desempleo aprobada por el Consejo de Ministros reside en que un parado perderá el derecho a percibir esa prestación cuando haya rechazado por tercera vez una oferta de empleo calificada por los técnicos del servicio público de empleo como adecuada.
Las condiciones que definen esa adecuación no pueden reproducirse aquí por falta de espacio, pero parecen razonables y unas cuantas reuniones entre los agentes sociales podrían haberlas aquilatado mejor.
Lo indiscutible es que no se puede permitir que el parado rechace dejar de serlo porque entonces se subvierte la razón que sostiene todo el sistema de seguro por desempleo.
En cuanto a la desaparición del Plan de Empleo Rural en esas dos comunidades autónomas, el propósito es acercarlo al régimen especial agrario de la Seguridad Social, que ya de por sí constituye un privilegio frente a trabajadores y empresas sometidos al régimen general.
Y no deja de ser curioso que, después de haber sido la izquierda la que ha denunciado durante decenios los males del caciquismo, pretenda ahora mantener éste, porque sus injusticias se disuelven en la miel del disfrute del poder en esas dos autonomías.
Queda, por último, el asunto que más enjundia económica tiene: los salarios de tramitación.
Muchas falsedades se han dicho en este capítulo, como, por ejemplo, que es el Ministerio de Justicia, y no las empresas, el que paga la mayoría de los mismos.
El proyecto del Gobierno pretende simplemente sustituir salarios de tramitación por prestaciones de desempleo.
Parece razonable, salvo si se tiene presente -y de ahí el rechazo de los sindicatos- que las argucias leguleyas y la lentitud en la resolución de unos procedimientos judiciales teóricamente urgentes hacen más rentable para el despedido el cobro de los salarios de tramitación que el del seguro de paro.
Estos son el 'recorte y expropiación de derechos', la 'grave agresión' planeada por el Gobierno contra 'millones de trabajadores y parados'. ¡ Curiosas razones!
Por ello conviene interrogarse por las auténticas razones, internas y externas, de tal despropósito, y esas razones son... políticas.
El señor Méndez [secretario general de la Unión General de Trabajadores, UGT] lleva persiguiendo esta huelga desde hace más de un año.
Ya lo intentó el pasado y tuvo que contentarse con un ensayo parcial en Galicia porque Comisiones Obreras (CC OO) no la apoyó, apostando quizá por rentabilizar en provecho propio su fracaso. En esos meses, este sindicato estaba entretenido discutiendo con el Gobierno y los empresarios, por ejemplo, un acuerdo tan relevante como un nuevo sistema relativo a la flexibilidad de la edad de jubilación, que se plasmó en el Real Decreto Ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Pero ahora las cosas han cambiado en Comisiones Obreras y su secretario general, el señor Fidalgo, ve su puesto discutido y necesita mostrarse firme frente a un Gobierno de derechas con el cual antes se ha entendido perfectamente.
Tampoco está exento de culpa el Gobierno: sobre todo porque la razón se demuestra explicándola detenidamente a la opinión pública y no aprobando apresuradamente un decreto-ley que podía esperar, ¡a lo que se une la provocación del señor Aznar reuniendo el Consejo Europeo un día después de la huelga!
Pero, mal que me pese y ponderando todas las razones, no me cabe sino desear que el Gobierno salga con éxito de este injustificado reto y se decida de una vez a cumplir el mandato del artículo 28.2 de la Constitución Española y regule de una vez el derecho a la huelga.