Huelga política

A 10 días vista de la huelga general convocada por los sindicatos, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso y uno de los máximos responsables de UGT expresan aquí argumentos contrapuestos sobre el paro.

Tengo clavada en mi retina, y convenientemente almacenada en mi memoria, la imagen, desoladora, de la Barcelona del 14-D de 1988. Fue la primera, y probablemente la más exitosa, huelga general que convocaron los sindicatos contra un Gobierno socialista. Para mí, eran años de juventud universitaria y de formación de un compromiso político en el que hoy milito. Recuerdo que aquella huelga, que consiguió paralizar el país, era el resultado de un largo desencuentro del Gobierno con los sindicatos.

Aquel 14-D nos proporcionó a la memoria colectiva de los españoles, y singularmente a los de mi generación, que no habíamos vivido periodos de acusada conflictividad social, una estampa indeleble de lo que es y significa una huelga general.

Supuso una afrenta clara a la política económica del segundo Gobierno socialista. Algunos dirían que fue un pulso político al Gobierno como el que plantearon las trade-unions contra el Gobierno británico de Margaret Thatcher. Y, derrochando capacidad analítica, pero perdiendo perspectiva política, dirían que el 14-D fue la consecuencia lógica de un desencuentro larvado en 1985 cuando el Partido Socialista, con la oposición del sindicato hermano, aprobó el recorte de las pensiones, y cuyo detonante inmediato fue el plan de empleo juvenil y el contrato basura, el único en nuestra ya centenaria historia de la Seguridad Social que no reconocía ningún derecho social a los trabajadores.

Algo de cierto habrá en este análisis, pero conviene no equivocarse. Una huelga general es siempre, sin más, un pulso político al Gobierno porque una huelga general es, por definición, una huelga política. Por ello, una huelga general que desborda el interés profesional, que ampara como derecho fundamental la Constitución, para penetrar en el terreno político, plantea un problema de legitimidad. O, mejor aun, de conflicto de legitimidades, entre la legitimidad democrática para la defensa del interés general y la legitimidad sindical para la defensa del interés profesional de los trabajadores.

Quizás por ello adquiere una cierta importancia la justificación de la huelga. La verdad es que al hilo de estas reflexiones, me planteaba si la convocatoria de huelga general para el 20-J tiene alguna justificación objetiva o, por el contrario, se trata de plantear un pulso al Gobierno.

Volviendo a mi tesis del conflicto de legitimidades, ¿no se estará soliviantando la legitimidad sindical para obtener réditos políticos?, ¿no se estará planteando un pulso para ganar en la calle lo que no se gana en las urnas?

La situación económica no justifica la convocatoria del 20-J. El primer trimestre de este ejercicio certifica un crecimiento económico del 2% del PIB mientras que el crecimiento medio de la zona euro se ha situado en un 0,1%. Es decir, en momentos de ralentización económica, cuando tímidamente despuntan las señales de recuperación, España mantiene un considerable diferencial de crecimiento que le permite avanzar en el proceso de convergencia real.

Desde 1996, hemos disfrutado de un crecimiento sostenido que nos ha acercado a la renta media comunitaria. Pero es que, además, ha sido un crecimiento intensivo en la creación de empleo que ha colocado la tasa de paro en mínimos históricos y el número de afiliados a la Seguridad Social en cotas igualmente históricas. El último dato del mes de abril refleja un descenso del paro de 47.281 personas. Si el derecho al trabajo es el derecho social básico y la mejor política social es la que consiste en la creación de empleo, no parece que por ahí pueda encontrarse una justificación razonable al 20-J.

Tampoco una supuesta ausencia de diálogo parece justificar la convocatoria. Con diálogo se hicieron las reformas laborales de la pasada y la presente legislatura, la garantía legal de la revalorización de las pensiones o el acuerdo de mejora de las pensiones mínimas. Doce acuerdos sociales lo certifican. Y con diálogo se iba a hacer la reforma del seguro de desempleo hasta que se produjo la ruptura unilateral por los sindicatos para anunciar la convocatoria de huelga general. Sólo después de esta convocatoria, el Gobierno aprobó el decreto ley.

Sólo nos queda el contenido de la reforma del desempleo y el posible argumento de que cercena derechos sociales, como ocurrió con el 14-D o con la reforma de 1992 que recortó sensiblemente la prestación por desempleo.

Pero, este argumento no sirve, porque la reforma proyectada no toca las bases de cálculo ni el tiempo de cotización o de prestación. Simplemente, se prevé la pérdida del derecho por el rechazo por tres veces de una oferta adecuada de trabajo. Por cierto, algunos tendrían que hacer una somera lectura de lo que dice al respecto la vigente Ley General de la Seguridad Social.

No hay ablación de derechos sociales. Antes, al contrario, se mejora la renta activa de inserción, se bonifica durante un año la contratación de mujeres tras el parto y se posibilita compatibilizar subsidio de desempleo con un empleo a los mayores de 52 años.

Habrá que concluir que estamos ante una huelga política, un nuevo 'Maura no'. Una moción de censura sindical con el inestimable apoyo del principal partido de la oposición, el mismo que en 1992 recortó la prestación de desempleo. Pero, si algo aprendí el 14-D es que, en caso de conflicto, gana siempre la legitimidad democrática. El tiempo lo dirá.