Argentina firmará un acuerdo con el FMI este mes, según Lavagna
Fuentes del FMI dijeron el jueves por la noche a Reuters en Washington que las conversaciones con el gobierno argentino se estancaron por los diferentes puntos de vista sobre el envío de una misión negociadora a Buenos Aires.
El Ministerio de Economía buscaba que la semana próxima llegara al país un equipo del organismo con rango negociador para discutir los detalles de un plan de asistencia financiera, tras haber cumplido una serie de exigencias fiscales y de reformas de leyes. Pero, por ahora, el FMI sólo acepta enviar técnicos para supervisar el estado de la economía argentina, que está sumida en una profunda crisis.
Lavagna se comunicó telefónicamente el jueves con la subsidirectora gerente primera del FMI, Anne Krueger, para pedirle el envío de la misión, solicitud que fue recibida con frialdad.
El ministro de Economía dijo que uno de los puntos de roce con el organismo es un plan del gobierno para sacar de la bancarrota al sistema financiero, por el cual ofrece a los ahorradores recuperar sus depósitos con títulos públicos.
"Es sabido que el Fondo quería un plan compulsivo (que obligara a los ahorradores a cambiar sus depósitos por bonos). Está claro que le gustaría otras soluciones", dijo Lavagna.
El ministro agregó que otro punto de divergencia con el organismo de crédito es la reciente derogación de la ley de subversión económica, que penalizaba delitos económicos.
Tal y como el organismo exigió, la norma fue anulada la semana pasada en el Senado. Sin embargo, la Cámara también modificó el Código Penal para que incluya varios artículos de la ley anulada. El FMI reclama que el gobierno impida a través de un veto presidencial la inclusión de esos apartados en el Código pero Lavagna dijo que el presidente Eduardo Duhalde se mantiene firme en su intención de no vetar la forma en que se hizo la derogación, que aún no entró en vigencia.
El ministro de Economía argentino, además, se mostró contrario a la posición del Banco Central, que reclama una ley que asegure a sus funcionarios que no serán procesados ante eventuales denuncias de los ahorradores cuando aplique una reestructuración del sistema bancario. "Es un tema que hay conversarlo delicadamente con el Congreso. Puede haber límites (a posibles demandas), pero no inmunidad ni impunidad", dijo el ministro.