Tópicos, mentiras y 'decretazo' sobre los jornaleros

Tanto se ha repetido durante años que ha terminado por instalarse la percepción de que los obreros agrícolas viven de los subsidios. El propio Aznar se apresuró a utilizar el tópico para justificar la reforma del sistema de protección por desempleo, deslizando además la insinuación del cobro fraudulento de las prestaciones en supuestas comarcas con altos índices de perceptores, donde se rechazan ofertas de trabajo, mientras las faenas agrícolas tienen que ser cubiertas con inmigrantes.

Sin embargo, los subsidiados de la agricultura no son precisamente los asalariados. De los 820.000 trabajadores que hay en el sector no ha cobrado nunca prestación el 72%, sencillamente porque no tiene reconocido el derecho al seguro de desempleo.

Tan sólo los de Extremadura y Andalucía podían acceder al subsidio agrario, pero solamente el 39,6% de ellos lo ha percibido (incluyendo a los mayores de 52 años que hayan podido obtener el subsidio específico establecido en determinadas circunstancias para el resto de los trabajadores).

El subsidio agrario es de unos 330 euros mensuales y se cobra por término medio durante cuatro o cinco meses.

Si a tenor de los datos resulta infundada la imagen de subsidiados, la de defraudadores es falsa e injuriosa. Los sancionados por alguna irregularidad han sido el 0,3% en el último ejercicio cerrado por el Instituto Nacional de Empleo (Inem), muchísimos menos todavía que los registrados en el conjunto del sistema, que en todo caso no llegaban al 7%.

En cuanto a los empleos rechazados, sólo constan ciento y pico puestos de pastores que no han sido cubiertos ni por españoles ni por inmigrantes.

Cosa bien distinta es que el Gobierno haga la vista gorda ante prácticas fraudulentas de contratación efectuadas en las plazas y bares de los pueblos, pagando jornales muy por debajo del fijado en el convenio colectivo, sin seguro y, en consecuencia, sin pagar las cotizaciones e impuestos correspondientes en muchos casos.

O las aliente incluso como ha hecho en Huelva o en Lleida, autorizando la contratación de personas traídas de distintos países de América Latina y del este de Europa, cuando ya había un colectivo de inmigrantes regularizados desde anteriores campañas de recogida de fruta y era el destino habitual igualmente de bastantes personas provenientes de la propia Andalucía.

Pero, al parecer, tanto los inmigrantes con papeles y experiencia como los españoles desplazados desde el sur van conociendo sus derechos, lo que genera alguna incomodidad entre determinados empresarios, y resultaban demasiado caros con un jornal de 4.800 pesetas brutas, 28,85 euros ( incluidas pagas, vacaciones, etcétera) por jornadas realmente trabajadas (excluidas, por tanto, festividades y días perdidos por inclemencias del tiempo), lo que vienen a suponer unas 100.000 pesetas mensuales (601 euros) de las que el trabajador debe pagar al régimen especial agrario de la Seguridad Social (Reass) 10.300 pesetas fijas (61,9 euros), con independencia de lo que haya ganado al mes.

La política de migración del Partido Popular, queriendo premiar a los inmigrantes que regresan a su país al terminar las campañas y castigar a los que se quedan, ha provocado ya algunos choques entre colectivos laborales en las zonas citadas, que pueden ser anticipos de otros más graves y sirve de coartada a algunos patronos para degradar continuamente las condiciones laborales en el sector.

Unas condiciones de trabajo que no se han beneficiado de la evolución de la agricultura española, con más capacidad exportadora y más competitiva, a raíz sobre todo de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea y la obtención de las consiguientes ayudas de la política agraria comunitaria.

Una de las causas del desfase entre la degradación del trabajo asalariado y los rendimientos crecientes del sector agrícola español es el mantenimiento del Reass (incumpliendo por cierto la recomendación del Pacto de Toledo de avanzar hacia su integración en el régimen general).

La cotización obrera equivale a casi el 11% del salario medio en el campo, mientras que para el resto de los trabajadores es del 4,7% en el régimen general, pero pese a cotizar porcentualmente más del doble sus pensiones de jubilación vienen a ser el 49% de la media.

El decreto aprobado por el Gobierno el 25 de mayo aún abundará más en el trato discriminatorio de los asalariados de la agricultura.

El nuevo sistema de seguro de paro contributivo lejos de ser una compensación positiva a la extinción paulatina del PER (Plan de Empleo Rural, actual Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria, Aepsa), añade nuevos requisitos casi imposibles de alcanzar en el campo: cuatro días cotizados para causar derecho a uno de prestación -en lugar de los tres días requeridos en el régimen general- que, teniendo en cuenta el sistema de cotización por jornadas reales del Reass y los días trabajados anualmente en el sector por término medio, llevará a la absurda injusticia de trabajar ¡seis años! para tener derecho a tres meses de paro y por una cantidad equivalente al 75% de la base reguladora establecida en el Reass, que es de 87.000 pesetas (522,88 euros).

Y por si acaso queda todavía alguien que pueda soñar con vivir a costa de tan generoso sistema, el Gobierno se ha reservado la potestad de establecer aún más limitaciones para el acceso a la protección por desempleo, pudiendo variar a su antojo la escala que fija su duración y la extensión de la cobertura en función de la tasa de desempleo y de la situación financiera del sistema.

O sea, que los trabajadores agrícolas no serán sujetos de derechos derivados del cumplimiento de sus deberes como cotizantes, sino objeto de las concesiones graciables del Gobierno. ¿No estaban combatiendo el clientelismo del PER?