Los Estados de la UE podrán obligar a conservar datos digitales de los clientes
La presidencia española de la UE y los grupos mayoritarios de la Eurocámara (popular y socialista) sellaron entre bastidores un compromiso que salva la tramitación de la nueva directiva europea sobre protección de datos. La Comisión Europea, que debe evaluar el acuerdo, se apresuró ayer a refrendar sus términos. 'Concluimos así la modernización de la legislación sobre telecomunicaciones', celebró el comisario de Sociedad de la Información, Erkki Liikanen.
La pieza legislativa final, sin embargo, ha provocado un vivo debate entre los partidarios de preservar el derecho a la intimidad y quienes consideran inviable limitar la capacidad de investigación policial en el mundo virtual. La patronal europea, atrapada entre ambos bandos, alertó sobre el coste económico que puede suponer la retención obligatoria, por periodos prolongados, de los datos de todas las comunicaciones o transacciones electrónicas con sus clientes.
Esos datos sólo se conservan ahora por un breve plazo de tiempo (unos seis meses) a efectos de facturación, y después se destruyen. Las empresas pueden utilizarlos cuando mantienen una relación habitual con un cliente para no tener que reproducir cada vez toda la tramitación de sus datos.
En el futuro, un proveedor de Internet, una compañía de alquiler de coches o un gran almacén podrán verse obligados a conservar todas las huellas de su trasiego electrónico que ayuden a rastrear la localización de sus clientes o los nombres y direcciones mencionados en cualquier comunicación. Desde un pago de tarjeta de crédito a un cibermensaje estarán sometidos a esta norma. 'Es peligroso y prematuro conceder esta carta blanca', se inquieta la eurodiputada liberal baronesa Ford. 'Los avances en esta materia deben hacerse con un cuidadoso equilibrio entre las libertades civiles y la aplicación de la ley'.
Los Grupos Popular y Socialista han compensado su claudicación ante las fuertes presiones de Gobiernos como el español y el británico restringiendo severamente el buzoneo electrónico. Las empresas necesitarán la autorización previa del destinatario para poder enviar publicidad por cualquier medio electrónico, incluido el correo y la telefonía móvil.
La Oficina Europea de Consumidores acogió 'con entusiasmo' esta decisión que aspira a evitar el bombardeo publicitario. Esta práctica, que permite enviar medio millón de mensajes diarios, cuesta a los internautas de todo el mundo, según la Comisión, más de 10.000 millones de euros anuales en gastos de conexión telefónica.