La patronal europea alerta sobre el coste de tener que conservar datos de clientes
L a directiva actual (de 1997) sólo autoriza la conservación de los datos electrónicos de los clientes durante un breve plazo, para permitir una verificación de las facturas llegado el caso de una reclamación. Pero la revisión de ese texto legal apunta a un giro drástico en el tratamiento de los datos informáticos, cambio acentuado a raíz de los atentados del 11 de septiembre.
La nueva directiva obligará a las empresas a la retención indefinida de datos, para ponerlos a disposición de las fuerzas del orden público. El proyecto, cuya tramitación legislativa se aproxima al final, ha dividido a las instituciones europeas y ha suscitado un airado debate social sobre el equilibrio entre el derecho a la intimidad y las exigencias de la seguridad del Estado.
La Confederación europea de organizaciones empresariales (Unice) reconoce 'la necesidad de que las fuerzas del orden puedan interceptar comunicaciones y acceder a las bases de datos de las empresas durante sus investigaciones'. Pero se niega a asumir la obligación de retener sistemáticamente todos los datos de todos sus clientes, como apunta el proyecto actual de la directiva.
La patronal advierte contra los costes económicos 'impredecibles' que puede acarrear esa norma. Máxime cuando el texto concede libertad a cada uno de los 15 Gobiernos de la UE para fijar plazos de retención distintos, 'con la enorme tarea que supondrá filtrar los datos procedentes de cada país'. Unice pide que la intervención policial se decida caso por caso y que el Estado sufrague siempre los costes de la retención .
La Eurocámara ha mostrado comprensión hacia los argumentos empresariales, y sus enmiendas acababan con la exigencia de la retención de datos. Pero ayer se retrasó la aprobación del texto en el pleno parlamentario, lo que anuncia una negociación institucional para salvar las diferencias. La organización Statewatch, que desde Londres denuncia las intromisiones en la vida privada que considere abusivas, advierte que el resultado final del debate 'no sólo puede minar la protección de datos privados, sino también las libertades que diferencian una democracia de un régimen autoritario'. En cambio, para los expertos policiales consultados por la Comisión Europea el potencial de rastrear las pistas virtuales de un crimen es equiparable a la revolución que supuso a finales del siglo XIX la utilización de huellas dactilares. 'También entonces se habló de atentado a la intimidad'.
Aprobada una ley para proteger a los trabajadores
La Eurocámara también ha aprobado la ley que protegerá a los trabajadores en caso de insolvencia o cierre de una empresa. La nueva directiva aumenta el número de contratos cubiertos por la garantía de cobro y aclara cuál será la institución responsable de pagar a los empleados afectados, incluso en el caso de que se trate de una compañía multinacional.
Entre las novedades de la nueva legislación destaca la obligación de garantizar el pago de los salarios en caso de insolvencia a los trabajadores con contrato parcial, por obra o temporal, así como las indemnizaciones correspondientes tras el cese de la relación temporal.
En el caso de que la empresa sea una multinacional, la institución responsable del pago será aquella del Estado miembro en los que éstos hayan ejercido su trabajo. Así, cada país tendrá potestad para organizar y decidir el funcionamiento y la financiación de las instituciones responsables de garantizar el cobro de los salarios impagados.