Los costes de la indolencia
El dato de inflación del mes de abril no ha podido ser más desastroso: un incremento mensual del 1,4% en el índice general, que eleva la tasa anual al 3,6% y, lo que es peor, sitúa la inflación subyacente en el 3,9%. A mayor abundamiento, de los 12 grupos que componen el índice general, seis registran tasa anuales superiores al 3,6%, cinco inferiores pero ninguno por debajo del 1,7% y tan sólo el de comunicaciones exhibe un crecimiento negativo. Los mayores incrementos anuales -superiores al 4,5%- son los de alimentos y bebidas, alcohol y tabaco, vestido y calzado, y hostelería.
Nada tiene de extraño, en consecuencia, que los diferenciales de precio con Europa se amplíen. Nuestra inflación supera en 1,2 puntos la media de la zona euro y en 1,4 la de la UE. Pero si nos fijamos en las tres economías menos inflacionistas el diferencial llega a dos puntos, y a punto y medio si la comparación es con la media de los tres grandes países continentales, Francia, Alemania e Italia.
Es primordial destacar que esa aceleración de la tasa de incremento de los precios españoles se ha producido cuando el consumo se mueve a un ritmo muy pausado y cuando todavía la moderación es tónica destacada en la evolución de los salarios. Este último rasgo es importante porque los costes laborales unitarios en términos reales son un elemento básico en la dinámica de la inflación en la Europa comunitaria y, desde luego, en España.
El análisis debe dirigirse en consecuencia hacia otros elementos explicativos. El primero de ello es el llamado efecto euro, previsto tanto por los legos como por los expertos y que sólo los responsables de nuestra economía han negado desdeñosamente hasta que la evidencia se lo ha impedido; como igualmente han intentado minimizar la indudable influencia de las subidas en los impuestos indirectos decididas a comienzos de año.
Pero si ambos factores han sido coyunturales, los fallos en la cadena de distribución y la ausencia de una política activa a favor de la competencia son piezas cuyos efectos perniciosos el Gobierno debe apuntar en su debe. Es posible que las restricciones a las grandes superficies hayan granjeado votos de pequeños comerciantes y de distribuidores, pero los consumidores estamos pagando caro ese electoralismo.
Como también se resienten nuestros bolsillos de la falta de competencia en sectores tan claves como la electricidad y los combustibles, que siguen beneficiándose del nulo interés de los poderes públicos en intervenir para asegurar una mayor competencia entre ellos. Pero como las desgracias nunca vienen solas, nos hemos enterado al conocer la nueva EPA que durante el primer trimestre del año se ha destruido empleo por primera vez desde 1995, lo cual incrementa el temor a que la economía española no llegue a crecer este año ni siquiera al ritmo del 2%.
No somos los únicos en encontrarnos en delicada situación, lo cual hace aún más difícil la política monetaria del BCE, que debería comenzar a subir los tipos si se preocupase únicamente de las amenazas inflacionistas pero que no puede dejar de sopesar las repercusiones de tal decisión en la frágil reactivación económica europea.
Semejante dilema no lo comparte el Gobierno español, que está recogiendo ahora los frutos de la ausencia de una auténtica política económica en los últimos años. Se ha mantenido el equilibrio en las cuentas públicas -¡que no es poco!-, pero siguen sin solucionarse los problemas -gasto sanitario, regímenes especiales de la Seguridad Social, empresas públicas, entre otros- que pueden desequilibrarlas en el futuro; continúa en el limbo la reforma del sistema público de pensiones; nada se ha hecho por apoyar decididamente las inversiones en nuevas tecnologías que incrementaran nuestra productividad; la flexibilización del mercado de trabajo avanza a paso de tortuga y la competencia brilla por su ausencia.
Sucede que cuando uno se instala en la indolencia y la visión a corto plazo los resultados suelen ser catastróficos, como bien puede atestiguar el PSOE después de más de 13 años en el poder.