La UE relaja la política de competencia para favorecer a la industria europea

Las decisiones comunitarias no siempre encajan bien con la vida real, admitía ayer el comisario europeo de Empresas, Erkki Liikanen. 'Por ejemplo, podríamos lograr un determinado mercado europeo muy competitivo, plenamente satisfactorio desde el punto de vista de la ley de competencia de la UE, pero sin ninguna empresa europea entre los competidores'.

Liikanen recordó, durante la presentación de su informe anual sobre la competitividad en Europa, que 'la política industrial debe garantizar que existan compañías europeas competitivas a nivel mundial'.

'A priori', señala el informe, 'no existe razón para un conflicto entre [ese objetivo] y la política de competencia'. Pero el documento se recrea en las cortapisas que una política estricta de competencia como la actual puede imponer a las empresas europeas. El texto, respaldado por el resto de comisarios, incluido el de Competencia, Mario Monti, acentúa el cambio de actitud del Ejecutivo que preside Romano Prodi, al que se ha criticado por su promoción entusiasta de un capitalismo accionarial de corte anglosajón de espaldas a la realidad industrial europea.

El texto subraya que las fusiones de empresas nacionales ayudan a crear 'compañías paneuropeas', por lo que cualquier posible problema de competencia local debe resolverse mediante condiciones adecuadas. Una situación de este tipo, sin embargo, desembocó en la prohibición de la fusión de los fabricantes de camiones Volvo y Scania, cuyo dominio se hubiera limitado al mercado escandinavo.

El texto de la CE también incide sobre la metodología comunitaria utilizada hasta ahora para analizar el impacto de una fusión. La semana pasada, Charles A. James, de la Fiscalía General del Departamento de Justicia estadounidense, afirmaba en Bruselas que las teorías que llevaron a la CE a impedir la fusión de General Electric y Honeywell 'fueron abandonadas por EE UU en 1982'.

El informe de la CE añade ahora que las autoridades estadounidenses cuentan con la ventaja de no tener que 'razonar su decisión cuando autorizan una fusión sin condiciones'. Y añade: 'Esto puede facilitar la consideración de otros argumentos que los basados meramente en la política pura de competencia'.

El ya ex ministro de Finanzas francés, Laurent Fabius, defendió esa misma tesis del sesgo político cuando Monti abortó la fusión de dos empresas francesas de equipamiento eléctrico (Schneider y Legrand) y de una francesa y suiza en el sector de empaquetado (Sidel y Tetra Laval).

Críticas de Schröder

Pero el choque entre Bruselas y los Estados miembros alcanzó su punto álgido el pasado 29 de abril, cuando el canciller alemán, Gerhard Schröder, no dudó en atacar por escrito las políticas comunitarias de competencia, medio ambiente, mercado interior y sociedad de la información. El canciller se despachaba ese mismo día en persona con los responsables respectivos de esas políticas, esto es, Mario Monti, Margot Walstrom, Frits Bolkestein y el propio Erkki Liikanen. Desde aquella cena, a la que también asistió Romano Prodi, la CE avanza con mucha prudencia.

La semana pasada el comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, aderezaba su informe sobre la situación presupuestaria de la zona euro con una ley del gasto público responsable. 'No hay que gastar más, sino mejor'. Esta misma semana Mario Monti apuntaba ante el Parlamento Europeo la posibilidad de conceder una tregua, siquiera temporal, para acabar con la exclusividad territorial de los concesionarios de automóviles. Y Liikanen, en su informe sobre competitividad, incluía ayer 'por primera vez, un estudio sobre cómo deben entrelazarse la política de competencia y la industrial'.

El documento ofrece un claro pespunte de las tesis de Liikanen suavizadas por el departamento de Competencia. 'Monti y yo estamos de acuerdo en el 99%', destacaba Liikanen.

Fuentes del departamento de Competencia también subrayaban la coincidencia de ambos comisarios. 'Monti habló a favor del informe cuando se aprobó en la Comisión'. Las mismas fuentes defienden, sin embargo, la necesidad de preservar 'la credibilidad' del departamento de Competencia. 'Para ello debemos aplicar las mismas normas a todas las empresas, sean europeas o no'. El departamento de Monti defiende que el rigor espolea la competitividad de las empresas europeas. 'Protegerlas incentivaría la ineficacia'.

El documento aprobado ayer también alude al coste para las empresas europeas de las medidas unilaterales adoptadas por la UE para proteger el medio ambiente. '32.000 millones de euros en 1998', se preocupa Liikanen, 'o el 0,4% del PIB comunitario'. 'La primera lección es que hace falta un equilibrio entre la legislación medioambiental y el coste para la industria.'

Mayor flexibilidad para el control de las ayudas de Estado

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unión Europea se encuentra en plena revisión de algunos conceptos intocables. La ola iconoclasta amenaza con descabezar, para empezar, el anatema que proscribe las ayudas de Estado. El comisario de Empresas, Erkki Liikanen, que encabeza el cisma en el seno de la Comisión Europea, se declaró ayer 'un ferviente defensor del mercado libre, pero, por supuesto, hay áreas en que la iniciativa privada no llega y merecen la atención pública'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su informe sobre competitividad en la UE, aprobado ayer por la CE, intenta rebatir el mito de que 'en EE UU, el Gobierno federal y los Estados no apoyan al sector industrial y comercial'. Además, 'en la mayoría de los casos esa idea es discutible y, sin duda, es falsa en el caso de los sectores estratégicos'. El informe subraya, por ejemplo, que el tradicional dominio de EE UU en todos los ámbitos de la industria aerospacial 'se basa en la tecnología de defensa financiada por el Gobierno'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CE será tolerante con los subsidios concentrados en investigación y desarrollo, innovación y capital riesgo. Bruselas mantendrá, en cambio, un control muy estricto en las ayudas destinadas a sectores considerados obsoletos o saturados. Entre éstos se cita, en concreto, a la industria del acero, la automovilística y los astilleros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CE publicó ayer, precisamente, los datos sobre ayudas de Estado concedidas en la UE, que en el año 2000 ascendieron a 82.000 millones de euros, casi el 30% en Alemania, donde continúa la reestructuración industrial en las regiones orientales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikanen también presentó ayer el informe sobre productividad, en el que España aparece en undécimo lugar entre los 15 Estados miembros. La productividad española sigue siendo el 73% de la estadounidense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo los países pequeños (Irlanda, Bélgica, Austria, Dinamarca) se aproximan a los niveles de productividad de EE UU. Francia se sitúa en el 87%.