El Gobierno vasco mantiene que la Ley de Partidos es un dislate jurídico
Atutxa añadió que sería 'imposible echar a la calle' a los parlamentarios de Batasuna cuando esta formación se encuentre fuera de la legalidad, ya que su expulsión sería una 'decisión cuasitotalitaria'.
'No tendrá ninguna repercusión parlamentaria, no hay fuerza que valga. Una cosa es la ilegalización y otra bien distinta los cargos electos; parlamentarios y concejales, son cosas que deben ser separadas', declaró Atutxa en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Efe.
El presidente de la Cámara vasca recordó que el Parlamento está integrado por electos que pueden formar los grupos que deseen, independientemente de la candidatura por la que fueron elegidos. Atutxa añadió que como ex consejero de Interior conoce que en la izquierda abertzale 'muchas personas tienen mucho que ver con el delito y cada organización tiene un papel determinado y claramente diferenciado, pero de tener la percepción a tener las pruebas para demostrar la connivencia o la coparticipación en el hecho delictivo hay un gran trecho'.
Opinó que 'de ninguna manera hay que ilegalizar' a Batasuna y acusó al Gobierno de 'vender la moto de que la solución [al terrorismo] es la ilegalización' para convencer a los ciudadanos de la necesidad de reformar la Ley de Partidos.
El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, presentó ayer varios informes jurídicos sobre la reforma de la ley de Partidos redactados por los servicios jurídicos del Ejecutivo de Vitoria y por tres profesores de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. A la vista de estos informes, Azkárraga calificó la ley de 'dislate jurídico y político'.
El consejero defendió la política del Ejecutivo de Vitoria de no presentar recursos ante el Tribunal Constitucional al dudar de su 'imparcialidad'. Azkárraga manifestó que en los informes se sostiene que la reforma de la Ley de Partidos ataca la 'libertad ideológica, de pensamiento y de asociación' al pretender establecer la 'ilicitud de los fines perseguidos' por una formación política', es decir, 'perseguir un ideario'.
A juicio del Gobierno vasco el proyecto de reforma de la Ley de Partidos 'esquiva exigencias básicas del sistema' jurídico democrático como el 'respeto a la legalidad estricta, a la taxatividad, a la tipicidad, a la lesividad, a la culpabilidad y a la proporcionalidad'.
Reacción del Ejecutivo
La respuesta desde el Gobierno central llegó enseguida. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, aseguró ayer que 'desde el PNV la lucha contra lo que se denomina entorno de ETA es cero' y precisó que, salvo en el intento de capturar comandos terroristas, 'no se está haciendo nada' desde dicho partido.
Preguntado por las afirmaciones de Atutxa, señaló que lo que le preocupa es que 'dentro del enorme esfuerzo que se está haciendo en la lucha contra ETA en varias direcciones, incluso a nivel internacional, donde menos se esté avanzando es en la actitud del PNV'. 'Sabemos que es así, pero no por ello vamos a abdicar de nuestra responsabilidad', aseguró Rajoy, quien expresó su deseo de un cambio de criterio de los nacionalistas en este sentido.
Rajoy acusó al Gobierno vasco y, en particular, a su departamento de Justicia, de financiar a los presos de ETA a través de sus familias. 'Allí [en las cárceles] se producen informaciones, comentarios; parte de los dineros que se les da y de las subvenciones se utilizan para ayudar a los huidos de la banda', afirmó el ministro.
El titular de Justicia, Ángel Acebes, calificó de 'dramáticas' las afirmaciones de Atutxa sobre la ilegalización de Batasuna.