¿Se agota una década de moderación salarial?
Los sindicatos europeos vienen aplicando políticas de moderación salarial durante más de 10 años. Al menos desde la recesión de principios de los noventa han optado por reivindicaciones salariales indizadas a las previsiones de inflación con el fin de favorecer la creación de empleo. El grado de consecuencia sindical en la lucha prioritaria contra el paro masivo se ha demostrado también en la contención de otras demandas del salario diferido de los trabajadores, sin reclamar mayor gasto social para limitarse a la defensa de los derechos sociales básicos para los colectivos más desprotegidos, así como en el encaje de apreciables dosis de flexibilidad laboral.
Aunque siempre hay quien pueda considerarla escasa, es innegable la considerable contribución sindical a la superación de las coyunturas recesivas, a la creación de mejores condiciones para la competitividad de las economías europeas y al cumplimiento de los criterios de convergencia que hicieron posible la unión monetaria.
Sin embargo, los esfuerzos de la población asalariada europea no se han visto correspondidos con simétricas aportaciones de los empresarios en la creación de empleo. Por el contrario, los procesos de reestructuración industrial, con cierres de instalaciones, externalizaciones productivas y fusiones, se han acometido con menos negociación y se han saldado destruyendo empleo (con excesiva ligereza en no pocos casos), que no ha sido compensado cuantitativamente en periodos de crecimiento ni con mayor calidad de los nuevos empleos, sino abundando en su precarización.
Tampoco los Gobiernos ni las instituciones comunitarias le dieron al empleo la importancia adecuada en la nueva arquitectura de la UE diseñada en Maastricht, y las estrategias acordadas en los Consejos europeos, de Luxemburgo a Barcelona, han establecido compromisos más declarativos que efectivos en la coordinación de las políticas de empleo.
Mientras tanto, hemos asistido a sucesivas reformas o retoques parciales en los sistemas de protección social para su debilitamiento en casi todos los países que integran la Unión, al tiempo que se acometían nuevas políticas fiscales, trasladando parte de las cargas impositivas de los rendimientos de capital y de las rentas más elevadas a la imposición sobre el consumo.
No hay que extrañarse por tanto de que pueda producirse una cierta inflexión en las estrategias sindicales como parece apuntarse en la huelga de los metalúrgicos alemanes demandando un incremento salarial del 4% anual, frente a la oferta patronal del 3,3% para 15 meses.
Que el paro haya aumentado en 156.100 personas respecto del mes de abril del año pasado ya no es un argumento que pueda inducir una reconsideración en IG Metall ni en el sindicato de la construcción alemán, que solicita el 4,5%, cuando llevan acumuladas pérdidas salariales desde 1994 sin que el paro haya dejado de aumentar.
Tampoco tienen mucha fuerza los alegatos del Banco Central Europeo sobre la moderación salarial si continúa desentendiéndose de la evolución de la inversión productiva y del empleo, para reparar en los salarios (que han crecido tan sólo un 0,8% en la zona euro durante el último trimestre del pasado año) como único medio de controlar la inflación
También en España se está provocando la decepción entre bastantes colectivos laborales. El mantenimiento de ajustadas orientaciones para la negociación colectiva, reafirmadas con el reciente Acuerdo Interconfederal entre patronal y sindicatos, ha tenido como contrapartida del Gobierno su proyectada reforma del despido improcedente, acercándolo al objetivo por abaratamiento y de las prestaciones por desempleo, tras haber aprobado ya en Consejo de Ministros la reforma fiscal para el próximo año. Y en cuanto al empleo, intercambio fundamental con la moderación salarial en el citado acuerdo, se van desvaneciendo las perspectivas, como acaban de poner de manifiesto los datos del paro registrado en el Inem correspondientes a abril.
Si la leve remisión de la desaceleración apreciada por el Banco de España en su último informe no se debe a la inversión en bienes de equipo, que mantiene su contracción, sino a la que se sigue realizando en construcción y a la demanda de las familias, que no obstante reducen su tasa de ahorro y aumentan su endeudamiento, el crecimiento esperado tiene bases muy endebles e inciertas. Y las previsiones de empleo son todavía más inquietantes.
Estas deberían ser las preocupaciones fundamentales de quienes dirigen la política económica española, en lugar de enfrascarse en recortes sociales que, además de provocar un serio conflicto en lo inmediato, puede terminar arruinando una responsable política contractual practicada durante años.