El giro del Gobierno
El autor analiza las causas que han llevado al Gobierno a plantear la reforma del desempleo. Julián Ariza asegura que la iniciativa esconde la necesidad de satisfacer a los empresarios y un giro hacia la derecha
En la Italia de Berlusconi se ha realizado una huelga general, cuyo principal motivo lo proporcionó el anuncio de una reforma del estatuto de los trabajadores allí vigente, que prevé que en los despidos declarados improcedentes las empresas están obligadas a readmitir al trabajador. En España no existe una garantía similar. Aquí, si el despido es improcedente, se deja a la empresa la opción de readmitir o indemnizar al despedido. Entre las históricas y recurrentes reivindicaciones de nuestras patronales está la de reducir cuanto sea posible dichas indemnizaciones, a las que han venido atribuyendo la responsabilidad de las impresentables cifras de contratos temporales y precarios, e incluso de desincentivar la creación de empleo.
Dicho esto, debe subrayarse que la batalla por el abaratamiento del despido ha decaído mucho desde que en 1997 la CEOE suscribiera con CC OO y UGT el acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo, una de cuyas más relevantes cláusulas planteaba la puesta en marcha de un nuevo contrato de naturaleza indefinida que, aparte las jugosas bonificaciones para su fomento, reducía, respecto al contrato indefinido ordinario, de 45 a 33 días la indemnización por año trabajado y de 42 a 24 meses el tope máximo a pagar.
Cualquiera que conozca cómo ha funcionado estos años el mercado de trabajo sabe que esa notable reducción del precio del despido no ha tenido efecto alguno en la creación de empleo. Su principal virtud ha sido contribuir a una modesta pero saludable disminución del porcentaje de contratos temporales y precarios, que en los cinco últimos años ha descendido un par de puntos, situándose hoy un poco por encima del 31%. Las bonificaciones y la necesidad de muchas empresas de tener plantillas algo más estables también han influido en esa mejora relativa de la contratación.
Habría que añadir que si la disminución de la temporalidad no ha sido mayor es porque el sector público, donde las responsabilidades del Gobierno son directas, se ha encargado de incrementarlo considerablemente. Lo cual indica que al Gobierno debe parecerle secundaria la calidad del empleo. Digamos también que hace un par de años comenzó a observarse un ligero crecimiento del número de contratos indefinidos ordinarios, esto es, los de despido más costoso, poniendo así de relieve que ese coste tiene poca importancia para al menos algunos sectores empresariales.
Es en este contexto donde ha de enmarcarse el análisis sobre las razones que han llevado al Gobierno a una reforma del desempleo realmente provocadora, en la que la sustracción a los trabajadores de los salarios de tramitación para los casos de despidos improcedentes es un injerto que nada tiene que ver con los supuestos abusos en las prestaciones por desempleo.
Si de lo dicho se desprende que las patronales no han planteado que abaratar el precio del despido sea hoy una prioridad; si su efecto en la creación de empleo es nulo; si, como demuestran sus últimas reformas en la contratación y su comportamiento como empleador, al Gobierno le trae al fresco el problema de la temporalidad; si nada tiene que ver la reforma de las prestaciones por desempleo con ese injerto sobre los salarios de tramitación, ¿por qué lo ha introducido el Gobierno?
Es obvio que la respuesta esta asociada a los renovados ímpetus neoliberales de Rodrigo Rato y su equipo. Pero hay sin duda otros motivos. Por ejemplo, el de aminorar el impacto negativo que sobre el mundo empresarial esta produciéndose ante el temor de que se quiebre la experiencia de diálogo y concertación social de estos años, sobre la que en todos sus foros expresan una opinión positiva, entre otras razones por su contribución a un clima laboral y social menos conflictivo que en el pasado. Factor que, en términos estrictamente económicos, constituye un haber digno de preservarse.
No puede descartarse, por tanto, que la chocante inclusión del abaratamiento del precio del despido en el paquete de las reformas no sea otra cosa que un guiño cómplice del Gobierno al empresariado para paliar posibles malestares colaterales.
El conjunto de las reformas expresa convicciones ideológicas y cálculos políticos. La idea del Gobierno de que las prestaciones por desempleo son algo así como una concesión asistencial del Estado y no una renta de sustitución frente a la contingencia del desempleo, por la que el trabajador paga una cotización; el fomento de la imagen del parado como un potencial defraudador, cuando no un vago; el momento elegido para su puesta en marcha -a dos años de las elecciones-, son algunos de los elementos que requerirán un análisis más detallado sobre el cálculo político que ha inspirado las reformas.
Dados los tiempos que corren en el mundo, no sería de extrañar que en el Gobierno se haya reforzado la idea de impedir que queden espacios libres por su derecha. Gestos como el de estas reformas se suman a otros ya conocidos en el terreno político, cuyo denominador común apunta a un giro más a la derecha de la acción de gobierno. Aspecto que sitúa el problema en una dimensión todavía más inquietante.