Los demócratas votarán en mayo la autoridad comercial de Bush
Tras muchos tiras y aflojas, los demócratas acaban de dar un paso significativo para permitir que el presidente de EE UU obtenga la autoridad para la promoción comercial (TPA, por sus siglas en inglés), que el Congreso ha negado a sus presidentes desde 1994.
Según informaron fuentes republicanas, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Tom Daschle, alcanzó ese compromiso con un lobby de empresarios del sector de alta tecnología, que el pasado miércoles le expresaron la grave situación que atravesaría el sector si Bush no consigue plenos poderes para negociar acuerdos comerciales.
Daschle se comprometió a iniciar a finales de la próxima semana el debate sobre la ley comercial para permitir su votación el próximo 15 de mayo. Bush había dado al Senado como fecha límite para votar la ley el próximo lunes 22 de abril.
Pese al compromiso del líder demócrata, la aprobación de la ley por el Senado no está segura. De hecho, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó la ley para la promoción comercial (antiguamente conocida como fast track) por un sólo voto de diferencia en diciembre.
Fuentes demócratas piden cambios en la ley energética e insisten en que la TPA debe votarse junto con el Acuerdo de Preferencias Comerciales para los Países Andinos y la Ley de Asistencia de Ajustes Comerciales (TAA, por sus siglas en inglés), algo que rechazan los republicanos.
No en vano, Daschle ha fijado el 15 de mayo para la votación de la TPA porque al día siguiente expira definitivamente el acuerdo con los países andinos y habría que negociar un nuevo acuerdo en su totalidad si no se renueva en fecha.
La principal diferencia entre ambos grupos pasa por el contenido de la asistencia para los trabajadores afectados por los ajustes comerciales (TAA). Los demócratas quieren que se mejoren los planes de asistencia médica, para permitir que los trabajadores sigan disfrutando del seguro médico de la empresa cuando pierdan el empleo. Los republicanos, sin embargo, proponen rebajas fiscales para permitir que los trabajadores se paguen su propio seguro médico.