Costa pide a los emisores de tarjetas un esfuerzo para reducir comisiones
Las normativas comerciales de las comunidades autónomas y la libre competencia en el comercio minorista centraron ayer el debate y las exposiciones de la jornada organizada por Cinco Días y Asedas. El secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, solicitó a los emisores de tarjetas de pago que continúen esforzándose por reducir los costes de la tasa de intercambio y descuento que pagan los distribuidores.
La tasa de descuento media que pagó la distribución comercial a los emisores de tarjetas fue del 2,7% a finales de 2001, frente al 3,4% de 1999. El secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, afirmó en el debate organizado ayer por Cinco Días y Asedas, que el acuerdo suscrito entre ambas partes en julio de 1999 'se está cumpliendo', si bien solicitó a los operadores de tarjetas de pago que mantengan el 'esfuerzo para reducir los costes de la tasa de intercambio'.
Costa aludió también a la existencia de 700 normas estatales o autonómicas que regulan en España de forma directa o indirecta la actividad comercial, 'según diversos estudios'. El dato muestra la complejidad normativa de un sector que representa aproximadamente el 12% del PIB y que ve con recelo el desembarco de grandes compañías de distribución con agresivas políticas de fusiones y adquisiciones. El secretario de Estado informó que para este año aproximadamente 520 millones de euros irán destinados a la modernización del comercio interior.
Pequeños y grandes
¿Pueden convivir el comercio tradicional y las grandes superficies? æpermil;sta fue la pregunta de fondo a la que directores generales de comercio de diversas comunidades autónomas y catedráticos de economía trataron ayer de encontrar respuesta en el foro mencionado, tomando como punto de partida la Ley Orgánica de 1996 sobre la ordenación del comercio minorista y la Ley de enero de este año de coordinación con las Comunidades Autónomas, a las que reconoce competencias para intervenir ante conductas prohibidas.
'No es lo mismo distribuir en el centro de Madrid que en el sur de Madrid', recordó el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Luis Blázquez, para explicar las diferencias que existen entre los mercados de distintas regiones, lo que justifica a su entender el traslado de las competencias comerciales a las comunidades autónomas. 'Liberalización' fue la palabra que más empleó Blázquez en su exposición.
La directora de Comercio de la Comunidad de Madrid, Concepción Guerra, aseguró que en su comunidad sí se está 'produciendo un entendimiento entre el gran comercio y el pequeño'.
Para Andrés Conesa, director general de Comercio del Gobierno de Canarias, 'hay quien piensa que lo que gana una gran superficie lo deja de ganar el comercio tradicional (...) y esto no es así'. En su opinión, 'el problema surge en la metodología empleada para limitar la entrada de los grandes establecimientos'. Conesa aludió a la decisión del consumidor como el factor que configura el mercado.
La directora general de Comercio de Castilla y León, Emiliana Moreno, repasó en su intervención la legislación aplicada a la regulación de horarios comerciales, y los efectos del vigente decreto de diciembre del año 2000 que ordena esta materia. En su intervención destacó que en el comercio urbano de su comunidad, el pequeño comercio 'no ha utilizado la liberalización de horarios'.
Manuel Lagares, director general de Política Comercial, incidió en que la normativa autonómica debe 'responder a los principios de libertad de empresa' y que las normativas autonómicas deben evitar que un solo operador pueda limitar la competencia efectiva del mercado.
Los comerciantes minoristas y la 'teoría del tiburón'
La entrada en el mercado español de grandes compañías de distribución ha trastocado el sector del comercio minorista, que se ve sometido a la presión que ejercen las abultadas cuentas de estas empresas. Durante el debate que se celebró ayer se mencionaron prácticas abusivas a las que las comunidades autónomas y la Administración central tratan de poner coto. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Javier Casares, aludió a la 'teoría del tiburón', en referencia a la práctica de 'grandes organizaciones que se apoderan de un mercado y cuando se hacen con él suben los precios'.
La venta a pérdida fue la medida más criticada por los presentes en el foro de discusión. 'Hay competencia en servicios, calidad, pero existen monopolios espaciales', dijo Casares, que mencionó el hecho de que un hipermercado abra otro a escasos metros para evitar que lo haga un competidor, aun suponiendo pérdidas para la empresa.
Ricardo Alonso, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid y ex vicepresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, fue más lejos a la hora de recordar prácticas abusivas, que no llegó a personalizar. Habló de la fijación del precio de venta al público por parte del fabricante, de la creación de un cartel del azúcar para imponer precios, de casos de promociones ilegales y rememoró una ocasión en la que grandes empresas de distribución le solicitaron permiso para crear una central de compras.