La reforma fiscal
España sigue alejada de los países más desarrollados en la forma de legislar. En la confección de las leyes hay tres fases -elaboración, discusión y aprobación- y en España sólo se cumple adecuadamente con la tercera fase, en la medida en que, desde la Constitución, quienes aprueban las leyes han sido elegidos en elecciones libres. En lo que se refiere a la fase de discusión, las normas parlamentarias favorecen en exceso al Gobierno, con lo que la discusión es muy pobre si se compara con la que se produce en los Parlamentos de los países más desarrollados.
Pero la diferencia más clara se observa en la falta absoluta de Libros Blancos para elaborar reformas de importancia. Libros donde se estudien todos los problemas, se evalúe la situación actual y se examinen las experiencias de otros países antes de pasar a discutir el cambio legislativo.
El índice del Informe de la Comisión de Expertos (evaluación de la reforma anterior, tendencias actuales, etcétera) sobre el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) llevaría a pensar que, por fin, disponemos de un Libro Blanco sobre la reforma fiscal. Sin embargo, la lectura del informe es muy frustrante, porque, en su mayor parte, es pura propaganda.
El informe se dedica a demostrar que los resultados económicos de estos últimos años son consecuencia de la reforma fiscal de 1998.
No obstante, hay otra parte del informe en la que los expertos del Gobierno aportan justificaciones a sus propuestas y, dado que hemos visto recientemente aprobar otras leyes de gran calado sin que se aportara ninguna justificación, se puede ver la botella medio llena en este caso, aunque seguimos sin disponer de un Libro Blanco sobre nuestro sistema fiscal.
Para avanzar en el progreso económico del país, es importante el trato fiscal que se da a las rentas de los emprendedores y de los trabajadores más cualificados. La situación en España, agravada por las reformas recientes, es claramente mejorable. Es verdad que tanto el Gobierno socialista, cuando redujo el tipo marginal máximo del 66% al 56%, como el Partido Popular al reducirlo del 56% al 48% mientras subían los impuestos indirectos, han alterado la relación entre la imposición sobre las rentas del trabajo y del consumo, lo cual es positivo.
Pero cuando se compara la imposición sobre las rentas de las actividades emprendedoras y las del trabajo más cualificado con la imposición sobre las ganancias de capital (que ahora, por cierto, se extiende a otras rentas de capital), estamos en la situación absurda en la que se maltrata fiscalmente a los emprendedores y a los trabajadores más cualificados en relación a los rentistas.
La última reforma sigue ignorando la situación que viven los empresarios españoles, a los que les cuesta enormemente encontrar a personas bien formadas y cualificadas, especialmente en nuevas tecnologías.
Ignora también las experiencias de muchos países europeos de reducción del impuesto sobre sociedades que han tenido unos resultados sobre el crecimiento muy positivos. Y no me refiero al nivel general de imposición, sino a su distribución entre los contribuyentes. La discusión en España se ha centrado en bajar más o menos el impuesto sobre la renta, mientras por otro lado se aumentaban otros impuestos, de tal forma que la presión fiscal ha acabado aumentando.
Alguien debería recordar que el nivel de imposición general -indirecta y directa- se determina al fijar los gastos del Estado.
Lo que debería estudiarse en un Libro Blanco sobre el sistema fiscal es a quién se debe tratar bien y a quién se debe maltratar o, mejor, si no se debería dar a todo el mundo un trato parecido.