Un debate manipulado
José María Zufiaur analiza el previsible envejecimiento de la población europea en el horizonte del año 2050. En opinión del autor, este hecho supone un desafío a la futura financiación de los sistemas de protección social
Se está celebrando en Madrid la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. La primera tuvo lugar en Viena en 1982 y lanzó el primer plan de acción internacional sobre la materia. En este vigésimo aniversario se pretende establecer una estrategia a largo plazo, en la perspectiva de crear una 'sociedad para todas las edades'.
Una reivindicación pertinente, ya que en todas partes está aumentando el riesgo de sacrificar a las exigencias del mercado los sistemas de protección social, existentes o en construcción. æpermil;sta es una tendencia -que afecta sobre todo a los más débiles y, entre ellos, a las personas mayores- verificable tanto en los países desarrollados, con el pretexto del envejecimiento demográfico, como en los que están en vías de desarrollo, al amparo de las dificultades económicas por las que atraviesan.
De los temas que se debatirán en la Asamblea -lucha contra la pobreza, aumento de los servicios de atención a las personas dependientes, actuaciones contra la exclusión de trabajadores menos jóvenes del mercado de trabajo, jubilaciones flexibles, acceso a los sistemas de salud y a los medicamentos esenciales en todo el mundo, prevención de enfermedades infecciosas, disponibilidad de viviendas seguras y adecuadas, acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, garantía de servicios públicos esenciales y facilidades de acceso a los mismos...- la estrella ha sido, en los días previos a la celebración del evento, el envejecimiento demográfico y sus repercusiones sobre los sistemas de pensiones y sobre la protección social en general.
Los datos son, desde luego, espectaculares y merecen un debate riguroso y sereno. Todos los países europeos, para ceñirnos a nuestra realidad más comparable, conocerán un fuerte envejecimiento de la población en el horizonte de 2050. Según Eurostat la proporción, en media europea, de las personas de más de 65 años pasará de representar un 15,5% en 1995 al 28% en esa fecha. La proporción de los de más de 80 años pasaría, a su vez, de un 4% al 10,5%. La tasa de dependencia -relación entre activos e inactivos- también aumentará sensiblemente en el periodo de referencia. Esto plantea desafíos a la financiación futura de los sistemas europeos de protección social. Desafío, el del envejecimiento, al que, dicho sea de paso, en absoluto escapan tampoco los sistemas de pensiones por capitalización.
Los sectores interesados en recuperar para el negocio privado parcelas importantes de la protección social (en las pensiones, en el sistema sanitario, en la asistencia social) aprovecharán con seguridad estos datos y la asamblea sobre el envejecimiento para volver a tratar de presentarnos un futuro en el que la salvación del sistema público de protección social sólo puede pasar... por su recorte.
Un discurso que, dicho sea también de paso, no cuadra muy bien con las noticias que hemos conocido estos días sobre las supuestas pensiones de escándalo, paraísos fiscales mediante, de algunos altos directivos del BBVA. Lo más preocupante, sin embargo, es la manipulación que suele hacerse del envejecimiento demográfico. Sobre todo porque, interesadamente, no se contextualiza el fenómeno.
Así, nuestro sistema de protección social podrá soportar mejor o peor el impacto que, sin lugar a dudas, recibirá en términos, sobre todo, de gasto en pensiones y en asistencia sanitaria, como consecuencia del envejecimiento de la población, dependiendo de otros factores. Factores que nunca o casi nunca se mencionan, como: el nivel de empleo; la tasa de actividad; el incremento de la productividad; la mejora en el empleo de los mayores de 50 años; el establecimiento de jubilaciones progresivas; los probablemente menores gastos en desempleo y educación (como consecuencia de que habrá pleno empleo, previsto para 2010 por la UE, y menos jóvenes); seremos por lo menos el doble de ricos de lo que somos ahora -el PIB se duplica más o menos cada 30 años-; podríamos establecer otras formas posibles de financiación de la protección social; se podrían incentivar menos los fondos privados de pensiones o las acciones sobre acciones, por ejemplo, que detraen fondos públicos a los sistemas de protección social; se podría preguntar a los ciudadanos la dosis de solidaridad que quieren financiar. Y, sobre todo, se podría tratar de acabar con una concurrencia fiscal en Europa, cada vez más evidente, que está conduciendo a una menor redistribución de la riqueza, a una reducción de la protección social y a un deshilachamiento de los servicios públicos nacionales.
Y aun si llegáramos en España, en 2050, a un gasto en protección social entre el 23% y el 25,3% del PIB -según una extrapolación realizada por el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) para Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España- ¿sería algo insoportable alcanzar dentro de 48 años, por ejemplo, el 24% de gasto social (ahora estamos en torno al 19%) que teníamos en 1993?, ¿o llegar en esa lejana fecha al porcentaje del 25,5%, que hoy tiene Grecia?, ¿podría ser una ruina para nuestro sistema económico que llegáramos, incluso, a alcanzar la media europea que actualmente está por debajo del 28%?, ¿cómo es que son tan prósperos y, al mismo tiempo, tan competitivos países europeos como Francia o Alemania, que superan esa media, o Suecia, que gasta el 32% de su PIB en protección social?
Más interrogantes: ¿cómo es que la derecha organiza una escandalera ante la perspectiva de que aumente el gasto social un 1% del PIB, pongamos por caso, y, cuando se reduce tres o cuatro puntos, a la izquierda apenas si se la escucha? ¿Será por eso que en esta II Asamblea Mundial sobre envejecimiento quienes parece que llevan el protagonismo son las ONG?