Europa, de la amalgama a un nuevo material
La Convención europea fue establecida en el Consejo de Laeken con vistas a preparar la Conferencia Intergubernamental de 2004. Sin embargo, mucho antes de esa fecha es conveniente tener ya avanzadas las posiciones sobre cómo se desea configurar el futuro de la UE. A finales de 2002 las negociaciones con los países aspirantes a la integración estarán próximas a concluirse y después de la ampliación la Unión puede tener problemas de funcionamiento.
En Laeken se definieron cuatro áreas a considerar por la Convención: mejora en la división y definición de competencias en la UE; simplificación de los instrumentos de la Unión; un funcionamiento más democrático, eficiente y transparente y avance hacia la elaboración de una Constitución para los ciudadanos europeos. No obstante, estas áreas se pueden dividir en cuestiones pormenorizadas y la agenda puede ser tan amplia que es difícil anticipar en qué materias se va a centrar la Convención. El peligro, según diversas voces, es que se termine discutiendo principios abstractos y no los temas concretos que lleven a cambios institucionales que, a su vez, permitan un mejor funcionamiento de la Unión.
El presidente de la Comisión, Romano Prodi, contribuyó a resaltar la dificultad de la tarea, ya que, según señaló en su discurso de apertura de la Convención, su propósito es 'el futuro', y sólo una vez definido éste, 'habrá llegado el momento de enfrentarse a los problemas propiamente institucionales'. También afirmó que es necesaria una Constitución que señale el nacimiento de una Europa política, pero que la 'verdadera ambición no es construir un superestado [sino] desarrollar esta construcción original hacia una democracia supranacional cada vez más avanzada'.
Por lo tanto, se pueden definir dos resultados esperados del trabajo de la Convención: expresar el objetivo y las bases de la Unión, y facilitar su funcionamiento cuando los miembros sean 25 o 30 países. Aunque el primer propósito es el fundamental, el segundo es imprescindible.
Los debates sobre el futuro de la Unión comenzaron en 2001 y los ciudadanos han tenido y tienen oportunidad de expresar libremente sus opiniones sobre documentos puestos a comentario en la página web de la UE (europa.eu.int/futurum). Adicionalmente, en muchos países comunitarios se han abierto foros de debate sobre diversos aspectos del futuro europeo, lo cual garantiza la participación de la llamada sociedad civil.
Estas iniciativas avalan el propósito de aproximar a los ciudadanos el gobierno de Europa. Y ésta es una necesidad innegable, puesto que, a pesar del éxito de política económica que supone la convergencia y la adopción del euro, la insatisfacción entre los ciudadanos es un hecho que además parece creciente, tanto entre los euroescépticos primigenios, como en los países que, habiéndose beneficiado de la Unión Monetaria, no desean compartir plenos derechos con los candidatos. Además, para los políticos tanto de los actuales miembros como de los pretendientes puede ser difícil la exigida profundización en el concepto de Europa, ya que sus prioridades pueden centrarse en cuestiones nacionales y, obviamente, en sus ciudadanos.
En ciertos casos, su postura respecto a Europa se concreta en defender las posiciones nacionales. Así pues, parecería un logro que el debate no se quede sólo en el ámbito de los teóricos del derecho constitucional y del europeo, y haya consenso político y apoyo ciudadano.
Los debates de la Convención tomarán en cuenta las opiniones de los ciudadanos: actualmente se encuentra en fase de recepción de opiniones que se plasmará en un documento de posiciones en junio de 2002. La Convención tiene un año desde el 1 de marzo para trabajar. Aunque el horizonte para obtener conclusiones parece lejano, no es excesivo el tiempo dada la magnitud de las cuestiones y el número de los participantes.
En la primera sesión de marzo se han barajado como cuestiones de debate, a parte de la necesidad de una Constitución, el papel del Parlamento Europeo y la división de responsabilidades entre la Unión y los países. El debate ya puede animarse con las contribuciones primeras: la agenda de abril puede comenzar con la discusión sobre la delimitación de poderes entre la Unión y los Estados miembros.
Según una propuesta del europarlamentario Alain Lamassoure los poderes de la UE podrían clasificarse en categorías que van desde ser exclusivos de la UE, ser compartidos, suplementarios o ser exclusivos de los Estados miembros. Esta cuestión es muy susceptible de echar calor al debate y al interés de políticos y de ciudadanos.