Claridad estadística
Cada vez se exige más claridad estadística y transparencia en la información. Carlos Solchaga ve en la nueva EPA una oportunidad de desvelar la realidad del mercado de trabajo en España
La enorme importancia que han adquirido a nivel internacional los mercados organizados de capitales han llevado a una demanda cada vez más exigente de claridad estadística y transparencia en la información que es relevante para hacer una evaluación cabal de las perspectivas y los riesgos eventuales que afectan a cada uno de los valores que se cotizan en los mismos. Las crisis financieras de todo tipo, las quiebras bancarias o las caídas gigantescas en la valoración de algunas empresas de lo que se llamó la nueva economía han sido los aldabonazos que han puesto sobre aviso a todos sobre la inevitabilidad de una regla conocida: cuanto mayor es la libertad de transar y mayores son las transacciones, tanta mayor necesidad hay de transparencia informativa y de control por las autoridades competentes del funcionamiento del mercado.
El caso Enron ha venido a recordar igualmente que sin control externo de la labor de los auditores y si además ésta se realiza junto con la labor de consultoría, la información de que disponen los mercados sobre la situación de las empresas puede ser totalmente equivocada.
Desde hace tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI), preocupado por las crisis cambiarias y financieras, ha venido presionando en favor de la transparencia informativa en los datos proporcionados por los países miembros. Se trata de asegurar que las cuentas nacionales que se proporcionan a la institución sean las más ajustadas posibles a la realidad, que los presupuestos de las administraciones públicas recojan la totalidad de los ingresos y gastos y sean fiel reflejo de las necesidades de financiación -déficit- de las mismas y de las tendencias previsibles de evolución de la deuda pública de los países miembros. Se trata igualmente de que las estadísticas de balanza de pagos y las bancarias reflejen la realidad de lo que recogen. Todo ello es imprescindible para evaluar el riesgo de cambio y el riesgo soberano de los distintos países y evitar en la medida de lo posible las crisis financieras internacionales, así como para orientar la política que ha de seguir el FMI en relación con los mismos. Pero siendo lo que es esta institución, estas buenas prácticas no se aplican a todos por igual. En particular, los países más ricos, que son los que tienen mayor participación en el capital del FMI, parecen exentos de su aplicación o libres de toda sospecha. Si en Indonesia o en Corea las malas prácticas y la insuficiente información permiten hablar de capitalismo de amiguetes, las mismas cosas en los EE UU tienen otra calificación muy distinta.
Si en la UE se han consentido unos grados de contabilidad creativa en las administraciones públicas y en la evaluación de algunas macromagnitudes verdaderamente extraordinarios o si la OCDE y la Comisión Europea señalan la existencia de grandes bolsas de economía negra en nuestros países el FMI mira para otro lado mientras sienta su pesada mano crítica sobre las irregularidades de los pequeños países.
Es hora ya de transparentar la situación real también en los países avanzados. En España el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene una gran oportunidad a través de la nueva EPA de desvelar la realidad del mercado de trabajo, donde el empleo es mayor que lo que señalan las estadísticas y el paro mucho menor, de aflorar asimismo la parte del valor de nuestra producción que hoy está sumergida revisando congruentemente la Contabilidad Nacional a partir de los resultados de la nueva EPA e incluso de decir cuántos somos los ciudadanos y residentes en España a través del nuevo censo. Sería imperdonable que intereses y cálculos políticos dificultaran la labor de los competentes funcionarios del INE en todas estas tareas que darán a estudiosos y analistas un conocimiento más adecuado de la realidad de nuestro país.