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Columna
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El chocolate del loro en el empleo

Hace poco más de un mes avanzaba el ministro de Hacienda la posibilidad de dar un incentivo a los parados para estimularles en la búsqueda de empleo. No la precisó ni apenas persistió en ella. Pero lo que pareció sugerencia improvisada reaparece ahora como directriz del Gobierno, que ha esperado las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona para lanzarla. Por lo que cabe pensar que no fue una ocurrencia personal, sino un propuesta en la que venía trabajando el Gobierno por su cuenta y riesgo, publicitada antes de tiempo por Cristóbal Montoro.

El encargado de transmitirla a la opinión pública en esta ocasión ha sido el vicepresidente segundo y ministro de Economía, dejando claro que se la plantearán a los agentes sociales los próximos días pero sin someterla a negociación. Porque consideran en Economía que nadie puede oponerse a medidas con un coste bajo, que no supondrán recortes de las prestaciones, sino que persiguen hacer más atractiva y rentable para el trabajador la búsqueda de empleo.

Apuntan la posibilidad de que las personas desempleadas puedan seguir cobrando parte del seguro de paro si aceptan un trabajo mal remunerado, de forma que ambas retribuciones resulten más ventajosas que permanecer en el paro. Piensan que los parados prefieren agotar el periodo de desempleo cobrando las prestaciones a reinsertarse en el mercado laboral, dados la precariedad y los bajos sueldos de los trabajos que les ofrecen.

Daría la impresión que nuestro sistema de protección por desempleo es tan generoso en retribuciones y en duración que quienes caen en él no quieren salir a buscar trabajo hasta que agotan el último subsidio.

La realidad es muy distinta. Desde 1996 no ha dejado de disminuir el tiempo medio a que da derecho la prestación contributiva por desempleo, que al finalizar 2001 era de seis meses y medio y que el 55% de los beneficiarios no superan los cuatro meses percibiéndola. Es este colectivo de parados con periodos de carencia más cortos el que más ha aumentado, mientras disminuyen los que tienen derecho al seguro de paro entre 14 y 22 meses.

Los que agotan el tiempo máximo de prestación son, además, el 30% del total de los beneficiarios, siendo inversamente proporcional al periodo reconocido por los derechos contraídos. Así entre quienes alcanzan a cotizar para obtener el derecho al desempleo por un tiempo igual o inferior a los cuatro meses lo consumen en un 48% de los casos, pero del conjunto que tiene el derecho reconocido para más de 14 meses sólo lo agota el 15%.

Incluso en el segmento que tiene derecho al periodo máximo de 24 meses, que está compuesto fundamentalmente por mayores de 50 años que han llegado al desempleo desde expedientes de regulación de empleo y rescisiones de contratos en sus empresas, llegan a culminarlo el 26,7% de todos los beneficiarios potenciales.

En consecuencia, ni el problema de España para cumplir con los objetivos de empleo trazados en la estrategia de Lisboa está en que nuestro sistema de protección al desempleo induce a los parados a aferrarse a su condición, ni la solución consiste en incentivarles para que rebajen sus supuestas exigencias a la hora de aceptar un empleo.

La desaceleración de la economía y la caída del ritmo en la creación de puestos de trabajo es la circunstancia que nos vuelve a desviar de la perspectiva del pleno empleo para 2010 y la causante de tal alejamiento es la rigidez ortodoxa de la política económica basada en la desfiscalización de las rentas de capital y de los impuestos directos, y obsesionada en el déficit cero que no se altera aunque haya cambiado el ciclo económico.

Como era de temer, en la Cumbre de Barcelona se ha producido la involución de las políticas de empleo comunitarias, que han pasado del fomento de políticas activas, acordado en 1997 en Luxemburgo, y de la potenciación de nuevos empleos de mayor calidad para la sociedad del conocimiento, propugnada en Lisboa, a la activación individual de los parados como si el problema del paro masivo en Europa fuese responsabilidad de las personas desempleadas que lo sufren.

En Barcelona ya no se ha vuelto a hablar de la calidad del empleo más allá de reiterarse con generalidades en el objetivo de crear más y mejores empleos. Peor aún, la contradicción entre lo que se declara y las medidas que se concretan se ha hecho más evidente. Se reconoce que algunos parados pueden rechazar ofertas de trabajo por precarias y mal pagadas, pero en lugar de adoptar medidas para reactivar la economía, generando más empleo y asumir compromisos políticos para combatir la precariedad laboral, se ingenian parches para que los parados se acomoden al empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo.

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