Cardenal reconsidera su oposición y apoya el uso de la videoconferencia en los juicios
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha matizado el criterio mantenido hace sólo un mes, cuando a través de una instrucción enviada a todas las fiscalías del territorio nacional pedía a los fiscales que se opusieran al uso de la videoconferencia en los juicios orales en materia penal. Ahora, Cardenal aclara en una nueva instrucción que 'el criterio general para el uso de videoconferencia en las actuaciones procesales es el de posibilidad'.
La presente instrucción a los fiscales añade que sólo en casos de posible afectación de los derechos fundamentales sin la necesaria cobertura legal 'debe entenderse ordinariamente exceptuada' la utilización de videoconferencia. En la anterior circular Jesús Cardenal aseguraba que la videoconferencia no tenía respaldo legal 'por carecer de las garantías necesarias para el debido respeto a los derechos fundamentales'. La instrucción ordenaba que 'si el ministerio fiscal es citado para la celebración de uno de esos juicios orales virtuales, deberá oponerse motivadamente a su celebración, excusando su asistencia por carecer, hoy por hoy, de las garantías necesarias para el debido respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, de cuya defensa es garante'.
En la nueva instrucción Cardenal aclara que su anterior criterio contrario a la celebración de juicios virtuales 'no debe interpretarse como una negativa generalizada' y añade que en el derecho comparado existen ejemplos del uso injustificado de los medios telemáticos'.
En todo caso, pide a los fiscales que 'motiven'siempre el uso de videoconferencia y que evalúen cada caso concreto.
Cardenal destaca las ventajas del uso de videoconferencia en especial para las declaraciones de testigos y peritos 'cuando por razón de la distancia, dificultad o desplazamiento, circunstancias personales u otras causas resulte imposible o muy gravosa su comparecencia'. También defiende la utilidad del sistema para evitar la presión sobre testigos y peritos y en juicios donde estén implicados menores de edad.