Bruselas debe intervenir: fijeza
Tras la sentencia de Luxemburgo y las reticencias de las administraciones y del Supremo, la Comisión Europea debe de intervenir para garantizar la fijeza de los empleados públicos
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a insistir en la fijeza de los empleados públicos en abuso de temporalidad como la mejor manera de sancionar el abuso y desincentivar que se prolongue en el tiempo. La sentencia nos satisface especialmente porque Luxemburgo utiliza en su resolución argumentos que nuestro despacho, Navas & Cusí, utilizó en la queja presentada ante la Comisión Europea en nombre de la asociación de Empleados Públicos en Abuso (EPA).
El problema es que las diferentes administraciones españolas como el Supremo se muestran reticentes a establecer la fijeza a aquellos empleados públicos que prolonguen su temporalidad más allá de los tres años, como señala la resolución europea. Argumentan que contradicería los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública.
La realidad es que los casi 800.000 empleados públicos en abuso de temporalidad accedieron a las bolsas de empleo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además la directiva 1999/70-CE es clara y no sólo limita la temporalidad a los 3 años sino que exige a los estados que establezcan sanciones en caso de incumplimiento. Ante la ausencia de sanción en la legislación española, Luxemburgo propone fijeza.
Ahora la pelota descansa en el tejado de la Comisión Europea donde presentamos nuestra queja por trasposición parcial del derecho europeo. Si España no traspuso un régimen sancionador para las administraciones que abusaran de la temporalidad, debe de ser sancionada. Y quien debe de sancionar es la Comisión, que además, debe de velar por la primacía y efectividad del derecho europeo.
Así que ante la pasividad de las administraciones y las reticencias del Supremo, quien puede hacer efectiva la sentencia de Luxemburgo es el ejecutivo comunitario mediante la resolución de nuestra queja.
Bruselas se convierte pues en la llave que puede desencallar situaciones que llevan muchos años encalladas. Nuestro despacho llevó a la capital comunitaria las quejas de los letrados de Justicia, es situación de desamparo desde hace décadas. Su inestabilidad y precariedad también es un factor que deteriora la Justicia. Al ser un cuerpo especializado, y por tanto minoritario, les niegan la capacidad de negociación colectiva. ¿Y sus derechos laborales y profesionales? Esperemos que la queja prospere. Por el bien de los profesionales, pero también por la efectividad del principio de no discriminación.
Otra queja que parece ir más adelantada es la que presentamos en nombre de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas. Como denunciamos tanto ante la Comisión Europea como ante el europarlamento, sufren una doble discirminación: por una parte, no les permiten jubilarse anticipadamente a pesar de sufrir la misma penosidad que sufren los pilotos, que sí pueden acceder a la jubilación anticipada. Pero por otra, ocurre que la mayoría de los tripulantes de cabina son mujeres frente a a mayoría de los pilotos son hombres. ¿Discriminación por razón de sexo? Tanto las eurodiputadas socialistas como de Podemos se mostraron sensibles a la cuestión y la misma comisión se mostró abierta a solventar el problema. Avanzamos.
Otro de los asuntos que nuestro despacho ha llevado a la Comisión Europea es el del colectivo que fue jubilado anticipadamente y llevan más de 40 años cotizados. El sistema les penaliza aplicándoles unos coeficientes absolutamente injustos. Desde Navas & Cusí llevamos a Bruselas las reivindicaciones de ASJUBI40 por entender que la legislación española está violando la normativa europea.
Y no digamos nada de lo que ha ocurrido en materia bancaria. En 2013 denunciamos a Bruselas el abuso de las entidades financieras, las malas prácticas, la falta de transparencia y la inaplicación de la normativa europea de derechos del consumidor. Desde entonces se han aplicado multitud de normas, decretos y sentencias que protegen al consumidor final frente a los abusos del banco.
Son algunos ejemplos de los avances que hemos logrado gracias a la instancia europea. Nuestro despacho es experto en derecho comunitario. Nuestra experiencia nos ha demostrado que muchos de los temas que llevan años estancados a nivel nacional sólo se desatascan en instancia comunitaria. Porque el derecho europeo es claro y las instituciones europeas son contundentes en su aplicación para preservar la primacía y efectividad del derecho europeo.
Y en el tema de los empleados públicos en abuso de temporalidad, nuestra confianza, de nuevo está en que Bruselas cumpla y haga cumplir la directiva 1999/70-CE. Casi 800.000 empleados públicos esperan que Bruselas resuelva la situación. Así se lo pedimos nosotros también.
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