El PP propone incentivar con ventajas fiscales las cuotas participativas
El PP propone dar a las cuotas participativas ventajas fiscales con el fin de hacerlas más atractivas a los inversores y garantizar que su emisión, necesaria para fortalecer los recursos propios de las cajas de ahorros, sea un éxito. Además, defiende limitar a un 5% la suscripción por titular y otorgar algún tipo de representación en las asambleas y consejos a los cuotapartícipes, que en ningún caso tendrán derechos políticos.
El PP presentó ayer su propuesta para la reforma de las cajas en un documento consensuado previamente con los consejeros de economía del partido y con el visto bueno del secretario general, Javier Arenas y del secretario de Estado de Economía, José Folgado.
Las ideas que allí figuran servirán de base a las enmiendas que se incluirán en la Ley Financiera durante la tramitación parlamentaria, tras su aprobación en el Consejo de Ministros de mañana.
El eje de la reforma será el desarrollo de instrumentos para fortalecer los recursos propios de las cajas. Otras medidas, consideradas imprescindibles por el sector para profesionalizar los órganos de gobierno, se quedan fuera por falta de voluntad política para ponerlas en marcha (ver apoyo).
Así, del documento presentado ayer por el secretario ejecutivo de política económica del partido, Vicente Martínez Pujalte, destaca sobre todo el desarrollo legislativo de las cuotas participativas. El mismo se justifica en que 'las cajas deben afrontar en el futuro procesos de expansión, de renovación tecnológica y de presencia en proyectos empresariales para los que necesitan contar con recursos propios que les aporten financiación suficiente'.
Las cuotas están concebidas como valores nominativos, carentes de derechos políticos, destinados a facilitar la capitalización de las cajas sin afectar su actual régimen jurídico. Se trata de desarrollar el real decreto que regula este instrumento desde 1990, pero cuya imprecisión ha hecho que ninguna entidad se atreva a utilizarlo ante la posibilidad de que se abra algún resquicio a la privatización.
La dificultad de legislar sobre las cuotas estriba precisamente en la necesidad de lograr un equilibrio entre la necesidad de preservar la naturaleza de las cajas e impedir que se cuelen los bancos en su capital; al tiempo que se logra un instrumento atractivo para los inversores, que cotice en mercados organizados y tenga suficiente liquidez.
Así, la solución propuesta por el PP es 'dotar a las cuotas de un régimen fiscal adecuado para el inversor y para el emisor que las haga competitivas', aunque no especifica en qué tipo de ventajas piensa. æscaron;nicamente, 'no deberían distorsionar la competencia en el mercado financiero'.
Además, el PP cree que la suscripción debe limitarse a un 5% por cada cuota partícipe en el total de las cuotas emitidas. Los compradores podrían ser desde personas físicas, a jurídicas, hasta grupos consolidados. El PSOE fue mucho más restrictivo, al limitarlas a personas físicas y por un máximo de 20 millones de pesetas.
Para el PP, la remuneración de estas cuotas debe estar ligada al beneficio, aunque defiende mecanismos claros (que no especifica) para determinar la remuneración en caso de que no se produzcan beneficios. Desde el punto de vista de los recursos, considera que deben limitarse al 50% de los de primera categoría, o lo que es igual, el 25% del total de recursos propios.
Además del desarrollo de las cuotas, el documento del PP hace hincapié en la necesidad de impulsar procesos de cooperación entre las cajas de distintas comunidades autónomas y en mejorar la coordinación con los Gobiernos en la obra social.