El PSOE reclama endurecer los requisitos para ser consejero de una caja

El PSOE propone en el documento que ha elaborado sobre las cajas de ahorros modificar la duración de los mandatos de los presidentes y consejeros de estas entidades para dar mayor estabilidad a la entidad, endurecer los requisitos para ser consejero, limitar al 50% la representación pública y aumentar el peso de los trabajadores en la asamblea y consejos de las cajas. El PSOE ya ha finalizado su documento sobre el futuro de las cajas de ahorros, aunque todavía está abierto a modificaciones, ya que aún debe ser debatido en el seno del partido, y como fecha se ha fijado el 30 de enero. Como novedad el PSOE ha decidido colgar este documento -estará disponible a partir del martes- en la web ((www.Psoe.es) con el fin de abrir el debate en el sector. El informe, que consta de 12 páginas, recoge las modificaciones que cree necesarias el PSOE en las cajas de ahorros. Potenciación del marco jurídico de estas entidades, mejor gobernabilidad de las cajas, nuevos instrumentos para reforzar los recursos propios o nuevos compromisos de estas entidades con la sociedad mediante la obra social son los temas abordados por el PSOE. Como estaba previsto, el PSOE recoge la limitación del 50% de "la representación de las instituciones y corporaciones públicas" en la composición de los órganos de gobierno de las cajas. Aunque defiende una "legítima" presencia de las instituciones públicas, representativas de los intereses ciudadanos". Como novedad, el PSOE incluye una serie de puntos sobre la figura del consejero y presidente, encaminados a aumentar la transparencia y profesionalidad en las cajas. Así, defiende la participación de los sindicatos y "de organizaciones empresariales con demostrada representatividad social" en los órganos de gobierno de las cajas. A la vez que es partidario de una mayor representación de los trabajadores en las asambleas. Reclama que los consejeros nombrados, sobre todo los representantes de instituciones públicas, respondan a "criterios de idoneidad, rigor profesional y capacidad técnica". Propone "el respeto de la proporcionalidad" de los partidos políticos y organizaciones de cada región en los nombramientos de estos consejeros. Tampoco se olvida de los periodos de mandatos de presidentes y consejeros y reclama la revisión de estos periodos para mantener "la necesaria continuidad y estabilidad" en la entidad, ya que "el actual proceso de renovaciones parciales de dos años y la incidencia de los resultados electorales locales y autónomos provocan discontinuidades que en absoluto propician la estabilidad necesaria". Códigos de buenas prácticas, de gestión, de conducta para los ejecutivos y el reforzamiento de las responsabilidades de los consejeros, también están incluidos entre los cambios que quiere introducir el PSOE en el sector. De hecho, el PSOE quiere endurecer las responsabilidades y requisitos para ser consejero. Así, mantiene que este reforzamiento "puede conllevar la exigencia de dedicación y de incompatibilidades, además de aparejar una cierta profesionalización que no excluye, sino que ampara el posible carácter ejecutivo de presidentes y consejeros". Cuotas participativas

El PSOE defiende la emisión de nuevos instrumentos que refuercen los recursos propios de las cajas. Pero ha decidido a última hora eliminar del documento las denominadas cuotas participativas (instrumento similar a las acciones pero sin derechos políticos), ya que "los problemas asociados a dicha figura, que han impedido su desarrollo durante los últimos años, se mantienen".

No obstante, propone "un instrumento alternativo que permita cubrir tres objetivos: mejorar recursos propios, facilitar intercambios entre cajas, que les dote de relaciones de cooperación complementarias a las actuales, e introducir más transparencia a la calidad gestora".

Este instrumento, aún sin bautizar, se asemeja a las cuotas participativas, ya que sería un producto de remuneración variable, vinculado al beneficio y negociable, "con las mismas restricciones que en su emisión inicial en mercados secundarios como el AIAF (mercado oficial español de renta fija privado, que puede operar también en renta variable)".

La emisión de este instrumento no podrá superar al 15% de los recursos propios de la caja emisora. Sólo podrán adquirirlas personas físicas, y cada uno de ellos no podrá tener un valor conjunto superior los 120.202 euros (20 millones de pesetas). "Esta condición sólo se modificará cuando el adquirente sea otra caja que deberá contar con la autorización" de los consejos de las cajas. Además, se fomentará la adquisición de dicho instrumento entre los trabajadores de la caja. Así, el PSOE deja fuera a bancos y empresas como suscriptores de este instrumento.

Pero para el PSOE uno de los puntos clave de las cajas es la obra social, que debe ser "autónoma, profesionalizada e independiente de la gestión de la caja". Propone que se destine un mínimo del 25% de sus resultados a OBS y reclama que sólo el 25% de los fondos de la OBS se destine a convenios con las Administraciones autónomas.

 

"No es presentable que Pizarro presida la CECA y Endesa"

El PSOE no parece estar muy de acuerdo en que Manuel Pizarro pueda volver a ser reelegido presidente de la CECA y compatibilice este cargo con otros como el de vicepresidente de la Bolsa y, sobre todo, con el de presidente de Endesa.

A pesar de que Pizarro pretende permanecer en la presidencia de la CECA hasta que el PP y el PSOE lleguen a un acuerdo en materia de cajas, previsto inicialmente para mayo, Jordi Sevilla, portavoz de Asuntos Económicos del Grupo Parlamentario Socialista, mantiene "que no es presentable que Pizarro compatibilice la presidencia de la CECA con la de Endesa, aunque sea transitoriamente".

Sevilla también asegura que "no me voy a sentar con el PP para consensuar un documento sobre las cajas de ahorros. Voy a presentar el nuestro y, si quiere el PP, que se sume a nuestro documento", declara a Cinco Días.

En el documento que el PSOE ha elaborado sobre las cajas de ahorros, ya se contemplan ciertas incompatibilidades para ser consejero y presidente de una caja.

En este documento también se defiende el papel de la CECA y el carácter territorial de las cajas. Aunque matiza que "las cajas no pueden sustituir las políticas públicas que competen a la responsabilidad de las Administraciones". Respecto a la obra social (OBS) considera que se deben diferenciar las tareas propias de la ABS de aquellas realizadas por la caja en el ámbito cultural, "más propias del patrocinio o de una fundación".

Pide el apoyo de la OBS a la I+D, al desarrollo de la sociedad del conocimiento y la atención a las nuevas formas de exclusión social, que deberán ser prioritarias en la OBS, y a cuyo fin debería destinarse como mínimo el 65% de los fondos de la obra social.

Como es lógico, en el documento el PSOE deja claro su defensa a la actual naturaleza jurídica de las cajas.

 

El PP impone su mayoría en la renovación del consejo de Bancaja

Bancaja celebró anoche la asamblea más dividida de su historia, como consecuencia de la falta de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE en el proceso de renovación tanto de los miembros de la asamblea -el PP acaparó en su día los 28 puestos que debían repartirse las fuerzas políticas- como del consejo de administración.

Los populares, que eligieron a los tres representantes de la Generalitat, situaron como nuevos consejeros al presidente de la Bolsa de Valencia y ex director del BCH en la región, Manuel Escámez -sobrino de Alfonso Escámez, ex presidente de banco-, y al presidente de la patronal valenciana, Rafael Ferrando. Y reeligieron a Antonio Tirado, que fue alcalde socialista de Castellón y presidió Bancaja.

El PSOE sólo pudo reelegir al profesor universitario Jordi Palafox en el consejo de administración, por el cupo de representantes municipales, mientras el PP reeligió a Vicente Montesinos y Ángel Álvarez.

En el cupo de impositores, la Asociación de Impositores, afín al PP, superó ampliamente a la Unión de Consumidores, cercana al PSOE. En las votaciones de los sindicatos, el Sate se impuso a Comisiones Obreras y UGT, tanto para el consejo de administración como para la comisión de control.

Sigue la pugna en la CAM

Por otro lado, los presidentes valenciano, Eduardo Zaplana, y murciano, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, mantienen la pugna por la designación del consejero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que debe representar a Murcia.

El candidato a la reelección continúa siendo Javier Guillamón, presidente del consejo territorial de la caja en Murcia, propuesto por Zaplana y que fue rechazado públicamente por el Gobierno de Murcia, que prefiere a Ángel Martínez. "No es la persona que quieren los murcianos", manifestó el vicepresidente regional, Antonio Gómez en referencia a Guillamón. Valcárcel y Zaplana quitaron hierro ayer al enfrentamiento, pero sin ceder en sus pretensiones.