La reforma incluye limitar a ocho años los mandatos y a 70 la edad para seguir de consejero
Las propuestas del Partido Popular para reformar las cajas de ahorros llegan cuando el pretendido consenso con el principal partido de la oposición, el PSOE, se da por perdido. De hecho, el enconamiento de los partidos deja en suspenso una de las reformas consideradas clave por el sector para modernizarse y desterrar cualquier duda sobre su actual naturaleza jurídica: la limitación al 50% de la presencia de poderes públicos en sus órganos de gobierno.
En su documento, el PP se limita a subrayar la necesidad de 'asegurar la independencia de los órganos de gobierno para que las cajas tengan mayor capacidad ejecutiva'. Con este fin, las únicas medidas desveladas ayer se refieren a limitar a ocho años el mandato de los consejeros y poner un tope de edad en los 70 años, algo que ya figura en la Lorca, aunque no tiene carácter básico. Además, y aunque el documento no es muy explícito, el responsable del PP habló de avanzar en la irrevocabilidad del nombramiento, con el fin de evitar los vaivenes propios de la dinámica política y propuso que los miembros de los órganos de gobierno se ajusten a códigos de conducta y buen gobierno.
El PP ha optado por excluir entre sus propuestas el tope del 50% al peso público, reclamado por el sector necesario para garantizar la profesionalidad en la gestión financiera, los niveles de eficiencia y evitar que la Comisión Europea pueda considerar a estas entidades como integrantes del sector público.
El argumento esgrimido ayer para eliminar esta medida, incluida en muchos papeles elaborados por el Ministerio de Economía, fue que el problema de la politización de las cajas afecta, sobre todo, a las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas. Es en las leyes autonómicas de estas regiones, según Pujalte, donde se recogen porcentajes de representación pública más elevados, hasta el 75% en el caso de Asturias.
El portavoz popular recordó que el PSOE retiró su propuesta inicial de poner ese límite porque chocaba con los intereses regionales del partido. Trató así de desviar al PSOE la responsabilidad de que no vaya a haber una legislación estatal, aunque conviene recordar que una Ley del Estado en este sentido obligaría también a cambiar la Ley de Cajas en la Comunidad Valenciana, presidida por Eduardo Zaplana, uno de los barones autonómicos con más poder dentro del partido. De hecho, en Valencia, la Ley de Cajas fija un porcentaje de representación del 56%, muy similar al de las normas de regiones socialistas como Andalucía (56%) o Castilla-La Mancha (58%).
No obstante, Pujalte no tuvo reparos en recordar que 'hay cierta preocupación' por una directiva comunitaria que amenaza con considerar como ayudas de Estado los préstamos concedidos por cajas que tengan en sus órganos de gobierno más de la mitad de presencia pública.