El 40% de los edificios españoles necesita obras de rehabilitación
Más de cuatro millones de edificios de los alrededor de 10 millones existentes en España requieren actuaciones significativas de rehabilitación, según la Asociación de Organizaciones Independientes de Control de Calidad en la Construcción (AIC). Las asociación estima que un 30% de los inmuebles ha superado con creces la vida útil para la que fueron construidos y necesitan de un análisis que precise si están en situación de riesgo.
España posee un parque de 10 millones de edificios de los que más de cuatro millones precisan tareas de rehabilitación. Auscultar estos inmuebles supondría un coste medio por edificio de 2.400 euros (400.000 pesetas), lo que exigiría una inversión total de 9.600 millones de euros (1,6 billones de pesetas), según estimaciones realizadas por la Asociación de Organizaciones Independientes de Control de Calidad en la Construcción (AIC).
La contribución de las obras de mantenimiento y rehabilitación al PIB aportado por el sector de la construcción es en España dos veces y media inferior a la media europea. Las Administraciones, en opinión de la AIC, pretenden desmarcarse del problema que plantea la situación de nuestro parque inmobiliario y traspasar las responsabilidades de esta falta de previsión a otros colectivos mediante distintas ordenanzas.
Como ejemplo de lo que debería hacerse ponen a Francia, un país en el que es obligado el análisis de la presencia de amianto previo a la compraventa de una vivienda usada.
Aún considerando que la inspección técnica de edificios es un paso positivo, desde la AIC opinan que es la inoperancia de las Administraciones a lo largo de muchos años la que ha motivado el estado actual de las edificaciones. 'En lugar de reconocer el problema como de toda la sociedad y arbitrar prácticas conducentes a la subsanación de las deficiencias con la colaboración de todos, quieren trasladar los problemas a los propietarios, a los usuarios y a los técnicos mediante el establecimiento de una ordenanza que obliga a los propietarios de los edificios a buscar un técnico titulado competente que pasa a ser el blanco de posibles efectos colaterales'.
Así, la ordenanza establecida por el Ayuntamiento de Madrid, emulada en parte por otros ayuntamientos, puede encerrar determinados efectos para los técnicos que, de manera un tanto indiscriminada, vienen realizando la ITE. Los técnicos, advierten desde la AIC, han creído que se trata de inspecciones visuales, sin mayor responsabilidad que la de un dictamen. Y, sin embargo, va a existir una responsabilidad de resultado y les puede causar serios problemas civiles y penales.
Deficiencias de la ITE
Las inspecciones tal como se han concebido (apreciaciones superficiales y visuales) no serán capaces de resaltar, según los expertos de la AIC, las deficiencias estructurales y mucho menos posibles socavaciones o hundimientos. 'Pero cuando un edificio tenga un siniestro y haya pasado la ITE, el ayuntamiento se va a descargar de responsabilidad, pues argumentará que el edificio fue inspeccionado y el técnico no vio nada'.
Los expertos de la AIC consideran que los técnicos que realizan la ITE están alentados muchas veces por sus colegios profesionales, que interpretan el trabajo como un dictamen sin responsabilidad y una buena fuente de ingresos de visados. En opinión de la AIC, la formulación de los objetivos de la ITE que hace la ordenanza va mucho más allá de un simple dictamen sobre si hay daños o síntomas.
Es por eso que la AIC reclama, entre otros puntos, que quienes realicen la inspección sean independientes de equipos de proyecto, constructoras, etcétera, que pudiesen dirigir o inducir posteriores actuaciones interesadas en el inmueble y exige la creación de un registro de las empresas facultadas para ejecutar la inspección técnica de edificios creado al efecto bajo el control municipal.