La ley del embudo
Ya lo sabemos después del último Consejo de Mi-nistros de Economía (Ecofin): el Pacto de Estabilidad ha entrado en los meandros de la in-terguberna-men-tabilidad, es decir, también la Unión Económica y Monetaria (UEM) es susceptible de ser interpretada fuera de las reglas establecidas. Todo depende de las circunstancias políticas, el Gobierno afectado y, naturalmente, el peso específico de cada país. Para que lo entien-dan los lectores, a partir de ahora será más complicado aplicar las reglas que exigen a los Estados miembros respetar la disciplina presupuestaria.
Hemos entrado en una nueva casuística en la que pragmatismo, flexibilidad y sentido del compromiso, al parecer, cuentan más que las normas jurídicas. El Dere-cho, ya se sabe, procura la rigi-dez y la burocracia. Es mejor, se nos dice, aproximarse a la realidad de los problemas desde la valoración política teniendo en cuenta la oportunidad del momento. El momentum, mis queridos lectores, ha entrado en la UEM. Es un dato preocupante. A mí me ha tocado vivir algún que otro momentum en la vida comunitaria para saber que el paso dado por los ministros de Economía para salvar el problema de Alemania encierra en sí mismo el germen de futuros desarreglos institucionales.
Una de las mayores preocupaciones de los líderes políticos que tomaron la decisión de hacer la UEM fue cómo garantizar la estabilidad del sistema, una vez alcanzada la convergencia en torno a los criterios que se establecieron. Uno de ellos, no superar el 3% de déficit.
No fue fácil este acuerdo por la firme oposición del entonces ministro de Economía alemán, Theo Weigel, que nos impresionaba a todos con su dramático discurso sobre la opinión pública alemana, acostumbrada a la juiciosa estabilidad establecida por el Bundesbank, no podría aceptar más del 1% de déficit. Este pe-queño 1% espantaba a otros ministros que se suponían menos virtuosos que su colega y sus opiniones públicas me-nos dispuestas a aceptar esta disciplina colectiva.
Al final, se retuvo el compromiso del 3%, pero pa-ra no dar la impresión de que cualquier Gobier-no se acercaba al filo de la navaja del riesgo de superar el má-ximo del déficit se estable-ció un mecanismo de alerta: ¡Atención, las cosas no te van bien! Esta alerta pareció juiciosa y equilibrada y buen mé-todo para hacer comprender a la opinión pública del país concernido que había de hacer los deberes y a sus go-bernantes que su política económica no estaba dando los resultados esperados.
Pero, al parecer, hubo un olvido, que tiene que ver con el pragmatismo, la flexibilidad y el sentido del compromiso: estas reglas deberán ser aplicadas de preferencia a los pequeños Estados miembros; si se trata de un gran Estado miembro habrá que fabricar un compromiso ad hoc, y desde luego, las normas del Pacto de Estabilidad no se aplican nunca durante un periodo electoral. Así las cosas, el mensaje de los Estados miembros está claro y la Comisión Europea, que tiene la obligación jurídica de hacer cumplir los Tratados, deberá ser sensible en el futuro a este tipo de consideraciones.
No tiene nada que ver, absolutamente nada, pero esta situación me recuerda el momentum de las vacas locas. En aquel tiempo fuimos severos hasta la desesperación con los países que no terminaban de erradicar la peste porcina africana en su cabaña nacional. Apareció, de una manera alarmante en el Reino Unido, una enfermedad que afectaba a las vacas y que empezaba a sospecharse que podía trasmitirse a los humanos. Funcionaron las alertas, pero no se aplicaron las normas.
Políticos bienintencionados nos convencieron de que un país de la solidez y rigor del Reino Unido jamás se permitiría disimular ante tal pandemia y que, teniendo en cuenta el compromiso serio y formal del Gobierno británico, la enfermedad de las vacas locas se resolvería de un modo enérgico y ejemplar. La Comisión Europea aceptó un compromiso ad hoc para el caso y no aplicó las normas porque crearían alarma innecesaria, se lastimaría injustamente el prestigio del Reino Unido y el impacto sobre el mercado del vacuno tendría gravísimas consecuencias.
Ya sabemos lo que pasó luego. El coste en términos políticos, económicos y financieros fue infinitamente mayor que si inmediatamente después de las alertas se hubieran aplicado las reglas previstas para estos casos. No se hizo y se pago muy caro.
Para evitar sobresaltos al lector, repito, que son dos problemas que no tienen nada que ver, salvo en un detalle fundamental: jamás el compromiso político puede sustituir la aplicación de la ley. Si esto se entiende bien en cualquier país comunitario debe entenderse aun más cuando se trata de gobernar para 15 países. Yo espero que se cumplan los compromisos de retornar a la disciplina fiscal cuanto antes. Tengo mis dudas de que sea posible.