Mea culpa

El pasado lunes en la maravillosa isla de Lanzarote tuve ocasión de intervenir en el entorno de un seminario organizado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con expertos europeos, en un foro de reflexión acerca de la financiación de la jubilación.

Allí y en un tono irónico y desenfadado le hice a la persona que estaba a mi derecha, Ana de Vicente (catedrática de Economía Financiera), la reflexión siguiente: desde un punto de vista actuarial y partiendo de una estricta igualdad, la pensión de jubilación de la mujer debería ser menor que la del hombre por razón de que ellas viven más.

Rápida y ágil como un rayo me respondió Ana que no era cierto, ya que mi cálculo partía de un interés del 3% para determinar el capital del cual saldría la pensión y, sin embargo, si la gestión de la porción correspondiente a las mujeres la realizaran ellas, como son más listas y lo hacen mejor -idea que comparto absolutamente-, obtendrían con facilidad un rendimiento financiero de al menos el 4%.

Pero, sorprendentemente, algo que no pasaba de ahí, una ocurrencia jocosa y una respuesta brillante, se ha convertido en mi anatemización como sexista y machista (sería algo así como si a uno que cuenta o le hace gracia un chiste racista o sexista fuera por ese solo hecho racista o sexista). Cosa que nunca pretendí y que declaro ni soy ni pienso ni seré.

A raíz de esta polémica se han dado argumentos sólo descalificadores de la idea y de mí, habiéndose llegado, incluso, a la crítica en bloque del cálculo actuarial. Por eso creo que es importante alegar argumentos al respecto, pero racionales, no viscerales. La razón fundamental para no tomar en cuenta la distinción actuarial entre hombre y mujer se deriva de la propia naturaleza del sistema de pensiones, público, universal y obligatorio, por consiguiente se ha de partir de un universo en el que no es posible establecer discriminaciones previas para establecer el cálculo de la pensión, ha de hacerse tomando en consideración todo el colectivo protegido que no es otro que el de trabajadores cotizantes.

Podría pensarse incluso en el absurdo de establecer discriminaciones con ocasión de la raza, no olvidemos que los ecuatorianos son más longevos que los españoles y un fumador tiene una menor esperanza de vida que otra persona que no lo es. A pesar de que la esperanza de vida de la mujer sea de 85 años frente a 81 de los hombres, lo que desde el punto de vista de la matemática financiera supone una renta en torno al 17% inferior, a igualdad de aportaciones, para el grupo de mayor edad.

El problema se planteará, sin embargo, y ya se plantea parcialmente en relación con los sistemas complementarios de previsión social. Veámoslo. Estos sistemas deben ser precisamente eso, complementarios, y adaptarse por ello a la estructura del sistema público para completarlo.

Aquí juegan las compañías privadas, ya fueren fondos de pensiones, de inversión, mutualidades o compañías de seguros y, a menos que se hiciera un bloque con todas ellas, estas entidades sí deben establecer discriminaciones actuariales por razón de esperanza de vida, entonces las ayudas públicas, existentes o por venir, deben dar un trato de favor a las personas más longevas en términos de estricta justicia.

Lo que me preocupa es que se diga al socaire de la polémica surgida que hay temas de los que no se puede hablar ni en broma.

Yo me niego y proclamo que se puede y se debe hablar de todo, y reflexionar de todo lo divino y humano. Si no, estaríamos de nuevo en la vieja polémica de paz o libertad. Evidentemente opto decididamente por la segunda, y siempre con verdad. Y lo que me hace gracia es que los partidos de la oposición nieguen la posibilidad de reflexión libre. A todas luces hubieran no ya juzgado, sino crucificado a Galileo. Como que quieran atribuir a una simple reflexión en tono jocoso, en una reunión de expertos y con destinatario, el carácter de globo sonda o de nada más ni nada menos que una propuesta. El negar el pensamiento libre todos sabemos cómo se llama.