EE UU investiga si Andersen obstruyó a la justicia en el 'caso Enron'
La sorprendente suspensión de pagos de la séptima corporación de EE UU, el grupo energético Enron, está teniendo un efecto dominó cuyo final es difícil de predecir. Las fichas se han movido en la Casa Blanca, donde se recibieron llamadas de ejecutivos del grupo pidiendo ayuda. Pero ahora las investigaciones se centran en la auditora de Andersen. El Senado de EE UU quiere esclarecer si la firma ha intentado obstruir la labor de la justicia.
Las investigaciones abier-tas por el Congreso y el Senado de EE UU están empezando a proyectar luz sobre los protagonistas del caso Enron. Por parte de la firma -auditora Andersen, y tras las re-ve-la-cio-nes la semana pasada de la destrucción o pérdida de un "número indeterminado de documentos", emerge ahora un nuevo personaje: un abogado de la propia firma. Según los documentos en po-der de los congresistas y reve-lados por la revista Time, este abogado fue el responsable de un memorándum que data del día 12 de octubre de 2001 en el que se ordenaba la destrucción de documentos relativos a la cuenta de Enron.
El senador demócrata y presidente de la comisión de investigación en la Cámara alta, Joseph Lieberman, ha dicho que las fechas en las que se produjeron estas órdenes hacen pensar que la firma auditora pudiera haber tratado de obstruir la labor de la justicia destruyendo pruebas. Según Lieberman, la auditora sabía que Enron estaba en "serios problemas y que se les iban a caer encima".
La situación de Andersen se complica día a día, ya que en diciembre el presidente de la firma, Joseph Berardino, dijo en el Congreso que Enron "podría haber cometido actos ilegales".
El hecho es que el 16 de octubre, cuatro días después de la orden para destruir los documentos, Enron informó a la SEC (órgano regulador de la Bolsa) de unas pérdidas trimestrales de 618 millones de dólares, y el 31 de ese mes, la SEC abrió una investigación formal sobre la empresa. El 2 de diciembre, la empresa tejana de energía, presidida por Kenneth Lay, solicitó la suspensión de pagos.
Detalles
El papel de Andersen también será reexaminado en el Congreso. El demócrata John Dingell dijo ayer que el Comité de Comercio del Congreso centrará sus investigaciones sobre posibles delitos de información privilegiada en Enron y la destrucción de documentos.
Por lo que se refiere al primer punto, los representantes en la Cámara baja quieren conocer los detalles de la venta de acciones por parte de algunos ejecutivos que hicieron plusvalías por más de 1.100 millones de dólares, mientras los empleados que tenían invertido su dinero y pensiones en acciones tenían prohibido mover su dinero.
El delito de información privilegiada también va tomando forma. El Congreso tiene una carta de una empleada de Enron a Lay en la que le advierte del peligro de la contabilidad que practicaba la empresa. Por entonces, Lay seguía animando a invertir en Enron.
En cuanto a la destrucción de documentos, según el Instituto Americano de Certificación de Cuentas Públicas, no hay normas que especifiquen cuánto tiempo deben las auditoras conservarlos, aunque la costumbre es de seis años.
Este episodio reaviva ahora la polémica que hace dos años tuvieron las auditoras con el entonces presidente de la SEC, Arthur Levitt. Entonces, Levitt quiso restringir las actividades de consultoría por parte de las auditoras por posible colusión de intereses. Levitt perdió esta batalla y ayer salió a la palestra para decir, en declaraciones a Bloomberg, que el sistema ha fallado.
Mientras tanto, las investigaciones sobre las llamadas a altos cargos de la Casa Blanca se mantienen en un segundo plano, ya que ni el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, ni el secretario de comercio, Donald Evans, hicieron nada por ayudar a la compañía.
La acusación que se hace al Gobierno es la de no actuar para proteger los ahorros y las pensiones de parte de los 4.000 trabajadores de Enron. De todas maneras, la batalla política es más sorda. Al fin y al cabo, Enron ha sido el más generoso contribuyente a la campaña de Bush, pero la mitad de los congresistas y el 75% de los senadores han recibido ayudas de la empresa de Lay para sus campañas.
Por otro lado, Enron no hizo ayer públicos los términos de la venta de su filial de intermediación.
El viernes, la empresa decidió que era UBS Warburg quien se quedaba con el 51% de la empresa. Ayer, The New York Times apuntaba que los términos de la transacción habían cambiado y que UBS se habría quedado con el 100% de la empresa y la energética de Tejas habría cedido el 49% que pensaba conservar a cambio de un porcentaje en los beneficios en los próximos dos años.
Récord de quiebras en 2001
Enron es uno de los nombres de la lista de quiebras y suspensiones de pagos que se produjeron el año pasado. De acuerdo con un estudio de la agencia de valoración de crédito Standard & Poor's, 2001 ha sido un año en el que se ha batido el récord de bancarrotas y de impagos. Según S&P, 211 empresas de todo el mundo fueron declaradas en quiebra con una deuda conjunta de 115.400 millones de dólares (129.111 millones de euros). El anterior récord se estableció sólo un año antes, cuando 132 empresas suspendieron pagos de 42.300 millones de deudas.
La mayoría de las quiebras se produjeron en EE UU, cuya economía entró en recesión ese mismo año. De las 162 empresas afectadas, Enron se perfila como el caso más grave, pero no el único dentro del sector energético en el que también cayeron Pacific Gas & Electric y Southern California Edison. No obstante, la mayoría de las empresas quebradas pertenecían al sector de las telecomunicaciones (el 39% de las bancarrotas globales). Argentina continúa de lejos una lista en la que inscribe 15 quiebras de empresas, seguida de Canadá, Reino Unido, Australia y Polonia.