El auditor halla deficiencias de dotaciones en el Instituto Valenciano de Finanzas
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo de la Generalitat encargado de la gestión de la deuda, el control de entidades financieras y concesión de créditos, no provisionó suficientemente el riesgo de insolvencias de su inversión crediticia del año 2000, según revela la Sindicatura de Cuentas en su último informe fiscalizador de la Generalitat.
Según la sindicatura -equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas-, el IVF acabó el año con una inversión crediticia de 220,79 millones de euros (36.736 millones de pesetas) y sus dotaciones, "atendiendo a criterios de morosidad y situación financiera de las empresas prestatarias", debieron ser un 17% superiores a las establecidas, lo que significa 1,8 millones de euros más (300 millones de pesetas).
El IVF, que dirige José Manuel Uncio, es una entidad de derecho público que no tiene ficha de entidad financiera, aunque su reglamento le permite conceder créditos y avales a empresas. El síndico reconoce esta situación y anuncia una reforma de la normativa del Instituto, al que recomienda adoptar los criterios contables "para el adecuado registro de los préstamos y avales, de acuerdo, en su caso, con la normativa establecida por el Banco de España para las entidades de crédito".
El informe fiscalizador hace referencia a las garantías prestadas por el IVF, "que no se encuentran registradas contablemente", en especial a las concedidas en favor de una empresa -no la identifica-, prestataria a su vez del instituto. Las garantías cubren dos préstamos bancarios por un total de 5,41 millones de euros (900 millones de pesetas), ampliables a 7,21 millones (1.200 millones de pesetas) durante el año 2001.
Según el síndico, "dada la situación financiera de la citada empresa y sus antecedentes de morosidad en operaciones crediticias concertadas con el instituto (consideradas de dudoso cobro y provisionadas al 100%), se desconoce si finalmente la empresa atenderá los pagos derivados de ambos préstamos garantizados y, en su caso, la posible reclamación de las garantías prestadas por el IVF".
Las salvedades expuestas por el síndico sitúan las pérdidas del IVF en 2,4 millones de euros en el año 2000, en lugar de los 1,8 millones de beneficios que declaró.