Los poderes de Bush para firmar pactos comerciales estarán llenos de cortapisas
El presidente George Bush ha lanzado las campanas al vuelo porque la Cámara Baja del Congreso le ha otorgado poderes especiales para firmar acuerdos de libre comercio y el Senado promete hacerlo después de Navidad. Pero para conseguirlo han tenido que hacerse concesiones que ponen en peligro la firma de nuevos acuerdos.
De cara a la galería todo son parabienes y palmadas en la espalda. Pero la tensión es palpable en el Capitolio. La ley que permitirá a Bush firmar acuerdos de libre comercio sin que puedan ser enmendados por el Congreso ha sido aprobada por un sólo voto de diferencia en la Cámara Baja. Y para conseguir esta pírrica victoria ha sido preciso hacer importantes concesiones a algunas industrias que ven con temor la apertura de fronteras.
Para empezar, el texto prohíbe al presidente firmar acuerdos en los que se reduzcan los aranceles de determinados productos agrícolas (a menos que reciba autorización previa del Congreso). Una concesión incluida en el último minuto para captar a los legisladores de Estados con fuertes industrias de cítricos y azúcar (con Florida a la cabeza), y que dificultará las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
Además, algunos creen que el texto es lo suficientemente vago como para que se incluyan en esta protección otros productos como la carne de vacuno, los lácteos y muchas verduras.
Antes de poder iniciar cualquier negociación agrícola, Bush tendrá que encargar un estudio a la Comisión de Comercio Internacional de EE UU para ver cuáles serán los efectos sobre los productores norteamericanos. Dichos informes seguramente serán utilizados como arma arrojadiza por los congresistas para intentar limitar la actuación del presidente o conseguir compensaciones a cambio de cualquier cesión comercial.
Los promotores del proyecto también han hecho promesas proteccionistas a congresistas de Estados con fuertes industrias textil (Carolina del Norte y del Sur) y del acero (Pennsilvania).
El canje propuesto a muchos fue el de "vote a favor de esta ley por razones patrióticas y de emergencia" (Bush necesita mano libre para sellar pactos comerciales que impulsen el crecimiento y refuercen la coalición internacional contra el terrorismo), y a cambio le prometemos ayudas y protección a sus industrias.
Minutos antes de que terminara la votación, y cuando parecía claro que el resultado iba a ser negativo, los líderes republicanos de la cámara baja del Congreso (Dennis Hastert, Richard Armey y Tom Delay) firmaron una carta en la que se comprometen a "utilizar todos los medios" a su alcance para conseguir protecciones adicionales para la industria textil de EE UU.
Con ello consiguieron que el republicano Jim DeMint, de Carolina del Sur, cambiara su posición y votara a favor del acuerdo. Pero para cumplir esta promesa tendrán que dar marcha atrás en algunas de las ventajas comerciales ya otorgadas a países del Caribe y la Zona Andina durante el Gobierno de Bill Clinton.
El triunvirato republicano también se comprometió a conseguir "al menos 20.000 millones de dólares" para trabajadores "desplazados" como consecuencia del libre comercio. Es decir, a quienes pierdan su empleo por el aumento de las importaciones o el traslado de operaciones a otros países. "Esta oferta, señalaban en otra carta conjunta, animará a algunos colegas demócratas a apoyar la (ley de) autoridad para promover el comercio".
Otros legisladores cedieron su voto a cambio de favores o promesas que poco o nada tienen que ver con el libre comercio. El demócrata tejano Ruben Hinojosa votó que sí después de que le prometieran más dotaciones de fondos educativos para su distrito. El republicano Robert Schaffer, de Colorado, recibirá 10 millones de dólares para renovar el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de su distrito.
La ley pasará ahora al Senado, donde se espera que obtenga voto favorable a principios del 2002. Pero allí puede recibir otras enmiendas que limiten aún más la actuación del presidente.