Los empresarios critican a Birulés por la ley de la sociedad de la información
Dos importantes patronales de los sectores de Internet y la distribución, Asimelec y ANF, están en pie de guerra contra la nueva ley sobre sociedad de la información. Los proveedores de servicios acusan al Gobierno de convertirse en el censor de Internet. Las empresas de distribución aseguran que se quiere rebajar la seguridad de la firma electrónica. Ciencia y Tecnología se defiende con el argumento de que legisla siguiendo las directrices de la UE. La ley del comercio electrónico irá al Consejo de Ministros próximamente.
La patronal Asimelec, que agrupa al 80% de los proveedores de servicio de Internet, ha mostrado su rotunda oposición al anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico que está a punto de ser aprobada por el Consejo de Ministros tras recibir los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.
Asimelec, patronal en la que están incluidas empresas como Airtel, Arrakis, BT Telecomunicaciones, Retevisión, Telefónica Data, Terra y Ya.Com, define la nueva regulación como "una férrea herramienta de control demasiado intervencionista con unos controles administrativos que representan claras barreras para las pymes y el desarrollo del sector". La asociación insiste en que ha hecho llegar sus criticas al Ministerio de Ciencia y Tecnología en varias ocasiones sin obtener respuesta alguna.
Los proveedores de servicios se sienten especialmente molestos por las obligaciones que el anteproyecto les atribuye en relación con los contenidos. El texto señala que los proveedores deben comunicar a las autoridades judiciales o administrativas cualquier actividad ilícita de sus clientes y a ofrecer toda la información que permita identificarlos. "Este punto nos obliga a establecer un control permanente de nuestros usuarios y a ejercer de censores, un papel que no nos corresponde", alega José Pérez García, director general de Asimelec.
Otro de los aspectos más polémicos es el hecho de que las investigaciones puedan realizarse por solicitud de una autoridad administrativa y no exclusivamente con una orden judicial. Asimelec cree que esta medida atenta directamente contra los derechos básicos de los ciudadanos y que puede considerarse anticonstitucional.
Además, la asociación cree que los medidas exigidas para conservar los datos de los clientes y controlar todos los contenidos suponen unas inversiones que las empresas más pequeñas no van a ser capaces de asumir.
Tampoco está de acuerdo con la prohibición del envío electrónico de comunicaciones publicitarias o promocionales sin previa autorización del usuario que contempla el anteproyecto. Los proveedores opinan que se está eliminando cualquier tipo comunicación comercial con sus clientes, lo que supone una fuerte barrera para su negocio.
Freno a la libre expresión
"Estas medidas son un freno para la libertad de la expresión y el desarrollo de la sociedad de la información", afirma Pérez. Asimelec, en definitiva, está totalmente en contra del anteproyecto, y mantiene que no es necesario crear un marco específico para Internet cuando ya existen otras leyes claras que regulan estos aspectos en la legislación actual.
Un portavoz del Ministerio de Ciencia y Tecnología mostró su sorpresa por la posición adoptada por Asimelec. Rechazó en primer término que la Administración no haya negociado con esta patronal. "Hace nueve meses que el texto del anteproyecto de ley está en la página web del ministerio y hemos recibido cientos de sugerencias y nos hemos entrevistado con todo aquel que lo ha solicitado". La misma fuente aseguró que el proyecto de ley "no otorga al Gobierno ninguna competencia de intervención en los contenidos de Internet que no tuviera ya con anterioridad".
El anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico está ya listo para que esta semana, o a lo más tardar la próxima, sea aprobado por el Consejo de Ministros tras haber recibido el dictamen favorable del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.
Cambio legal para la firma electrónica
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha decidido abrir un periodo de consultas para modificar la legislación sobre la firma electrónica. El departamento dirigido por Anna Birulés asegura que ha decidido tramitar como ley el decreto-ley que desde hace dos años regulaba esta materia.
El mero hecho de que la normativa esté en estos momentos en fase de reconsideración ha encendido las alarmas en una de las mayores asociaciones empresariales del sector de la fabricación de productos de gran consumo. La Asociación Nacional de Fabricantes (ANF), entidad que agrupa a casi 200 empresas con una facturación global de tres billones de pesetas, teme que este nuevo cambio normativo se esté articulando para rebajar sustancialmente los niveles de seguridad que establecía, hasta ahora, la norma.
ANF incluso asegura que el Gobierno está recibiendo fuertes presiones del sector empresarial para que rebaje las exigencias de seguridad que deben cumplir las entidades de acreditación.
Estas entidades serían las encargadas de emitir y garantizar que los certificados que acreditan que las empresas que necesitan identificarse ellas mismas y a sus clientes a través de la Red son efectivamente ellas y no otras.
Sin embargo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología niega que sus intenciones sean cambiar la Ley de Firma Electrónica para rebajar sus niveles de seguridad.
Fuentes de este ministerio aseguran que la norma española está elaborada "de acuerdo con los requerimientos tecnológicos establecidos por la directiva comunitaria 1999/93 de 13 de diciembre y no es posible modificarlos ni por arriba ni por abajo". "No vamos a exigir nada a nadie, queremos que sea el mercado el que coloque a cada uno en su sitio", explican.