<i>Premiar la insolidaridad</i>
El Gobierno yerra al propiciar el ahorro fiscal de las empresas cuando es más necesario asegurar la inversión directa con una mayor iniciativa pública.
El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2002 no fue bien recibido ni aun en los ámbitos más afines al Gobierno, que en el mejor de los casos se abstuvieron de formular públicamente sus críticas, pero tampoco los defendieron. Podría decirse que la confianza en la capacidad del equipo económico del Gobierno para afrontar el cambio de ciclo que se avecina es-tá bajo mínimos. Para colmo, tampoco le aportan al Ejecutivo la solvencia política de otras etapas. Al contrario, los titulares de Hacienda y de Economía son precisamente los miembros del Consejo de Ministros más necesitados de apoyo dadas las responsabilidades que se les atribuyen en el asunto Gescartera.
Entre la escasa credibilidad del Presupuesto y la tensión política generada por el escándalo financiero, el Gobierno se ha precipitado a lanzar un nuevo paquete de medidas fiscales incorporadas a la Ley de Acompañamiento orientadas supuestamente a reanimar la actividad económica y la inversión. Se ha confeccionado con tanta premura que el Consejo Económico y Social no ha podido emitir su dictamen y por primera vez a lo largo de su existencia ha tenido que criticar formalmente al Gobierno por el procedimiento empleado.
Las medidas son en esencia una rebaja de impuestos a las empresas y a las personas con rentas más elevadas. Para éstas supone la optimización de sus aportaciones a distintos tipos de planes de pensiones. Y la única medida que pudiera favorecer a trabajadores con retribuciones medias, a través de la potenciación de los fondos de pensiones en las pymes, es la que se limita a la deducción del 10% de las cuantías en el impuesto de sociedades. Pero incluso sus hipotéticos beneficios están en cuestión, ya que se han aprobado las bonificaciones sin haberse definido la estructura global de este tipo de planes mediante un mínimo consenso social.
Entre las dirigidas a las empresas sobresalen la reducción del 35% al 30% en el impuesto de sociedades por los primeros 90.000 euros de beneficios, ampliada ahora para las que lleguen a los cinco millones de euros de facturación anual, y otra considerable rebaja del 35% al 18% en la tributación por las plusvalías reinvertidas. En suma, la merma de la recaudación puede estimarse en unos 2.000 millones de euros, equivalentes a tres décimas del PIB, que difícilmente podrán compensarse con el crecimiento económico que la doctrina al uso siempre vaticina para justificar estas políticas fiscales y que casi nunca se ha verificado en la práctica.
Lo seguro, de momento, es que en el próximo ejercicio fiscal se dejará de ingresar más de un billón de pesetas, entre los efectos de la reforma del IRPF sancionada en la anterior legislatura y las nuevas deducciones apresuradamen-te aprobadas en el Consejo de Ministros la semana pasada.
Esta pérdida añadida de ingresos lejos de recomponer la credibilidad de los Presupuestos de 2002 la debilita aún más, porque uno de los pilares más vaporosos del equilibrio presupuestario era precisamente el cálculo de los ingresos previstos, improbables de lograr ni con el excesivamente optimista objetivo de crecimiento al 2,9% y directamente imposibles de alcanzar con el desprendimiento del que ha hecho gala el Gobierno a última hora.
Además de ponerse en el más difícil todavía para cumplir con el Presupuesto de 2002, el Gobierno yerra el tiro propiciando el ahorro fiscal de las empresas cuando es más necesario alentar la demanda de consumo en momentos de tanta incertidumbre a escala mundial y asegurar la inversión directa con una mayor iniciativa pública. Como tampoco es muy edificante profundizar en el desequilibrado reparto de los esfuerzos, pidiéndole a los asalariados que contengan sus demandas salariales al tiempo que premia con rebajas de impuestos a quienes han tenido un comportamiento insolidario e irresponsable inflando los precios de sus productos durante los dos últimos años para obtener mayores beneficios.
Ya que no distribuye con equidad ni los sacrificios ni los premios, el Gobierno tendría al menos que garantizar el pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos para que el conjunto de las prestaciones sociales, incluidos los subsidios de desempleo, puedan paliar mínimamente las consecuencias del periodo de vacas flacas que tampoco parece haber sabido prevenir.