Gestión de políticas públicas por empresas
La Sepi debería haber rendido cuentas anuales al Congreso dada la importancia de su actividad, habiendo gestionado casi tres billones de pesetas entre 1996 y 1999.
En el año 1992 hubo un conjunto de operaciones presupuestarias de la Administración central que dieron lugar a una fuerte polémica, ya que por su importancia cuantitativa podían influir en la cuantificación del déficit público en razón de los principios contables aplicados. Sobre este tema escribí dos artículos: "El déficit público en 1992" (Cuadernos de Información Económica Fies, número 71, febrero de 1993) y "Los problemas de la determinación del déficit público" (Revista del Instituto de Estudios Económicos, número 3, 1993), que tuvieron gran reso-nancia, pues discrepaban de los criterios que el Ministerio de Hacienda había empleado para determinar la necesidad de financiación de las Administraciones públicas. Entre dichas operaciones se encontraban las referentes a la privatización de empresas públicas y las ventas de oro y divisas por el Banco de España.
Los ingresos procedentes de plusvalías obtenidas en la privatización de empresas públicas se venían aplicando en España y en otros países de la Unión Europea a la rúbrica Dividendos y otras rentas distribuidas por sociedades (R.44) de la Cuenta de la Renta, y por tanto incidiendo en una disminución del déficit público. Eurostat, por decisión de 1997, estableció que los ingresos procedentes de privatizaciones directas e indirectas de empresas públicas debían recogerse en operaciones financieras, y por tanto sin efecto sobre el déficit público. Igualmente Eurostat, por decisión de febrero de 1997, fijó que las ventas de oro y de divisas por los bancos centrales y las transferencias a las Administraciones públicas de las plusvalías que estas ventas generen se registren como operaciones financieras, sin incidencia por tanto en la reducción general del déficit público. Cuatro años después Eurostat vino a confirmar que el criterio por mí sostenido era el correcto.
Existen casos en que la Administración pública no gestiona los fondos para adquirir activos rentables, como hacen los accionistas privados, sino para lograr objetivos de política social o colectiva para los que puede no disponer de capital privado; tratándose, por tanto, de una gestión de activos con fines de política pública. En este caso se encuentran las aportaciones de capital a sociedades públicas (Ente Público de Gestión de Infraestructuras Ferroviarias y sociedades estatales para la construcción y explotación de obras hidráulicas), que han sido analizadas en el artículo publicado en este diario el 11 de agosto de 2001, obteniendo la conclusión de que los criterios contables aplicados originan una minusvaloración del déficit del Estado del 0,2% del PIB. En el artículo de hoy abordaremos el tema de la creación de un holding público (SEPI) para gestionar la reestructuración del sector público empresarial.
En 1995 se dispuso la desaparición del Instituto Nacional de Industria (INI) y del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) y la creación de la SEPI, de la Agencia Industrial del Estado (AIE), que recogería las empresas deficitarias y de Teneo. Con el objetivo de simplificar, modernizar y ahorrar costes, Teneo desaparece y traspasa su balance a SEPI, y en 1997 para completar el proceso de racionalización, las empresas de la AIE pasan a SEPI, disponiendo el Real Decreto-ley 15/1997 que ni SEPI ni sus sociedades participadas podrían recibir aportaciones de ningún tipo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que SEPI dispondría de autonomía financiera para realizar cuantas actuaciones resulten necesarias en sus empresas a cuyo efecto se dotará de unos fondos propios suficientes, provenientes de los ingresos derivados de sus operaciones de todo orden, entre ellos los de privatizaciones. Desde la aprobación del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial en junio de 1996, SEPI ha obtenido unos ingresos propios por enajenaciones de 2,8 billones de pesetas hasta 31 de diciembre de 1999 (excluyendo la venta de las filiales de sus empresas), que han sido destinados al saneamiento y consolidación de sus empresas.
De lo que llevamos expuesto resulta que el holding público SEPI no mueve los fondos entre las empresas del grupo como parte de una estrategia empresarial para el grupo, del mismo modo que lo haría una sociedad privada, sino que su función es reestructurar y cambiar la propie-dad de las empresas públicas a través de privatizaciones, canalizando los fondos de una a otra, redistribuyendo la renta y el patrimonio. La función principal de SEPI es organizar la privatización en las mejores condiciones posibles, destinando los ingresos obtenidos de la venta de acciones a otras empresas públicas, propiedad o no de SEPI, a través de ayudas, préstamos o aportaciones de capital.
Para el Sec 95 (Sistema Europeo de Cuentas) estos proyectos de reorganización del sector público empresarial, que implican gestionar activos y redistribuir la renta y el patrimonio, es una aplicación directa de una estrategia macroeconómica de la Administración central, que utiliza un intermediario, en el caso español SEPI, para una gestión de activos con fines de política pública, es decir, para lograr objetivos de política social o colectiva, que se realiza en nombre de la Administración pública. Por tanto, el SEC 95 establece que cuando la mayor parte de la actividad de un holding público consiste en actuar con fines de política pública (privatizar, ayudar a empresas públicas), en nombre de la Administración pública, el holding público debe integrarse en el sector Administraciones públicas, independientemente de su personalidad jurídica.
Dada la importancia de la actividad de la SEPI, que en el periodo 1996-1999 ha gestio-nado casi tres billones de pesetas, SEPI debería haber rendido cuentas anuales al Congreso, en las que se detallara de manera pormenorizada el origen de los fondos y las aplicaciones dadas a los mismos, tanto para someter su actividad al control político como para que los ciudadanos hubieran tenido conocimiento detallado de los destinos da-dos a los fondos procedentes de las privatizaciones.
Según resulta de la publicación de SEPI Industria pública: balance 1996-2000, los 2,8 billones obtenidos de la privatización de las empresas de ella dependientes se han destinado a tres líneas de actuación: saneamiento del sector público empresarial, consolidación de proyectos empresariales de futuro en cada una de las compañías y constitución de un volumen de fondos propios suficientes para el mantenimiento futuro de la autonomía financiera de SEPI, sin dependencia de los Presupuestos del Estado.