El fondo de garantía de inversiones tendrá un capital de 25 millones

El lunes se reunirán en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una decena de representantes de las firmas de Bolsa para dar forma al fondo de garantía de inversiones. En el orden del día, tres puntos. La constitución del fondo, con un capital de 25 millones de pesetas, la distribución de las cuotas y la derrama necesaria para tapar los agujeros de Gescartera y AVA. Mientras, CNMV y Banco de España preparan la circular oficial.

Banco de España y CNMV planean distribuir la circular donde se detalle el régimen económico del fondo de garantía de inversiones antes de que acabe el mes. Pero antes hay que limar un buen número de asperezas entre las firmas afectadas. Para ello se reúne el lunes el grupo de trabajo designado por los miembros del mercado.

En el orden del día de la reunión, que se celebra en la sede de la CNMV, figuran tres puntos. El primero está ya consensuado: el fondo de garantía de inversiones nacerá con un capital social de 25 millones de pesetas (150.000 euros). Este es el punto menos polémico. La CNMV prefería 50 millones, pero ha aceptado 25.

En cuanto al régimen de pagos por parte de los partícipes, el real decreto aprobado a principios de agosto establecía que las firmas de valores pagarán una cuota anual que equivaldrá al dos por mil del dinero en efectivo que los clientes hayan depositado en ellas más el 0,1 por mil de los activos gestionados. Este punto se da ya por aprobado, y los miembros del mercado no han mostrado oposición.

El principal problema está en que el fondo es retroactivo, es decir, que nace con la obligación de indemnizar a los afectados por los agujeros de AVA y Gescartera. Una indemnización que puede alcanzar los 40.000 millones de pesetas (240 millones de euros). El propio real decreto estipula que, cuando los recursos del fondo de garantía no sean suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas, "la sociedad gestora de un fondo requerirá a las entidades adheridas a aquél la realización de las derramas necesarias para subsanar el correspondiente desequilibrio patrimonial".

El pago de esta derrama aún está por acordar. El decreto asume que se hará en función de dos variables: el número de clientes y el volumen de activos. La propia obligación de hacer frente a derramas ha chocado la oposición frontal del sector. "Nosotros no vamos a pagar lo que hicieron unos delincuentes", comenta un miembro del mercado.

Consenso imposible

Lógicamente, si la propia derrama genera tensiones, acordar la distribución de un pago que puede ascender a 40.000 millones es una tarea casi imposible. Además de la falta de consenso, hay algunos aspectos formales difíciles de solucionar, como el propio concepto de cliente, complicado de definir. Numerosas unidades familiares tienen abiertas cuentas de valores a nombre de varios miembros por razones fiscales.

Otro obstáculo añadido es el argumento de las firmas de valores bancarias, que quieren eludir sus contribuciones al fondo porque consideran que ya tienen mecanismos de garantía para el inversor. También es problemática la postura de las agencias y sociedades no miembros de Bolsa, que se consideran discriminadas.

El decreto admite que las firmas que sean miembros de Bolsa se segreguen del fondo principal y formen otro paralelo con el patrimonio separado del resto. En la práctica, ello supondría que las firmas miembros de Bolsa no responderán de los agujeros generados en firmas no miembros. Los no miembros tienen un músculo financiero mucho menor, pero tanto AVA como Gescartera estaban en este grupo.

Primero, un fondo único

De todos modos, inicialmente se creará un único fondo, de modo que la derrama necesaria para cubrir AVA y Gescartera se pagará entre todos, miembros y no miembros. Lo que todavía no está claro es si la banca conseguirá, finalmente, eludir los pagos al fondo de garantía de inversiones. En este sentido, fuentes del mercado comentan que, aunque las firmas de Bolsa bancarias pasen a formar parte del fondo, la cuota que paguen puede reducirse significativamente si deciden que la mayor parte de sus depósitos de activos se localicen en el banco y no en la firma.

Asimismo, fuentes relacionadas con el caso comentan que, dado que la decisión de crear este fondo (y, sobre todo, de hacerlo retroactivo) fue política, la solución a la falta de acuerdo actual deberá ser también política. Para la financiación de la derrama, el real decreto admite que el fondo de garantía de inversiones pida financiación para hacer frente a sus obligaciones. Puede darse el caso, pues, de que alguna entidad, administrativa o no, financie al fondo de garantía para que pueda indemnizar a los afectados por Gescartera y AVA.

Posteriormente, las entidades adheridas al fondo devolverían el préstamo durante los ejercicios sucesivos y con cuotas que irían en función tanto del número de clientes como de los activos gestionados.

 

Las tensiones que genera la retroactividad del fondo

Agobiado por la dimensión creciente del escándalo Gescartera, el Gobierno aprobó por vía de urgencia y real decreto un fondo de pensiones retroactivo. Dentro de lo malo, lograba así que los 2.000 o más inversores afectados por el mayor agujero de la historia de los mercados españoles recuperasen parte de su dinero.

Pero, claro está, no hay nada gratis. Los paganos, tal y como está redactado el decreto, eran las casas de valores. La obligación de pagar los platos rotos por un delincuente muy bien relacionado y, al tiempo, muy mal vigilado, levantó ampollas en el Wall Street madrileño.

Las firmas, que consideran lógico y aceptan que se cree un fondo de garantía como el existente en otros países europeos, consideran una aberración que sea retroactivo. Y por ello, además del rechazo frontal a la norma tal y como se ha redactado, han aflorado tensiones y desacuerdos entre los propios intermediarios. Que se han agudizado al conocerse que la banca quiere lavarse las manos.

Pero la retroactividad del fondo no es invento de este verano. En mayo de 1998 el Gobierno redactó la Ley del Mercado de Valores. Siguiendo una directiva europea de 1993, la norma que incluía la creación de un fondo de garantía.

Entonces estaba aún caliente el caso AVA, agencia que había hecho desaparecer los ahorros de 3.500 pequeños inversores. Así, la oposición planteó que el fondo fuese retroactivo, para compensar a estos ahorradores. CiU, que apoyaba al PP cuando no tenía mayoría absoluta, votó contra el Gobierno, y la ley incluyó un fondo retroactivo.

Ello provocó un visible enfado en Rodrigo Rato, que calificó la norma de fraude político. Y el PP no desarrolló el reglamento del fondo de garantía, cuya creación quedó congelada. Hasta que llegó Gescartera.