Sólo cuatro regiones tienen menos del 50% de presencia política en las cajas

La mayoría de las comunidades autónomas han aumentado en sus legislaciones el peso de consejeros generales que representan a administraciones públicas en las asambleas de las cajas, en detrimento de los impositores. El resultado es que en siete de ellas (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y el País Vasco) la representación local y regional supera el 50%. Si se suma la participación de las entidades fundadoras, generalmente ayuntamientos, el dominio político afecta nada menos que a 13 autonomías. Sólo se libran cuatro.

Aragón y Baleares son las dos únicas que se libran, de forma más explícita, de la creciente politización. Cataluña y Galicia están también por debajo del límite del 50% de representación política en las asambleas generales, el límite que a instancias de Bruselas y a petición del propio sector tiene previsto imponer el Gobierno en la futura Ley Financiera. Pero en estas dos autonomías los límites son mucho más borrosos, según las entidades.

Aunque la Lorca (la ley que regula las normas básicas sobre los órganos rectores de las cajas) fija los porcentajes de representación de los distintos grupos en las asambleas generales, éstos no vinculan a las comunidades autónomas, ya que el precepto no tiene carácter de norma básica. De ahí que la mayoría de los Gobiernos regionales hayan optado por modificarlos en sucesivas legislaciones. La consecuencia ha sido una creciente politización que ahora puede pasar factura a las cajas de ahorros españolas, desde hace tiempo bajo la lupa de Bruselas. Y es que una directiva comunitaria del año pasado considera que los préstamos que hagan entidades financieras cuya representación política supere el 50% se consideran ayudas públicas.

La Lorca da una primacía a los impositores sobre los demás grupos, con una porcentaje de representación del 44%. Las corporaciones municipales tendrían un 40%, las personas o entidades fundadoras, un 11%, y los empleados de las cajas, un 5%. Eso significaría que en el caso de que las entidades fundadoras fueran ayuntamientos, diputaciones o cabildos y éstos desearan realizar toda la designación de consejeros generales que les confiere la ley, la presencia pública estaría en el 51%, ya algo por encima de lo que marca la normativa comunitaria.

Legislaciones autonómicas

Pero un repaso rápido a las leyes autonómicas revela que la situación de las cajas, en general, es peor que eso en cuanto a peso político. Lo cierto es que hay comunidades autónomas en las que la presencia pública ya supera este porcentaje sin contar siquiera con los consejeros designados por las entidades fundadoras.

Así, Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y el País Vasco son las autonomías con leyes de cajas más politizadas. En Andalucía, la suma del 35% de los representantes elegidos por las corporaciones locales más el 21% que se arroga la Junta de Andalucía implica que la presencia de los políticos en las cajas de esa región llega hasta el 56%. En Cantabria, al 63%; en Valencia, al 56%; en Castilla-La Mancha, al 58%; en Murcia, al 63%; en País Vasco, al 54%. En muchos de estos casos, el peso aumenta todavía más si se tiene en cuenta el carácter de las entidades fundadoras, como en Murcia, donde el fundador es el gobierno regional y tiene una representación en las asambleas del 30%; o el País Vasco, donde forman parte de las entidades fundadoras los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

La Ley de Cajas de Castilla y León recién aprobada deja la representación política en el 47%, pero sin contar con entidades fundadoras.

Curiosamente Navarra, donde el presidente de la autonomía es también presidente de la caja de ahorros, es la única región donde se ha respetado el peso para los impositores marcado por la Lorca (el 44%).