El retraso de la reforma de Enagas y CLH demora la liberalización energética

Un año después de que el Gobierno aprobara los cinco reales decretos-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, numerosas iniciativas contenidas en aquel agresivo plan siguen sin ser desarrolladas, en especial las que hacían referencia al mercado energético, lo que ha motivado malestar e incertidumbre en el sector y escasos efectos sobre los precios, principal objetivo del Ejecutivo al aprobar los decretos. De hecho, la inflación 11 meses después es casi un punto más elevada, aunque bien es cierto que también ha estado influida por la adversa coyuntura internacional, debido a las crisis alimentarias y a la carestía del petróleo.

Cuando el Gabinete aprobó el paquete de medidas liberalizadoras ya rehusó cuantificar el efecto esperado de la aplicación de estas iniciativas. Sin embargo, el presidente José María Aznar sí se atrevió a aventurar que el plan serviría para "crecer más y con menos inflación".

Un año después, la realidad ha desmentido aquellas palabras por varias razones. La confirmación de la ralentización económica en Estados Unidos y el resto de Europa también ha afectado a España, pese a seguir creciendo por encima de la media de la eurozona (el 3,4% en el primer trimestre de este año).

Respecto a la inflación, tampoco se han cumplido los pronósticos y aquel repunte coyuntural de precios que se inició en el otoño de 1999 y propició en junio de 2000 el citado plan de medidas va camino de convertirse en estructural, aunque todos los expertos vaticinan que el recorrido del actual nivel de precios (el 4,2% de tasa interanual en mayo) se agota.

A esta situación de menos crecimiento y más inflación han contribuido circunstancias ajenas a la labor del Ejecutivo, como son los efectos que sobre los precios siguen teniendo las sucesivas crisis alimentarias (vacas locas y fiebre aftosa) y la carestía del petróleo en los mercados internacionales. Pero también contribuye a la actual coyuntura el retraso con que se están llevando a cabo algunas de las medidas que contenían los decretos de junio de 2000.

En el sector de hidrocarburos, la limitación a aumentar el número de sus puntos de venta a las operadoras cuya cuota de mercado fuese superior al 15% (Repsol y Cepsa), junto con las facilidades ofrecidas a las grandes superficies para la instalación de gasolineras en sus establecimientos no se ha traducido en un ritmo de aperturas acorde con el nivel estimado como óptimo por Economía. Así, frente a las 300 gasolineras nuevas que se han abierto en los mejores años y las 450 que había previsto el departamento que dirige Rodrigo Rato, en 2000 apenas se han inaugurado 190, según datos del sector.

Repsol ha recortado en 29 el número de estaciones de servicio. Cepsa cuenta en la actualidad con 15 nuevos puntos de venta en construcción, pero ha cerrado en la misma proporción, para no vulnerar lo dictado por el real-decreto. Por su parte, José María Pérez-Prat, director de Estrategia de Estaciones de Servicio de BP, asegura que el decreto "supone una posibilidad de crecimiento para compañías con menor presencia en el mercado, aunque sus efectos no se apreciarán de forma inmediata, ya que éste es un proceso lento".

Sin embargo, mientras que no se liberalice la distribución mayorista de hidrocarburos, que en la actualidad monopoliza la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), fuentes del sector aseguran que no se incrementará ostensiblemente la competencia en un mercado demasiado marcado por los costes de la materia prima. Además de la reorganización accionarial de CLH, resta por acometer la subasta del 25% del gas que viene de Argelia, la venta de parte del capital de Enagas o la reestructuración de las nuevas tarifas y peajes de la electricidad y el gas. Todas ellas están impidiendo por el momento la entrada en dichos mercados de nuevos operadores.

Por último, en el sector de las telecomunicaciones también existe malestar por la confusión con que se pusieron en marcha algunas medidas, como la liberalización de las llamadas locales o la implantación de la tarifa plana para Internet.

 

El precio de la vivienda se ha disparado un 16%

Uno de los sectores también afectados por la aprobación de los cinco reales decretos fue el del suelo, otro de los caballos de batalla del Gobierno durante la presente legislatura. Dicha preocupación no era para menos, ya que el precio de los solares se había disparado durante los dos últimos ejercicios más del 25%, repercutiendo en el coste total de la vivienda, que finalizó 2000 con un encarecimiento superior al 14%.

Con el objetivo de introducir mayor flexibilidad en dicho mercado, aumentar el suelo urbanizable y que esto repercutiera favorablemente en los precios, el Gobierno decidió eliminar la discrecionalidad que la Ley del Suelo otorgaba a los municipios en la clasificación del suelo. El decreto estableció la posibilidad de que la iniciativa privada promoviera la transformación del suelo urbanizable.

Sin embargo, estos propósitos no han tenido el efecto esperado. Si bien Administración y constructores admiten que las medidas son de carácter estructural, por lo que sus consecuencias se vislumbrarán a largo plazo, lo cierto es que las cifras del primer trimestre de 2001 no han podido ser más desoladoras, ya que el precio de la vivienda nueva se ha disparado un 15,9% respecto al mismo periodo de 2000. Los promotores culpan a los ayuntamientos de no hacer nada para poner en el mercado más solares e incluso Francisco Álvarez-Cascos ha reconocido que no hay avances en el pacto de Estado que sobre el suelo deberían suscribir todas las Administraciones.

 

Las regiones

se resisten

a ampliar

los horarios comerciales

Las últimas declaraciones del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, sobre los horarios comerciales son el mejor exponente del alcance de las medidas decretadas en junio para liberalizar un sector cuya regulación es competencia autonómica. Rato abogó recientemente por suprimir las restricciones que establecen las comunidades a los horarios, con el fin de favorecer la competencia y reducir los precios.

Hasta la fecha, sólo dos territorios han ido más allá de los mínimos impuestos por Economía para establecimientos de más de 300 metros: de ocho que había en 2000 a 12 cuatro años después, en una apertura anual y progresiva. Así, en Cantabria se permite abrir durante 14 festivos y en la Comunidad de Madrid durante 18; el resto de Gobiernos se ha atenido estrictamente al decreto.

Tampoco ha tenido efecto práctico la decisión del Ejecutivo de permitir abrir cuando quieran a las tiendas de menos de 300 metros cuadrados de superficie.

Libros de texto

Los hipermercados y los grandes almacenes agrupan ya el 13% de la cuota de mercado en ventas de libros de texto, alrededor de dos puntos más que el año anterior, tras experimentar un fuerte incremento de su facturación, del 27% en el caso de los híper y del 10,5% en el de los grandes almacenes, informa R. Pascual. Este incremento de las ventas de híper y centros comerciales es la principal consecuencia de la liberalización de los precios de los libros de texto.

Los descuentos han sido aprovechados especialmente por la grandes superficies, que han aplicado rebajas del 25% en el último año, según han denunciado los libreros.