Los grupos de presión librarán una batalla en la cumbre de Quebec

Cuando empiece la Cumbre de las Américas este fin de semana, todos los focos apuntarán a los 34 líderes americanos reunidos en Quebec (Canadá) y a los miles de manifestantes que acudirán a la ciudad para oponerse al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Sin embargo, la verdadera batalla se librará tras las bambalinas, con cientos de grupos de presión que están haciendo un intenso lobby a favor y en contra del acuerdo.

"Los intereses empresariales ya han hecho buena parte de su trabajo antes de que empiece la cumbre", señala Gary Hufbauer, del Instituto para la Economía Internacional de Washington DC. "Grupos como los productores de cítricos y azúcar, o los fabricantes de ropa saben perfectamente quiénes están en los comités y ya han mantenido docenas de reuniones con congresistas y representantes del Gobierno" para presionar a su favor.

Larry Combest, el republicano de Tejas que preside el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, ha avisado que acudirá a Quebec para mostrar "a nuestros vecinos [de Iberoamérica] que en agricultura pensamos vigilar de cerca las decisiones de nuestro Gobierno".

Es decir, que no dejarán al Gobierno de George Bush que ceda a las presiones para reducir sus subsidios y tarifas agrícolas. Los senadores Charles Grassley (de Iowa) y Max Baucus (de Montana) también irán a la cumbre para vigilar los intereses de sus industrias locales. La lista de peticiones de quienes pueden verse afectados por el ALCA es de lo más variopinta. Los fabricantes de cítricos de Florida quieren mantener las tarifas aduaneras que les protegen frente a Brasil. Y lo mismo ocurre con las empresas del acero. "Al mismo tiempo", añade Hufbauer, "químicas y fabricantes de maquinaria de Brasil también piden pro-tección".

La federación de sindicatos estadounidense AFL-CIO (con 13 millones de afiliados) exige que el ALCA incluya normas para proteger los derechos laborales. Los ecologistas (Sierra Club, Amigos de la Tierra, etcétera) reclaman medidas que garanticen la protección del medio ambiente. Y un sinfín de ONG rechaza el ALCA porque cree que sólo beneficia a las multinacionales y reclama un "comercio justo" que beneficie a los más pobres.

En el bloque de promotores del ALCA figuran sobre todo grandes multinacionales de EE UU y Canadá que sueñan con multiplicar sus exportaciones a Iberoamérica.

Patrocinios empresariales

Algunas de estas empresas han mostrado su apoyo al ALCA sumándose a la lista de patrocinadores oficiales que financian el evento con donaciones de hasta 500.000 dólares por barba. Y en la lista figuran compañías como Cisco Systems (equipos para redes), Bombardier (aeronáutica), Sun (software), Alcan (aluminio), Verizon (telefonía) o las consultoras KPMG y Ernst & Young. A cambio de sus donativos, la organización de la cumbre ofrece a estas compañías "una tremenda oportunidad para hacer contactos" en un evento "en el que se esperan 9.000 asistentes, incluidos 34 jefes de gobierno y altos funcionarios del sector público".

 

Bush irá al encuentro sin autoridad negociadora

El presidente estadounidense, George Bush, reconoció el martes que acudirá a la Cumbre sin tener la "autoridad para la promoción del comercio". Una herramienta que impide al Congreso introducir enmiendas a los acuerdos comerciales negociados por el Gobierno y sin la cual la credibilidad negociadora de Bush queda seriamente mermada.

Bush declaró el martes en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) que está "trabajando con el Congreso en una estrategia para conseguir la autoridad para promoción del comercio. Y pensamos intensificar este esfuerzo cuando regrese de Quebec". Una frase con la cual reconoce, por primera vez, que no conseguirá la autoridad negociadora antes de la Cumbre de las Américas.

Para conseguir esta autoridad, Bush tendrá que hacer frente a la oposición de numerosos congresistas demócratas que exigen que el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) incluya garantías en materia laboral y de medio ambiente. Otros congresistas de ambos partidos se niegan a dar la autoridad negociadora a Bush porque temen que la utilice para hacer concesiones que causen daños a las industrias de sus respectivos Estados.