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ANDALUCÍA

Dos grupos proyectan en Cádiz los primeros parques eólicos marinos de España

Fronterwind, filial de la suiza Nek, ha iniciado los trámites para construir un parque eólico marino -situado varios kilómetros mar adentro- en el estrecho de Gibraltar, en el que pretende invertir más de 50.000 millones de pesetas. El inicio de la construcción está previsto para 2005. Su solicitud se ha solapado con la de Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) para el mismo lugar. Ecologistas, pescadores y alcaldes de la zona recelan de ambos proyectos.

Los vientos del estrecho de Gibraltar no atraen sólo la instalación de parques eólicos en tierra. Dos proyectos compiten por establecerse al menos 10 kilómetros mar adentro en el cabo de Trafalgar, frente a las costas de Tarifa (Cádiz).

Primero fue Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN), participada por Sodena (Sociedad de Desarrollo de Navarra) e Hidrocantábrico, la que presentó en la Dirección General de Costas un proyecto para instalar 100 aero-generadores marinos, a una distancia de entre 7 y 12 kilómetros de la costa, que generarán 200 megavatios de potencia eléctrica con una inversión prevista de 50.547 millones de pesetas (303,8 millones de euros) en cinco años.

Pero Fronterwind, filial de la suiza Nek, ha presentado otro proyecto de parque marino en nombre de una asociación entre esta firma y la alemana Umweltkontor.

Esta iniciativa consta también de 100 molinos a una distancia entre 15 y 25 kilómetros de la costa en el cabo de Trafalgar. La inversión estimada por Fronterwind se sitúa entre 51.000 y 60.000 millones de pesetas (306,5 y 360,6 millones de euros). Los molinos generarán 200 megavatios.

Fronterwind asegura que ya ha enviado un mensaje -sin respuesta hasta el momento- a EHN ofreciéndole algún tipo de colaboración en ambos proyectos.

Los suizos quieren hacer una inversión conjunta al menos en la línea de evacuación (canal a través del cual se recoge y se vierte la electricidad obtenida en la red general), según su responsable de expansión internacional, Gerard Zirbes.

Ambos proyectos han levantado las suspicacias de los agentes sociales locales afectados. El alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús (PP), indica que tanto él como su colega de Vejer de la Frontera (los dos municipios frente a los cuales se situarían los parques), en Cádiz, se oponen por el momento a los proyectos. "No sabemos las consecuencias que van a tener", afirma.

El portavoz de EHN se limita a indicar que su proyecto se encuentra en la fase inicial de elaboración de un estudio de impacto ambiental, por lo que no se plantea responder a requerimientos de los agentes sociales hasta que éstos puedan ejercer las pertinentes alegaciones en el periodo de exposición pública.

Efecto sobre la pesca

Los pescadores artesanales de los municipios afectados son detractores de los proyectos. Antonio Baro, patrón de la mayor cofradía de pescadores de Barbate, cree que los molinos acabarán con el caladero de pulpos, además de alterar el paso de atunes. Y el secretario de la Cofradía de Pescadores de Conil (Cádiz), Nicolás Fernández, piensa que los parques acabarán también con las especies que demandan los restaurantes del litoral gaditano. La indus-tria conservera de la zona -cuatro empresas dedicadas a la producción de caballa y melva en lata- no se verá afectada, ya que procesa material pescado en caladeros de fuera de la zona.

Los ecologistas están divididos. Greenpeace tiene como política internacional promo-ver la energía eólica frente a la tradicional. Algo que señalan rápidamente en EHN y que recoge incluso un informe sobre difusión de los parques eólicos marinos en Europa de la Asociación Británica de la Energía Eólica.

 

El largo camino de la declaración medioambiental

En la Dirección General de Costas -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- reconocen que no saben cuánto pueden durar los trámites para que un proyecto de construcción de un parque eólico marino se apruebe o se desestime, puesto que la institución "aún no tiene experiencia al respecto", señala un portavoz.

Pero el proceso será largo y exigente, dadas las suspicacias que levanta en las comarcas afectadas. Las dos compañías interesadas ya han solicitado formalmente la autorización ante la Dirección General de Costas.

Esta institución debe remitirlo a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio de Medio Ambiente), encargada de las actuaciones. Estas comienzan con un informe de impacto ambiental elaborado por una consultora a instancias de las compañías interesadas.

Dicho informe debe identificar los problemas que pueda causar el proyecto en su entorno y proponer mecanismos compensatorios. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental procederá, además, a elaborar las denominadas preguntas de consideración. Esto es, podrá enviar el proyecto presentado a cuantas instituciones estime autorizadas en la materia (ayuntamientos, comunidades autónomas u otras direcciones generales) para que éstas se pronuncien sobre su conveniencia.

El informe completo lle-ga de nuevo a la Dirección General de Costas. Esta autoridad será la competente para decidir si aprueba la declaración de impacto ambiental. Entonces el proyecto pasa al periodo de alegaciones públicas.

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