La Audiencia Nacional decidirá sobre el uso sindical del correo digital
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el conflicto-colectivo presentado por Comfia-CC OO contra el BBVA por supuestos impedimentos en los servidores de correo electrónico de la empresa que no posibilitan la comunicación del sindicato con los trabajadores.
Según explicó un portavoz de CC OO, el sindicato ha pedido el cumplimiento de su derecho para comunicarse libremente con los trabajadores según el artículo 18.3 de la Constitución, así como la Ley Orgánica de Libertad Sindical. CC OO afirma que presentó el conflicto-colectivo tras los filtros que el banco puso en repetidas ocasiones para impedir que sus comunicaciones llegaran con éxito a los empleados.
Según el portavoz, la entidad bancaria explicó ante la Sala que los filtros tienen una función únicamente de control para evitar correos electrónicos masivos que colapsen sus servidores y no son contra el sindicato. Sin embargo, los representantes sindicales aseguran haber intentando mandar un sólo mensaje a un trabajador y tampoco ha llegado a su destinatario, "lo que demuestra que el filtro es contra cualquier mensaje de CC OO".
El BBVA alegó en el juicio que sólo está obligado a poner a disposición de los trabajadores un tablón de anuncios y locales para el ejercicio de el derecho sindical. El letrado del banco indicó que la práctica de enviar correos electrónicos es contraria a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ya que acontece en horario de trabajo e interrumpe la actividad normal.
Por su parte, el abogado de CC OO ratificó ante el tribunal los argumentos de la demanda, por los que denunciaba que el banco quebrantaba la libertad de comunicación y el secreto de la misma al interceptar y rechazar los mensajes enviados por correo electrónico desde el sindicato a los trabajadores y afiliados en el banco. Según la defensa del sindicato, el correo electrónico se usaba habitualmente en el banco para enviar información sindical y en la relación entre trabajadores y la empresa, lo que no justificaba el veto impuesto a la información dirigida a los trabajadores.