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Premios Goya

El cine español entra en los planes de los inversores

Secuencia de 'Tarde para la ira', una de las cinco nominadas al Goya a la mejor película y coproducida por una AIE.
Secuencia de 'Tarde para la ira', una de las cinco nominadas al Goya a la mejor película y coproducida por una AIE.
Manuel G. Pascual

La mitad de los largometrajes de ficción españoles nominados a los premios Goya que se repartirán mañana tienen algo en común: llevan en los créditos, junto al nombre de las productoras, el acrónimo AIE. Si solo nos fijamos en las cintas que optan a la estatuilla a la mejor película, cuatro de las cinco nominadas, todas menos Julieta, de Pedro Almodóvar, lucen esas tres letras en el apartado reservado a la producción.

¿Qué son las AIE? La Agrupación de Interés Económico es una figura jurídica de existencia efímera que persigue atraer a inversores normalmente ajenos al mundo del cine. Su atractivo reside en que permite deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades de hasta el 20% de los costes de producción. Asimismo, si la película tiene pérdidas, estas se descuentan de la base imponible, lo que reduce todavía más la carga impositiva. Las deducciones conseguidas por esta vía no pueden exceder los tres millones de euros. En cuanto a los derechos de la cinta, pertenecerán a la AIE hasta que, pasados unos años, volverán a la productora que la ha promovido.

“Los bancos se están animando a colocar dinero en el cine mediante esta fórmula, y eso está aportando una garantía técnica y jurídica a la herramienta”, explica Javier López Blanco, cofundador de la productora Tornasol Films, que este año concurre a los Goya con Que Dios nos perdone (seis nominaciones, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor guión original). “Entramos en contacto con las AIE en 2010. Y, desde hace tres años, todas nuestras películas son AIE”, apostilla López Blanco. En algunos casos el inversor no muestra especial interés en la producción en sí, pero en otros “incluso asiste a los rodajes”, explica.

Basta con repasar las cintas nominadas en las pasadas ediciones de los Goya para comprobar que esta fórmula de atracción de capital está yendo a más. En la edición de 2016 todavía eran mayoría las películas que prescindieron de las AIE, si bien las grandes triunfadoras (Truman y A cambio de nada) sí recurrieron a este instrumento. En la de 2015 solo hubo cuatro largometrajes que se sirvieron de AIEs, entre ellas El niño y Ocho apellidos vascos.

Otras ayudas para animar la industria

Las AIE incentivan la inversión externa en cine. Se trata de un instrumento que ayuda a dinamizar el sector, como también lo está haciendo la obligación de que las empresas que tengan en su parrilla películas o series europeas (a la práctica, las cadenas de televisión) deban invertir un 5% de su facturación en producciones nacionales.

Por otra parte, la reforma fiscal de 2015 estableció que las producciones extranjeras se deduzcan el 15% de los gastos realizados en España y elevó las deducciones específicas para producciones cinematográficas y artes escénicas (teatro y danza) del 5% al 20%, entre otras medidas.

“Hasta hace poco, hacer una película era un proceso industrial. Ahora, con las AIE, también es un proceso financiero”, subraya Ramon Colom, presidente de la confederación de productores audiovisuales (Fapae). Gracias a esta estructura, el cine entra dentro de la planificación fiscal de los inversores como un instrumento más. Ya se han realizado más de 80 largometrajes a través de esta estructura, lo que demuestra que funciona. “Las desgravaciones son hoy en día el elemento de referencia para apoyar al cine en todo el mundo”, añade Colom. “En Francia, Alemania o Italia pueden llegar al 40%. Si se ruedan tantas series y películas en Luisiana (EE UU), un Estado incómodo por su humedad y calor, es gracias a los grandes incentivos que se aplican”, prosigue el presidente de Fapae.

La complejidad legal de las AIE hace que sean los despachos de abogados quienes se ocupen de montarlas. “A menudo son los mismos bufetes los que se encargan de buscar a los inversores”, ilustra Puy Oria, presidenta de la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) y productora ejecutiva de Oria Films. Y el hecho de tener que recurrir a terceros para constituir la estructura encarece la factura, lo que en opinión de Colom hace poco viables las AIE que cuenten con menos de un millón de euros de inversión.

Los propios asesores legales se las han tenido con Hacienda para sacar adelante las AIE. “Deben ser estructuras construidas de forma prudente y razonable: la Agencia Tributaria está observante. La forma que han ido adoptando la hemos desarrollado por la vía de la prueba y error, elevando consultas a Hacienda para comprobar qué aceptará o no”, ilustra Patricia Gabeiras, socia fundadora de Gabeiras & Asociados, despacho especializado en derecho financiero y de la cultura y pionero en la configuración de esta figura jurídica. Hasta el momento se han cursado al menos 40 consultas.

Precisamente el riesgo de que Hacienda no admita a posteriori una de estas inversiones como aptas para aplicarse las desgravaciones de una AIE puede echar para atrás a los mecenas más conservadores.

El sector coincide en que esta herramienta ha abierto la puerta a la llegada de capital de agentes normalmente externos al cine. Pero propone cambios. “Si se elevaran las desgravaciones hasta el 25% o 30% competiríamos mejor con otros países europeos”, apunta Colom. “Este mes de enero hemos hablado con los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria y les hemos propuesto que se mejore la seguridad jurídica de las AIE, que exista una hoja de ruta clara para los inversores”, señala Oria. Cree que los motivos expuestos por los productores han tenido buena recepción y no caerán en saco roto. “La AIE atrae capital de fuera del sector, pero no es la herramienta definitiva: serían más efectivos incentivos fiscales más directos”, zanja Gabeiras.

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Sobre la firma

Manuel G. Pascual
Es redactor de la sección de Tecnología. Sigue la actualidad de las grandes tecnológicas y las repercusiones de la era digital en la privacidad de los ciudadanos. Antes de incorporarse a EL PAÍS trabajó en Cinco Días y Retina.

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